Según lo establece su misión, el Sistema Penitenciario de Guatemala es la institución encargada
de la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad, la cual cuenta con personal
profesional y especializado para el tratamiento de las mismas. Se de debe de respetar los
derechos humanos y garantías para su readaptación, reeducación y reinserción a la sociedad en
el cumplimiento de las normas correspondientes. No obstante estos mandatos no se cumplen a
cabalidad, ya que la institucionalidad es débil, es un centro donde ocurren operaciones ilícitas y
representa una amenaza para la seguridad de los guatemaltecos.

Esto se debe principalmente a que no existe una carrera dentro de la organización, la
infraestructura es incipiente y ha colapsado, hay ausencia de control, se tiene a reos sin condena,
bajo presupuesto para operar, personal sin capacitación, corrupción y no hay una propuesta seria
de reformas en el sector penal. Toda esta serie de acciones ha causado que uno de los delitos
más lamentables para la sociedad, las extorsiones, tengan año con año un incremento. Ello se
refleja en que el 80% de las mismas ocurren desde las cárceles según el fiscal del Ministerio
Público Raúl Figueroa.

Ante estas condiciones es necesario que se tomen ciertas acciones como políticas públicas de
largo plazo sobre las cuales propongo algunas ideas que comparto de varias experiencias y
expertos la temática. En primer lugar dignificar el trabajo de los guardias penitenciarios quienes
no están motivados, tienen problemas psicológicos serios, un salario de aproximadamente tres mil
quetzales, que no va en relación con los honorarios de muchas asesorías innecesarias en el
Estado. Este proceso debe de ir acompañado por un proceso de capacitaciones, asensos y
méritos para incentivar la carrera dentro de la organización y de esta forma reducir la corrupción.
Para ello es necesario que se revise el pensum de formación de los agentes, elaborar estándares
para el reclutamiento y evaluar la estructura organizacional actual.

En segundo lugar es necesario mejorar las instalaciones pues se tiene un grave problema de
infraestructura. Cuando fui de ir a la Granja Penal de Petén a entregar libros con el fin de que los
privados de libertad tuviesen distracciones sanas que incidieran en su rehabilitación, pude
constatar la falta de alimentos, hacinamiento y condiciones lamentables en las que viven. Estas
mejoras no debe ser únicamente en los centros carcelarios, sino también en la Escuela de
Estudios Penitenciarios.

En tercer lugar recuperar el control interno de los establecimientos para hacer frente a los delitos
que desde allí se cometen. Deben de aplicarse castigos serios y aumentos de pena para quienes
delincan desde los centros penitenciarios. Este proceso debe ir acompañado por una reforma a la
Ley del Sistema Penitenciario en la que se penalice gravemente a las empresas de telefonía que
den cobertura en cierto perímetro cercano a las cárceles, tal como lo hizo El Salvador. ¿Como es
posible que se siga llamando desde las cárceles?. Estoy seguro que un esfuerzo combinado entre
la Secretaría de Telecomunicaciones, la DIGISI, Secretaría Estratégica del Estado y demás
entidades a cargo de la seguridad pública, se puede darle un golpe fuerte a este delito que va en
asenso.

Los Centros Penitenciarios es uno de los componentes clave en la solución del problema de la
seguridad pública y es necesario entrarle de fondo para resolver la problemática actual.

@lpcastellanosd
http://luispedrocastellanos.weebly.com/