Más de tres meses han transcurrido desde la complicada y controversial elección de nuestras autoridades judiciales. Fue precisamente en esos días que escribía acerca de la importancia del movimiento de organizaciones sociales que se estaba generando, principalmente por el hecho que esto podría generar un espacio de debate sobre las urgentes reformas a nuestro sistema de justicia. Independientemente de lo que resolviera la Corte de Constitucionalidad en su momento, lo importante sería poder configurar un movimiento lo suficientemente grande con alcance para empezar un dialogo serio que asentara la bases para un cambio a nuestra marco legal, específicamente en lo relativo a nuestra instituciones encargadas de la administración de la justicia. Sin embargo desde el arranque de este año la fuerza de este movimiento claramente se ha disipado, dejado este tema elemental de nuevo en el tintero.
El país se ve envuelto por estos días en las discusiones propias de la campaña electoral venidera. El debate por quiénes serán los que disputen la presidencia, la conformación del Congreso de la República, la llegada de Alfonso Portillo, los movimientos políticos de los partidos y la vieja pelea de siempre adquiere relevancia en los medios de comunicación y en la opinión pública. No cabe duda que todas estas cuestiones son relevantes, pero que dejan en segundo plano el tema que desde hace varios años viene siendo el chinchón de los gobiernos de turno y en general de la agenda nacional. Un tema que en la actualidad se convierte en el asunto de política pública más urgente en el marco de la lucha contra la corrupción, impunidad e inseguridad: la reforma integral a la justicia.
Poco después de que la Corte de Constitucionalidad resolviera en definitiva las acciones que se presentaron en contra del proceso de selección de magistrados, a eso de diciembre, se hizo un llamado a todos los sectores que estuvieron cerca de los procesos de Comisiones de Postulación en el 2014 a participar en mesas de diálogo para darle seguimiento al tema que habría cobrado relevancia. Lamentablemente el cambio de año desacelero la discusión, arrastrándola a un segundo plano. Digo esto pues la inercia con la que se cerró el año parecía muy prometedora. Incluso las instancias, organizaciones y actores que estuvieron en desacuerdo con las impugnaciones al proceso de selección de magistrados, coincidían que el problema fundamental radicaba en el sistema que obligadamente debía revisitarse.
La sociedad guatemalteca cada día que pasa demanda un sistema de justicia solido e independiente que responda a sus necesidades. Los importantes rezagos a nivel institucional que arrastra el país nos están cobrando facturas serias que tienen como consecuencia el debilitamiento del estado de derecho. El cambio debe de venir de afuera siendo nosotros los actores principales en este cambio. Creo que el diagnóstico que se ha venido presentando es certero en su gran mayoría de los problemas más importantes que enfrenta la justicia en Guatemala, aunque lograr canalizarlos supone un desafío aun más difícil. De aquí la gran relevancia de darle seguimiento y más importante de forjar consensos reales alrededor de dicha reforma. El objetivo al final del día debe de ser el mismo; lograr encontrar consensos generales para combatir los rezagos que enfrenta nuestra justicia y con eso proponer un marco legal innovador para solucionarlo.
Creo que como un estado que se fundamenta en principios republicanos no podemos dejar a la deriva un tema tan medular como este. Por primera vez en mucho tiempo hemos podido percatarnos que es tiempo de reevaluar nuestro sistema. Un año que estuvo marcado por la elección de importantes autoridades estatales y órganos de control político/institucional, demostró a la ciudadanía que hay temas que deben ser tratados para fortalecer el cuadro institucional de Guatemala. Si bien es cierto, el año electoral enfoca las miradas de los guatemaltecos en la contienda política, no podemos perder de vista los hechos que marcaron el 2014.
Twitter: @santipalomo6
Más de tres meses han transcurrido desde la complicada y controversial elección de nuestras autoridades judiciales. Fue precisamente en esos días que escribía acerca de la importancia del movimiento de organizaciones sociales que se estaba generando, principalmente por el hecho que esto podría generar un espacio de debate sobre las urgentes reformas a nuestro sistema de justicia. Independientemente de lo que resolviera la Corte de Constitucionalidad en su momento, lo importante sería poder configurar un movimiento lo suficientemente grande con alcance para empezar un dialogo serio que asentara la bases para un cambio a nuestra marco legal, específicamente en lo relativo a nuestra instituciones encargadas de la administración de la justicia. Sin embargo desde el arranque de este año la fuerza de este movimiento claramente se ha disipado, dejado este tema elemental de nuevo en el tintero.
El país se ve envuelto por estos días en las discusiones propias de la campaña electoral venidera. El debate por quiénes serán los que disputen la presidencia, la conformación del Congreso de la República, la llegada de Alfonso Portillo, los movimientos políticos de los partidos y la vieja pelea de siempre adquiere relevancia en los medios de comunicación y en la opinión pública. No cabe duda que todas estas cuestiones son relevantes, pero que dejan en segundo plano el tema que desde hace varios años viene siendo el chinchón de los gobiernos de turno y en general de la agenda nacional. Un tema que en la actualidad se convierte en el asunto de política pública más urgente en el marco de la lucha contra la corrupción, impunidad e inseguridad: la reforma integral a la justicia.
Poco después de que la Corte de Constitucionalidad resolviera en definitiva las acciones que se presentaron en contra del proceso de selección de magistrados, a eso de diciembre, se hizo un llamado a todos los sectores que estuvieron cerca de los procesos de Comisiones de Postulación en el 2014 a participar en mesas de diálogo para darle seguimiento al tema que habría cobrado relevancia. Lamentablemente el cambio de año desacelero la discusión, arrastrándola a un segundo plano. Digo esto pues la inercia con la que se cerró el año parecía muy prometedora. Incluso las instancias, organizaciones y actores que estuvieron en desacuerdo con las impugnaciones al proceso de selección de magistrados, coincidían que el problema fundamental radicaba en el sistema que obligadamente debía revisitarse.
La sociedad guatemalteca cada día que pasa demanda un sistema de justicia solido e independiente que responda a sus necesidades. Los importantes rezagos a nivel institucional que arrastra el país nos están cobrando facturas serias que tienen como consecuencia el debilitamiento del estado de derecho. El cambio debe de venir de afuera siendo nosotros los actores principales en este cambio. Creo que el diagnóstico que se ha venido presentando es certero en su gran mayoría de los problemas más importantes que enfrenta la justicia en Guatemala, aunque lograr canalizarlos supone un desafío aun más difícil. De aquí la gran relevancia de darle seguimiento y más importante de forjar consensos reales alrededor de dicha reforma. El objetivo al final del día debe de ser el mismo; lograr encontrar consensos generales para combatir los rezagos que enfrenta nuestra justicia y con eso proponer un marco legal innovador para solucionarlo.
Creo que como un estado que se fundamenta en principios republicanos no podemos dejar a la deriva un tema tan medular como este. Por primera vez en mucho tiempo hemos podido percatarnos que es tiempo de reevaluar nuestro sistema. Un año que estuvo marcado por la elección de importantes autoridades estatales y órganos de control político/institucional, demostró a la ciudadanía que hay temas que deben ser tratados para fortalecer el cuadro institucional de Guatemala. Si bien es cierto, el año electoral enfoca las miradas de los guatemaltecos en la contienda política, no podemos perder de vista los hechos que marcaron el 2014.
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