El salario no es más que el precio que alguna persona o empresa está dispuesta a pagar por el servicio o trabajo de otro. Por lo tanto, si es una persona la que trabaja y es un empresario el que lo contrata, el trabajador tiene derecho a decidir de manera libre con quién y por qué valor quiere trabajar; así la empresa tiene derecho a decidir si le interesa el servicio que le ofrecen al precio que le ofrecen.
En Guatemala urge incrementar el empleo formal no porque sea necesario atar a las personas a un salario mínimo, si no por las condiciones que presupone éste, dentro de un marco legal y un contrato privado entre partes.
Los salarios diferenciados aprobados para cuatro municipios (pero suspendidos por la CC), son una buena idea conceptualmente. Sin embargo, no aborda el problema real con profundidad, pues es contradictorio que mientras se decretan con base a indicadores de ingresos reales promedio, la misma fórmula no se aplique al resto de los municipios, en donde además se carga un incremento del 5%. La explicación que dan los burócratas de turno es que en estos cuatro municipios los alcaldes lo pidieron y en los otros no. Pero esto no es más que politiquería, pues la decisión según la Ley la toma el Presidente. Las comisiones paritarias -las conformadas por sindicatos y empleadores, al igual que estas nuevas conformadas por “pobladores y alcaldes” solo recomiendan. El Presidente conoce las cifras de todo el país, incluso conoce que esos ingresos promedio reportados, corresponden a un promedio de horas diario, inferiores a la jornada de Ley, por lo que una solución de fondo debe considerar el análisis del ingreso real por hora.
Por otro lado, ¿cuál es el incentivo de tener seguro social?, ¿cómo se garantiza el mecanismo de verificación del pago de las planillas al seguro social? no solo de los empleos nuevos a crearse en esos municipios, sino de la totalidad de empleos supuestamente formales en el país. Y, ¿qué incentivo tiene la empresa al pagar 10% del costo de su planilla al IGSS?, ¿recibe el trabajador un beneficio real después de que la empresa paga lo que equivale a poco más de un salario adicional por año por trabajador?. ¿Qué incentivo tiene el trabajador al pagar el 4.5% de su salario que equivale casi a medio salario mensual más por año?. ¿Con qué calidad moral y legal exige el gobierno el pago a un empleador, cuándo el mismo gobierno que representa el 30% de los empleos formales del país está en mora en sus contribuciones al IGSS?.
Vale la pena preguntarse también: ¿qué incentivo tiene la empresa ubicada en el área rural en donde la clínica de consulta más cercana queda a cientos de kilómetros de distancia?, ¿qué beneficio recibirán los trabajadores que se jubilen en 2015, 2025 y ni pensar en 2035 y que han venido pagando al IGSS 14.5 % de su salario durante toda una vida de trabajo? . El 14.5% insisto es el costo de oportunidad me un mejor y mayor ingreso para el trabajador individual y sale del 10% de la cuota patronal y el 4.5% de la contribución individual.
Y quizás la pregunta más importante es que debemos hacer a los 6 millones 168 mil 470 de guatemaltecos que componen la PEA ¿están de acuerdo con que un sindicato o alcalde alguno ande negociando cómo ponerle precio a su trabajo?.
Si el método de fijación de salario mínimo ha demostrado estar agotado después de 20 años en los que la informalidad no ha variado sustancialmente y la productividad tampoco, el debate debiese centrarse en la negociación individual, el salario por productividad y la modernización del sistema de salud y previsión social. Así que apoyo la idea de salarios diferenciados sí, pero para todos, para cada uno de los guatemaltecos en edad de trabajar, negociando individualmente.
El salario no es más que el precio que alguna persona o empresa está dispuesta a pagar por el servicio o trabajo de otro. Por lo tanto, si es una persona la que trabaja y es un empresario el que lo contrata, el trabajador tiene derecho a decidir de manera libre con quién y por qué valor quiere trabajar; así la empresa tiene derecho a decidir si le interesa el servicio que le ofrecen al precio que le ofrecen.
En Guatemala urge incrementar el empleo formal no porque sea necesario atar a las personas a un salario mínimo, si no por las condiciones que presupone éste, dentro de un marco legal y un contrato privado entre partes.
Los salarios diferenciados aprobados para cuatro municipios (pero suspendidos por la CC), son una buena idea conceptualmente. Sin embargo, no aborda el problema real con profundidad, pues es contradictorio que mientras se decretan con base a indicadores de ingresos reales promedio, la misma fórmula no se aplique al resto de los municipios, en donde además se carga un incremento del 5%. La explicación que dan los burócratas de turno es que en estos cuatro municipios los alcaldes lo pidieron y en los otros no. Pero esto no es más que politiquería, pues la decisión según la Ley la toma el Presidente. Las comisiones paritarias -las conformadas por sindicatos y empleadores, al igual que estas nuevas conformadas por “pobladores y alcaldes” solo recomiendan. El Presidente conoce las cifras de todo el país, incluso conoce que esos ingresos promedio reportados, corresponden a un promedio de horas diario, inferiores a la jornada de Ley, por lo que una solución de fondo debe considerar el análisis del ingreso real por hora.
Por otro lado, ¿cuál es el incentivo de tener seguro social?, ¿cómo se garantiza el mecanismo de verificación del pago de las planillas al seguro social? no solo de los empleos nuevos a crearse en esos municipios, sino de la totalidad de empleos supuestamente formales en el país. Y, ¿qué incentivo tiene la empresa al pagar 10% del costo de su planilla al IGSS?, ¿recibe el trabajador un beneficio real después de que la empresa paga lo que equivale a poco más de un salario adicional por año por trabajador?. ¿Qué incentivo tiene el trabajador al pagar el 4.5% de su salario que equivale casi a medio salario mensual más por año?. ¿Con qué calidad moral y legal exige el gobierno el pago a un empleador, cuándo el mismo gobierno que representa el 30% de los empleos formales del país está en mora en sus contribuciones al IGSS?.
Vale la pena preguntarse también: ¿qué incentivo tiene la empresa ubicada en el área rural en donde la clínica de consulta más cercana queda a cientos de kilómetros de distancia?, ¿qué beneficio recibirán los trabajadores que se jubilen en 2015, 2025 y ni pensar en 2035 y que han venido pagando al IGSS 14.5 % de su salario durante toda una vida de trabajo? . El 14.5% insisto es el costo de oportunidad me un mejor y mayor ingreso para el trabajador individual y sale del 10% de la cuota patronal y el 4.5% de la contribución individual.
Y quizás la pregunta más importante es que debemos hacer a los 6 millones 168 mil 470 de guatemaltecos que componen la PEA ¿están de acuerdo con que un sindicato o alcalde alguno ande negociando cómo ponerle precio a su trabajo?.
Si el método de fijación de salario mínimo ha demostrado estar agotado después de 20 años en los que la informalidad no ha variado sustancialmente y la productividad tampoco, el debate debiese centrarse en la negociación individual, el salario por productividad y la modernización del sistema de salud y previsión social. Así que apoyo la idea de salarios diferenciados sí, pero para todos, para cada uno de los guatemaltecos en edad de trabajar, negociando individualmente.