El Ministerio de Gobernación a través del Vice ministerio de Prevención de la Violencia y el Delito ha promulgado la ¨Politica Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica¨. Gran esfuerzo ya que la política nacional, pretende ser un proyecto que va del 2014 al 2034 y abarca todo lo que científicamente puede contener una política de tal naturaleza. Felicitaciones para el Vice ministro Arkel Benítez Mendizábal.
Ahora bien, este esfuerzo es de largo aliento; habremos de llegar a tener una cultura de paz si todo lo plasmado en las políticas se realiza a lo largo de veinte años. Mientras tanto debemos darnos cuenta que en la Policía Nacional Civil (PNC) priva una cultura de corrupción que hace insoportable vivir en algunas ciudades del país, particularmente en la capital cuando el ciudadano no sabe a quién temer más, si a un marero o a un policía. Sinceramente la población no confía en su policía. Y es que los ciudadanos pagamos impuestos para que el Estado nos dé seguridad y justicia primordialmente y todos vemos que no es así, que se hacen esfuerzos pero seguridad no se brinda, y eso es lo que reclamamos y lo que sí es generalizado es la idea que la Policía Nacional Civil no responde a las necesidades de la ciudadanía, que es sumamente ineficiente y corrupta.
Ante este panorama todo el que puede recurre a la seguridad privada que en la mayoría de los casos de seguridad no brinda casi nada. Pero aunque las policías privadas no sean tan buenas como se espera es lo único que le queda a quien puede pagarlo para sentirse protegido. Insisto en ¨quien pueda pagarlo¨ porque barato no es el servicio y el ciudadano tributario se siente ¨estafado¨ por el Estado que le cobra impuesto y el además ha de contratar un servicio, para suplir la deficiencia que es la primera y más importante obligación del Estado guatemalteco.
Este fenómeno, la proliferación de empresas de seguridad privada han obligado al Estado guatemalteco a crear la ¨Ley que regula los servicios de Seguridad Privada¨ y para su implementación ¨La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada¨ que desde su creación en el año 2012 prácticamente fue un adorno, ya que fue hasta el año pasado que con la llegada de la Licenciada Patricia Monje, al frente de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, se vio que esa entidad estaba para implementar la ley y el reglamento de la misma.
Es tal la necesidad de los mencionados servicios privados que hoy por hoy el número de policías no estatales excede con creces al número de miembros de la PNC. Y sin embargo la inseguridad y la delincuencia persiste y tiene atemorizada a toda la población. Y esto ¿por qué? Púes porque la PNC no está debidamente entrenada ni depurada, es más parece que no tiene arreglo y las policías privadas pues van por el mismo camino, esta semana recién pasada fue capturado el dueño de una de esas empresas y fue capturado por complicidad en un asesinato. Y todo porque de las ciento cuarenta empresas de seguridad privada, escasamente veinticinco se han adecuado a la nueva ley y han capacitado a su personal. Ese es pues un campo adecuado para que intervenga la CICIG ya que allí si pueden encontrar entidades paralelas de seguridad y que está actuando al margen de la ley. Pero allí la CICIG brilla por su ausencia. Ante este panorama resulta ridículo que el gobierno pretenda un nuevo impuesto para seguridad.
El Ministerio de Gobernación a través del Vice ministerio de Prevención de la Violencia y el Delito ha promulgado la ¨Politica Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica¨. Gran esfuerzo ya que la política nacional, pretende ser un proyecto que va del 2014 al 2034 y abarca todo lo que científicamente puede contener una política de tal naturaleza. Felicitaciones para el Vice ministro Arkel Benítez Mendizábal.
Ahora bien, este esfuerzo es de largo aliento; habremos de llegar a tener una cultura de paz si todo lo plasmado en las políticas se realiza a lo largo de veinte años. Mientras tanto debemos darnos cuenta que en la Policía Nacional Civil (PNC) priva una cultura de corrupción que hace insoportable vivir en algunas ciudades del país, particularmente en la capital cuando el ciudadano no sabe a quién temer más, si a un marero o a un policía. Sinceramente la población no confía en su policía. Y es que los ciudadanos pagamos impuestos para que el Estado nos dé seguridad y justicia primordialmente y todos vemos que no es así, que se hacen esfuerzos pero seguridad no se brinda, y eso es lo que reclamamos y lo que sí es generalizado es la idea que la Policía Nacional Civil no responde a las necesidades de la ciudadanía, que es sumamente ineficiente y corrupta.
Ante este panorama todo el que puede recurre a la seguridad privada que en la mayoría de los casos de seguridad no brinda casi nada. Pero aunque las policías privadas no sean tan buenas como se espera es lo único que le queda a quien puede pagarlo para sentirse protegido. Insisto en ¨quien pueda pagarlo¨ porque barato no es el servicio y el ciudadano tributario se siente ¨estafado¨ por el Estado que le cobra impuesto y el además ha de contratar un servicio, para suplir la deficiencia que es la primera y más importante obligación del Estado guatemalteco.
Este fenómeno, la proliferación de empresas de seguridad privada han obligado al Estado guatemalteco a crear la ¨Ley que regula los servicios de Seguridad Privada¨ y para su implementación ¨La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada¨ que desde su creación en el año 2012 prácticamente fue un adorno, ya que fue hasta el año pasado que con la llegada de la Licenciada Patricia Monje, al frente de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, se vio que esa entidad estaba para implementar la ley y el reglamento de la misma.
Es tal la necesidad de los mencionados servicios privados que hoy por hoy el número de policías no estatales excede con creces al número de miembros de la PNC. Y sin embargo la inseguridad y la delincuencia persiste y tiene atemorizada a toda la población. Y esto ¿por qué? Púes porque la PNC no está debidamente entrenada ni depurada, es más parece que no tiene arreglo y las policías privadas pues van por el mismo camino, esta semana recién pasada fue capturado el dueño de una de esas empresas y fue capturado por complicidad en un asesinato. Y todo porque de las ciento cuarenta empresas de seguridad privada, escasamente veinticinco se han adecuado a la nueva ley y han capacitado a su personal. Ese es pues un campo adecuado para que intervenga la CICIG ya que allí si pueden encontrar entidades paralelas de seguridad y que está actuando al margen de la ley. Pero allí la CICIG brilla por su ausencia. Ante este panorama resulta ridículo que el gobierno pretenda un nuevo impuesto para seguridad.