Por: Andres Castillo
El mandato de la CICIG vence en septiembre y ya se ha desatado un debate sociopolítico entre quienes apoyan su continuidad y quienes la rechazan. Entre estos últimos hay quienes lo hacen porque se sienten amenzados y otros porque consideran que no ha dado resultados.
El presidente Otto Pérez Molina ha sido claro al indicar que será él quien tome la decisión y que lo hará con base en el informe que le entregue la comisión encargada de evaluar el trabajo de la instancia.
Los resultados de la CICIG durante estos siete años son escasos. Hemos visto a tres comisionados al frente de ella. El período de Carlos Castresana estuvo plagado de señalamientos en torno a una agenda oculta, acusaciones públicas y abuso de poder. El de Francisco Dall’Anese se caracterizó por una carga ideológica polarizante, especialmente en el caso Ríos Montt, y abuso de poder en contra de diversos sectores nacionales Y el de Iván Velásquez por su afán por rescatar la imagen de la CICIG y por presentar denuncias de corrupción, tráfico de influencias y crimen organizado en contra de funcionarios.
Estoy seguro de que la mayoría de personas reprobamos y condenamos la actuación de los dos primeros comisionados y otorgamos el beneficio de la duda al actual. Dicho esto, me parece que el debate no debería centrarse en la permanencia de la CICIG sino en cómo evitar que quienes la integran violen la ley y repitan los errores del pasado.
El mayor flagelo del país no son los cuerpos ilegales de seguridad y/o los aparatos clandestinos que constituyen el objeto del actual mandato de la CICIG. El problema de fondo, y del cual los buenos chapines somos víctimas y testigos, es la corrupción interna y externa del Estado que alimenta el crimen organizado. Sin perjuicio de las buenas intenciones de Velásquez, es necesario reconocer que su ámbito de acción es limitado y que este debería ser modificado y enfocado a temas de corrupción y crimen organizado.
Si Pérez Molina prorroga el mandato de la CICIG, esta debería orientarse a la depuración del sistema de justicia: magistrados, jueces, personal, procesos, sanciones internas y proceso de postulación. Asimismo, a garantizar la autonomía de la Contraloría General de Cuentas. Esto, obviamente, a la par de un Ministerio Público imparcial, objetivo y profesional, cuya labor permita atrapar a los peces gordos de la corrupción y el crimen organizado.
Lejos de ser una medicina para los problemas del país, la gestión de los dos primeros comisionados de la CICIG fue una enfermedad. Pero en esta tercera etapa, y en manos de gente profesional y ética, la labor de la comisión ha sido positiva. Debemos reflexionar, entonces, si la instancia puede convertirse en una aliada en la batalla en contra de la corrupción.
Otro punto de controversia, ha sido la inmunidad de la cual gozan el comisionado y los empleados de la CICIG. La Convención de Viena limita la posibilidad de que los guatemaltecos denunciemos las faltas y los delitos en los que estos puedan incurrir. Esto es preocupante pues contradice el principio jurídico fundamental por el cual ninguna persona puede actuar al margen de la ley.
En su reciente visita a Guatemala, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden manifestó su preocupación por los altos índices de corrupción. Asimismo, y de forma muy elegante, condicionó la ayuda económica de su país a la extensión del mandato de la CICIG. Por un lado admitió que esta era una “decisión soberana” de Guatemala y, por el otro, advirtió que era un respaldo necesario para que Estados Unidos desembolsara los recursos del Plan de la Alianza para la Prosperidad.
La CICIG no es la solución a los problemas del país, pero si se limita su mandato y se reorienta su labor, puede convertirse en una herramienta para fortalecer la institucionalidad del país. Mientras no fortalezcamos nuestras instituciones, por medio de mejores mecanismos de rendición de cuentas, los únicos beneficiados seguirán siendo los corruptos, el crimen organizado y los vividores del Estado.
Por: Andres Castillo
El mandato de la CICIG vence en septiembre y ya se ha desatado un debate sociopolítico entre quienes apoyan su continuidad y quienes la rechazan. Entre estos últimos hay quienes lo hacen porque se sienten amenzados y otros porque consideran que no ha dado resultados.
El presidente Otto Pérez Molina ha sido claro al indicar que será él quien tome la decisión y que lo hará con base en el informe que le entregue la comisión encargada de evaluar el trabajo de la instancia.
Los resultados de la CICIG durante estos siete años son escasos. Hemos visto a tres comisionados al frente de ella. El período de Carlos Castresana estuvo plagado de señalamientos en torno a una agenda oculta, acusaciones públicas y abuso de poder. El de Francisco Dall’Anese se caracterizó por una carga ideológica polarizante, especialmente en el caso Ríos Montt, y abuso de poder en contra de diversos sectores nacionales Y el de Iván Velásquez por su afán por rescatar la imagen de la CICIG y por presentar denuncias de corrupción, tráfico de influencias y crimen organizado en contra de funcionarios.
Estoy seguro de que la mayoría de personas reprobamos y condenamos la actuación de los dos primeros comisionados y otorgamos el beneficio de la duda al actual. Dicho esto, me parece que el debate no debería centrarse en la permanencia de la CICIG sino en cómo evitar que quienes la integran violen la ley y repitan los errores del pasado.
El mayor flagelo del país no son los cuerpos ilegales de seguridad y/o los aparatos clandestinos que constituyen el objeto del actual mandato de la CICIG. El problema de fondo, y del cual los buenos chapines somos víctimas y testigos, es la corrupción interna y externa del Estado que alimenta el crimen organizado. Sin perjuicio de las buenas intenciones de Velásquez, es necesario reconocer que su ámbito de acción es limitado y que este debería ser modificado y enfocado a temas de corrupción y crimen organizado.
Si Pérez Molina prorroga el mandato de la CICIG, esta debería orientarse a la depuración del sistema de justicia: magistrados, jueces, personal, procesos, sanciones internas y proceso de postulación. Asimismo, a garantizar la autonomía de la Contraloría General de Cuentas. Esto, obviamente, a la par de un Ministerio Público imparcial, objetivo y profesional, cuya labor permita atrapar a los peces gordos de la corrupción y el crimen organizado.
Lejos de ser una medicina para los problemas del país, la gestión de los dos primeros comisionados de la CICIG fue una enfermedad. Pero en esta tercera etapa, y en manos de gente profesional y ética, la labor de la comisión ha sido positiva. Debemos reflexionar, entonces, si la instancia puede convertirse en una aliada en la batalla en contra de la corrupción.
Otro punto de controversia, ha sido la inmunidad de la cual gozan el comisionado y los empleados de la CICIG. La Convención de Viena limita la posibilidad de que los guatemaltecos denunciemos las faltas y los delitos en los que estos puedan incurrir. Esto es preocupante pues contradice el principio jurídico fundamental por el cual ninguna persona puede actuar al margen de la ley.
En su reciente visita a Guatemala, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden manifestó su preocupación por los altos índices de corrupción. Asimismo, y de forma muy elegante, condicionó la ayuda económica de su país a la extensión del mandato de la CICIG. Por un lado admitió que esta era una “decisión soberana” de Guatemala y, por el otro, advirtió que era un respaldo necesario para que Estados Unidos desembolsara los recursos del Plan de la Alianza para la Prosperidad.
La CICIG no es la solución a los problemas del país, pero si se limita su mandato y se reorienta su labor, puede convertirse en una herramienta para fortalecer la institucionalidad del país. Mientras no fortalezcamos nuestras instituciones, por medio de mejores mecanismos de rendición de cuentas, los únicos beneficiados seguirán siendo los corruptos, el crimen organizado y los vividores del Estado.