En la masacre que tiñó de sangre a la aldea Los Pajoques
de San Juan Sacatepequez hay dos personajes que ameritan ser investigados. El
primero, el líder campesino Daniel Pascual, a quien el ministro Mauricio López
Bonilla ya ha responsabilizado directamente de estos hechos.

En este caso, el tema medular es que no basta que el
ministro lo acuse públicamente sino que el reto más fuerte es que presente ante
el MP todas las evidencias y de una vez por todas terminen con el feudo de
terror, muerte, violencia e impunidad que gira alrededor de este pseudolíder que
ha encabezado las manifestaciones más violetas del país en los últimos años
dirigiendo al Comité de Unidad Campesina (CUC).

Lo más insólito del caso es que países como Noruega
sigan, a través del programa
FIVAS,  dando financiamiento al CUC. Y que además, otras entidades
internacionales como OXFAM, sigan
financiando las giras de Pascual a España y países europeos con campañas de
desinformación contra los monocultivos, minería e hidroeléctricas. El CUC  también recibe dinero de la COOPERACIÓN
para el DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO, entre muchas otras.

El CUC,es una organización combativa y
agresiva que realiza marchas y paraliza las carreteras en contra de las
empresas mineras, cementeras, y más recientemente contra hidroeléctricas y otras compañías que pretenden invertir en
Guatemala. Además, ha protagonizado decenas de invasiones a la propiedad
privada en fincas del área rural.Debido a su
negativa a cumplir la ley que protege el derecho a la propiedad privada, esta
organización ha tenido agresivos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
los cuales han ocasionado muertos y heridos.

En este caso, la comunidad internacional
no puede seguir financiando el conflicto que únicamente genera terrorismo,
muerte y masacres que enlutan a los campesinos guatemaltecos. Ojalá y las
declaraciones del ministro López Bonilla y las pruebas que presente sirvan para
que estos países pongan fin a estos financiamientos perversos y que la justicia
se aplique por parejo, porque solo deteniendo estas agresiones el país podrá
regresar a ser un Estado de Derecho.

Por otro lado, se debe investigar la
participación del polémico diputado Amilcar Pop, quien constantemente apoya a
estos grupos y de quien existen videos incitando a atacar las hidroeléctricas y
destruirlas. Mensajes de odio y agresión salen día a día de la boca de este nefasto diputado.

Llama la atención que fue el 13 de junio de 2014,
cuando el diputado Amílcar Pop inició las presiones que meses
después desencadenarían en una masacre. Pop solicitó al ministro de
Comunicaciones una lista de personas que habían vendido terrenos para derechos
de vías en el Anillo Regional, un megaproyecto urgente en un país
subdesarrollado y pobre como Guatemala, que cubre 8 departamentos, 52
municipios y 419.5 kilómetros de carretera.

Tres días después, el 16 de junio de 2014, el CUC
organizó una manifestación en contra de la brigada militar del anillo regional,
de la construcción de una planta de cemento y de la supuesta criminalización de
líderes sociales, lo cual obligó al gobierno a crear una mesa de información
para discutir esos temas. No obstante, luego del análisis el gobierno abalado
por el procurador de los Derechos Humanos, negaron dar la información y decidieron
mantener la reserva de los vendedores de terrenos por temor a que se les
matara.

Para el 10 de agosto, la agresión de estos grupos era evidente. Encapuchados incendiarion carros y
maquinaria, secuestraron y torturaron a tres trabajadores de la empresa que
está construyendo esa carretera. Simultáneamente, Pop recibió en el Congreso de la República a una delegación de los
manifestantes que provenían de San Juan Sacatepéquez y un día después se
desencadenó la ola de la violencia en San Juan.

Sin embargo, el 19 de
septiembre fue el día más negro en la historia de San Juan, cuando un grupo de
encapuchados, con lista en mano, sacó a familias de sus casas y los obligó a
firmar documentos relacionados con la propiedad de los terrenos del Anillo
Regional. Para el 20 de septiembre la situación era incontrolable y Marcelo Pajoc
Matz había sido masacrado y torturado
de la manera más brutal, en su casa, junto a otros cinco miembros de su familia.
Mujeres y niños fueron agredidos y consiguieron huir a las montañas.

Marcelo Pajoc
Matz, trabajador de la cementera, lideraba una asociación de víctimas de la
violencia, y había sido amenazado. Su familia había sido señalada de “traidora”
por vender un terreno para el paso del Anillo Regional.

Como vemos, el delito
de estos hombres fue optar por un trabajo honrado para romper el ciclo de la
miseria, anhelar prosperidad para su familia y creer que la carretera que sería
la próxima vía de desarrollo de sus comunidades. Esto es inaceptable!

Acá, ni la cementera ni
el gobierno, ni las empresas que generan desarrollo están implicadas en esta
masacre, esto no es más que una vil mentira creada por los terroristas. Los
únicos culpables son aquellos seres violentos, llenos de odio, resentimiento y
rencor que usan las armas y las capuchas para encubrir sus repudiables actos de
cobardía y que se dispersan como termitas en todo el país.

Algunos autores
materiales ya están siendo capturados, pero aún falta dar con las cabecillas
que son quienes al final tienen a este país de rodillas y nadando en ríos de
sangre.

Facebook Sylvia Gereda Valenzuela

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