El siglo XXI ha
sido un período fecundo para la izquierda en América Latina. 10 países de la
región son gobernados por fuerzas progresistas. Figuras como Lula en Brasil, Bachelet
en Chile o Mujica en Uruguay, se han convertido en estandartes de la social-democracia,
mientras Chávez, Correa y Evo han sido referentes del populismo social y del
anti-norteamericanismo.
El espíritu del
tiempo parece favorecer las ideas de izquierda. Eso dicen los números. Cada dos
años, Latinobarómetro elabora un
estudio sobre las tendencias ideológicas en el continente, y la conclusión es que
el progresismo se ha consolidado. De acuerdo a su escala de medición -en la que
0 es izquierda y 10 derecha- la media ideológica latinoamericana ha virado de
5.2 (centro-derecha) en el 2004 a 4.1 (centro izquierda) en el 2012. Guatemala
no es ajena a este fenómeno. En el 2008, la media estaba en 5.8, pero para el
2012 la media viró hacia un 4.8.
Pero aún en este
contexto favorable para su causa, la izquierda nacional ha sido incapaz de
convertirse en una fuerza política de relevancia. Un magro 3% de votos en los
comicios 2011 constituye el mayor testimonio de dicho fracaso. Recientemente, Edelberto
Torres presentó su visión sobre el fracaso electoral de la izquierda, y entre
las causales enlistó el carácter conservador de la población, la represión del
Estado y la falta de unidad de liderazgos sociales.
Sin embargo,
Torres olvida mencionar una característica de la izquierda local que le vuelve menos
atractiva en comparación con sus pares regionales: Su carácter patrimonial, es
decir, su deseo innato de mantener un Estado que actúe como árbitro gestor de
oportunidades de riqueza, sustituyendo únicamente a los beneficiarios de esa
repartición de lo público.
Los escasos
ejemplos de gobiernos definidos como de izquierda evidencian ese carácter. El
régimen de Jacobo Árbenz, estandarte histórico de la izquierda local, adoleció
de dicha falencia. Piero Gleijesses, en Esperanza
Rota, relata cómo los Comités Agrarios Locales -órganos ejecutores de la
Reforma Agraria- degeneraron en roscas clientelares que obtuvieron beneficios
particulares en el proceso de repartición de tierras.
El gobierno de
la Unidad Nacional de la Esperanza, auto denominado como social-demócrata,
también cayó presa del patrimonialismo. Sus vínculos con farmacéuticas,
proveedoras de fertilizantes, y contratistas de obra gris fueron una constante.
La única diferencia fue abrir la puerta para que nuevas expresiones de capital
emergente accedieran con mayor voracidad al patrimonio público.
Expresiones del
liderazgo social, que en cualquier sistema aspirarían a entrar al ruedo
político, prefieren participar de esa competencia por el patrimonio del Estado,
a promover reformas estructurales. El liderazgo sindical, materializado principalmente
en el magisterio, ha encontrado en los pactos colectivos el acceso a beneficios
financieros para su dirigencia y la rosca de asesores. Los sindicatos de salubristas
tampoco se quedan atrás, con el agravante que muchos de sus dirigentes utilizan
el Programa de Extensión de Cobertura como trampolín para acceder a bolsones de
recursos. En el mundo de lo agrario, la intermediación de grupos campesinos en
la entrega de fertilizantes o en la compra-venta de fincas, ha generado
beneficios clientelares y de negocios para líderes sociales.
El personalismo también
está a la orden del día. Al igual que en el resto de organizaciones
partidarias, el núcleo de cada vehículo de la izquierda orbita entorno a un
personaje o a una rosca de líderes. Esta dinámica les ha condenado a mantener
su condición de partido de armadura, es decir, cohesionados por intereses
coyunturales, débiles en sus bases y sin recambio generacional de liderazgos.
El fracaso de la
izquierda guatemalteca es su carácter pétreo. No pretende una modificación de
estructuras–como en teoría ocurre con las izquierdas-, sino que únicamente
aspira a cambiar a los actores que hoy se benefician del sistema patrimonial. Su
modelo de Estado sigue siendo el mismo: un botín, pero en manos de otros.
El siglo XXI ha
sido un período fecundo para la izquierda en América Latina. 10 países de la
región son gobernados por fuerzas progresistas. Figuras como Lula en Brasil, Bachelet
en Chile o Mujica en Uruguay, se han convertido en estandartes de la social-democracia,
mientras Chávez, Correa y Evo han sido referentes del populismo social y del
anti-norteamericanismo.
El espíritu del
tiempo parece favorecer las ideas de izquierda. Eso dicen los números. Cada dos
años, Latinobarómetro elabora un
estudio sobre las tendencias ideológicas en el continente, y la conclusión es que
el progresismo se ha consolidado. De acuerdo a su escala de medición -en la que
0 es izquierda y 10 derecha- la media ideológica latinoamericana ha virado de
5.2 (centro-derecha) en el 2004 a 4.1 (centro izquierda) en el 2012. Guatemala
no es ajena a este fenómeno. En el 2008, la media estaba en 5.8, pero para el
2012 la media viró hacia un 4.8.
Pero aún en este
contexto favorable para su causa, la izquierda nacional ha sido incapaz de
convertirse en una fuerza política de relevancia. Un magro 3% de votos en los
comicios 2011 constituye el mayor testimonio de dicho fracaso. Recientemente, Edelberto
Torres presentó su visión sobre el fracaso electoral de la izquierda, y entre
las causales enlistó el carácter conservador de la población, la represión del
Estado y la falta de unidad de liderazgos sociales.
Sin embargo,
Torres olvida mencionar una característica de la izquierda local que le vuelve menos
atractiva en comparación con sus pares regionales: Su carácter patrimonial, es
decir, su deseo innato de mantener un Estado que actúe como árbitro gestor de
oportunidades de riqueza, sustituyendo únicamente a los beneficiarios de esa
repartición de lo público.
Los escasos
ejemplos de gobiernos definidos como de izquierda evidencian ese carácter. El
régimen de Jacobo Árbenz, estandarte histórico de la izquierda local, adoleció
de dicha falencia. Piero Gleijesses, en Esperanza
Rota, relata cómo los Comités Agrarios Locales -órganos ejecutores de la
Reforma Agraria- degeneraron en roscas clientelares que obtuvieron beneficios
particulares en el proceso de repartición de tierras.
El gobierno de
la Unidad Nacional de la Esperanza, auto denominado como social-demócrata,
también cayó presa del patrimonialismo. Sus vínculos con farmacéuticas,
proveedoras de fertilizantes, y contratistas de obra gris fueron una constante.
La única diferencia fue abrir la puerta para que nuevas expresiones de capital
emergente accedieran con mayor voracidad al patrimonio público.
Expresiones del
liderazgo social, que en cualquier sistema aspirarían a entrar al ruedo
político, prefieren participar de esa competencia por el patrimonio del Estado,
a promover reformas estructurales. El liderazgo sindical, materializado principalmente
en el magisterio, ha encontrado en los pactos colectivos el acceso a beneficios
financieros para su dirigencia y la rosca de asesores. Los sindicatos de salubristas
tampoco se quedan atrás, con el agravante que muchos de sus dirigentes utilizan
el Programa de Extensión de Cobertura como trampolín para acceder a bolsones de
recursos. En el mundo de lo agrario, la intermediación de grupos campesinos en
la entrega de fertilizantes o en la compra-venta de fincas, ha generado
beneficios clientelares y de negocios para líderes sociales.
El personalismo también
está a la orden del día. Al igual que en el resto de organizaciones
partidarias, el núcleo de cada vehículo de la izquierda orbita entorno a un
personaje o a una rosca de líderes. Esta dinámica les ha condenado a mantener
su condición de partido de armadura, es decir, cohesionados por intereses
coyunturales, débiles en sus bases y sin recambio generacional de liderazgos.
El fracaso de la
izquierda guatemalteca es su carácter pétreo. No pretende una modificación de
estructuras–como en teoría ocurre con las izquierdas-, sino que únicamente
aspira a cambiar a los actores que hoy se benefician del sistema patrimonial. Su
modelo de Estado sigue siendo el mismo: un botín, pero en manos de otros.