Pascual y Pop, al igual
que otros, se han asegurado literalmente de criminalizar la protesta social. Han
aceptado que la protesta -en sus diversas manifestaciones- incluya actos que
permiten atribuirle carácter criminal. Por
ejemplo, bloqueos de carreteras como los del 17 y 18 en donde además de
violaciones a derechos humanos, también resultan heridos policías en
Chiquimula, y amenazan a niños en un bus que trataron de volcar en Totonicapán.
Mientras que diputados como Pop, cual extorsión, negociaban en el Congreso el
rescate.

Terrorismo y sedición, podrían
haber cometido quienes en una protesta social amenazan y queman maquinaria de un
proveedor del Estado. Esto ha sucedido en Santo Domingo Xenacoj, en San Juan
Sacatepéquez, en Huehuetenango y en Alta Verapaz, en donde en diferentes actos de supuesta protesta
social, queman, roban y destruyen maquinaria de las empresas contratadas por el
MICIVI para la construcción de carreteras en el Polochic, la Franja Transversal
del Norte o el Anillo Regional. Lo mismo
aplica a quienes incendiaron una estación de policía y robaron material del
ejército en Huehuetenango, o quemaron un camión del ejército en Totonicapán. Y
a quienes roban energía en San Marcos.

En estas mismas
protestas, secuestran trabajadores, incendian maquinaria, instalaciones y hasta
hoteles; roban y destruyen material, por lo que delitos de secuestro, robo
agravado, y destrucción de propiedad deben ser investigados y procesados. También
las lesiones graves y muertes en casos como Totonicapán con más de 40 personas heridas
y 8 sin vida; o en San Juan Sacatepéquez en donde más de 100 personas han
tenido que huir para resguardar su vida.

En todas estas
protestas sociales asociadas a hechos criminales, según registran los medios, aparece
de una u otra manera Pascual y/o Pop. Incluyendo las ordenes de captura contra
miembros del CUC revocadas posteriormente a solicitud de Paz y Paz, y una querella presentada en el MP por la ex fiscal de
Huehuetenango Gilda Aguilar contra Daniel Pascual.

Asesinato, conspiración
y asociación para delinquir, de todos los delitos que posiblemente puedan
haberse cometido en estas protestas sociales, son los más graves. Y así debe ser
investigado y perseguido el cobarde y salvaje asesinato de más de 11 personas
en San Juan Sacatepéquez, y los cometidos anteriormente.

Esta vez, Pascual y Pop
son señalados en distintas declaraciones del mismo Ministro de Gobernación,
insinuando la posible incitación a la violencia y la particular sospecha
relacionada a la exigencia de ambos para obtener la lista de aquellos que -en
su derecho privado- vendieron sus terrenos.

Pareciera ser que la
acción o inacción del PP es clave para criminalizar la protesta: son ellos,
gente como Pascual y Pop quienes facilitan que se atribuya hechos criminales a
la protesta social. Cualidad que por supuesto, no refleja la esencia y naturaleza
de la protesta social legítima. La
inacción del PP -ahora sí el partido oficial- que desde el Organismo Ejecutivo,
ha permanecido en campaña, y ha elegido no hacer valer el imperio de la Ley, congraciándose
con estos grupos violentos y la comunidad internacional, promoviendo
irresponsablemente mesas de diálogo ilegítimo que pudieron retrasar o
entorpecer la labor investigativa del MP. Y lejos de prevenir, fomentar la ingobernabilidad.

El PDH afirmó
contundentemente, que nadie es superior a la Ley, esperaría que esta vez, exija
a todas las instancias del Estado las acciones para garantizar la protección al derecho a la
vida y la propiedad de todas las personas. Incluyendo a la PGN que debe denunciar
los delitos cometidos contra el Estado. Al MP y al OJ para que todo el peso de
la Ley caiga sobre quienes resulten responsables.