En realidad lo que el Presidente Pérez Molina y demás políticos (por acción, inacción u omisión) parecieran estar diciendo en Guatemala es: <<¡arriba las manos!, !esto es un asalto con violación incluida!: pónganse de acuerdo entre ustedes, hagan fila y decidan a quien le toca primero>>.
Pareciera ser que la amenaza es o asalto a los inversionistas extranjeros y “grandes” transnacionales que llegaron hace pocos años como las minas o a “otros grandes”, unos nuevos y otros no, como la telefonía; o asalto a los otros muchachones, de los licores y los cigarros, que por cierto en su mayoría son “locales” y llegaron antes que ustedes. O bien si se extorsiona a empresas de minería metálica con explotaciones programadas por 20 ó 30 años o será más rentable a las no metálicas por los siguientes 100 años.
Similar y engañoso chantaje grita al ciudadano con aquello de si no hay impuestos no hay servicios ¿cuáles?: ni salud, ni educación, ni seguridad. Agregando en su discurso demagógico en tono coercitivo que si no es, a los grandes empresarios a los que les cobran más impuestos, entonces tendrá que ser el ciudadano quien pague; como si el costo real de la pobreza, la falta de inversión de largo plazo y suficientes empleos formales, no lo pagamos ya todos los guatemaltecos.
El presupuesto -ilegal e inconstitucional en mucho de su contenido- se aprobó con una proyección de ingresos tributarios por Q. 54,701 millones. En donde el ISR y el impuesto al patrimonio constituyen principalmente los impuestos directos. Y el rubro de los impuestos indirectos, además del IVA y el DAI, también incluye: impuestos sobre productos industriales y primarios (bebidas, cigarros, regalías, derivados de petróleo, hidrocarburos, distribución del cemento), sobre servicios (transporte, actos jurídicos y transacciones, telefonía), sobre circulación de vehículos y por salida del país.
La proyección de ingresos por concepto de impuestos sobre productos industriales equivale a Q.4,778 millones de los que Q.1,014 millones aproximadamente provienen de los impuestos a las bebidas el cigarro y el tabaco, casi Q.3 mil millones por derivados de petróleo e hidrocarburos, Q.531.4 millones por regalías, Q.311.4 millones distribución de cemento. Por otro lado, por impuestos internos sobre servicios se estima Q. 1,711 millones de los que la telefonía es la principal fuente con Q.1,344 millones -cifra similar a la suma de las bebidas y los cigarros-, los actos jurídicos y transacciones Q.363 millones y las comunicaciones y transporte Q.3.6 millones.
Siempre aclaro que no soy abogada, soy mercadóloga. Pero no se necesita de un doctorado en derecho constitucional, para conocer y entender los principios generales del Estado de Derecho establecidos en nuestra Constitución. Y a pesar de que el dictamen con el que se aprobara el infame decreto 22-2014 en la página 11 habla, en referencia a la “ley de ajuste fiscal”, sobre el cumplimiento de principios constitucionales de equidad y justicia, de igualdad y generalidad; en mi opinión, ni los impuestos nuevos como el de la telefonía, ni los incrementados como el del cemento, ni los amenazados como el de las bebidas y cigarros, o los que no se mencionan como los derivados del petróleo, de los actos jurídicos y transporte, de “solidaridad”… son constitucionales y menos cumplen con los principios de equidad y justicia, de igualdad y generalidad.
Además constituyen doble tributación y evidencian una historia de ultraje y extorsión a la sociedad guatemalteca; pero también de cobardía y complicidad. No importa quién va primero o quien va después en la fila, cuando el Estado de Derecho se violenta, tarde o temprano, todos pagamos, todos tenemos un turno.
En realidad lo que el Presidente Pérez Molina y demás políticos (por acción, inacción u omisión) parecieran estar diciendo en Guatemala es: <<¡arriba las manos!, !esto es un asalto con violación incluida!: pónganse de acuerdo entre ustedes, hagan fila y decidan a quien le toca primero>>.
Pareciera ser que la amenaza es o asalto a los inversionistas extranjeros y “grandes” transnacionales que llegaron hace pocos años como las minas o a “otros grandes”, unos nuevos y otros no, como la telefonía; o asalto a los otros muchachones, de los licores y los cigarros, que por cierto en su mayoría son “locales” y llegaron antes que ustedes. O bien si se extorsiona a empresas de minería metálica con explotaciones programadas por 20 ó 30 años o será más rentable a las no metálicas por los siguientes 100 años.
Similar y engañoso chantaje grita al ciudadano con aquello de si no hay impuestos no hay servicios ¿cuáles?: ni salud, ni educación, ni seguridad. Agregando en su discurso demagógico en tono coercitivo que si no es, a los grandes empresarios a los que les cobran más impuestos, entonces tendrá que ser el ciudadano quien pague; como si el costo real de la pobreza, la falta de inversión de largo plazo y suficientes empleos formales, no lo pagamos ya todos los guatemaltecos.
El presupuesto -ilegal e inconstitucional en mucho de su contenido- se aprobó con una proyección de ingresos tributarios por Q. 54,701 millones. En donde el ISR y el impuesto al patrimonio constituyen principalmente los impuestos directos. Y el rubro de los impuestos indirectos, además del IVA y el DAI, también incluye: impuestos sobre productos industriales y primarios (bebidas, cigarros, regalías, derivados de petróleo, hidrocarburos, distribución del cemento), sobre servicios (transporte, actos jurídicos y transacciones, telefonía), sobre circulación de vehículos y por salida del país.
La proyección de ingresos por concepto de impuestos sobre productos industriales equivale a Q.4,778 millones de los que Q.1,014 millones aproximadamente provienen de los impuestos a las bebidas el cigarro y el tabaco, casi Q.3 mil millones por derivados de petróleo e hidrocarburos, Q.531.4 millones por regalías, Q.311.4 millones distribución de cemento. Por otro lado, por impuestos internos sobre servicios se estima Q. 1,711 millones de los que la telefonía es la principal fuente con Q.1,344 millones -cifra similar a la suma de las bebidas y los cigarros-, los actos jurídicos y transacciones Q.363 millones y las comunicaciones y transporte Q.3.6 millones.
Siempre aclaro que no soy abogada, soy mercadóloga. Pero no se necesita de un doctorado en derecho constitucional, para conocer y entender los principios generales del Estado de Derecho establecidos en nuestra Constitución. Y a pesar de que el dictamen con el que se aprobara el infame decreto 22-2014 en la página 11 habla, en referencia a la “ley de ajuste fiscal”, sobre el cumplimiento de principios constitucionales de equidad y justicia, de igualdad y generalidad; en mi opinión, ni los impuestos nuevos como el de la telefonía, ni los incrementados como el del cemento, ni los amenazados como el de las bebidas y cigarros, o los que no se mencionan como los derivados del petróleo, de los actos jurídicos y transporte, de “solidaridad”… son constitucionales y menos cumplen con los principios de equidad y justicia, de igualdad y generalidad.
Además constituyen doble tributación y evidencian una historia de ultraje y extorsión a la sociedad guatemalteca; pero también de cobardía y complicidad. No importa quién va primero o quien va después en la fila, cuando el Estado de Derecho se violenta, tarde o temprano, todos pagamos, todos tenemos un turno.