El último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestra cómo Latinoamérica ha ido reduciendo el número de empleos informales en todos los países. La tasa de informalidad se redujo de 50.1 por ciento en 2009 a 46.8 por ciento durante el 2013. Esto gracias a que finalmente se ha comprendido que en la medida en que se eliminan las trabas burocráticas a crear inversiones formales que generen empleos con todas las prestaciones de ley, en esa medida las empresas podrán promover trabajos dignos.
En el caso de Guatemala seguimos siendo el país con la mayor tasa de informalidad en Latinoamérica, (73.6 por ciento en el 2013 según la OIT), mientras que en Costa Rica su informalidad es de 30.7 por ciento, Uruguay 33 por ciento y Brasil 36 por ciento. Estos países tienen el menor porcentaje de personas en la informalidad en Latinoamérica.
Para seguir reduciendo la informalidad, tenemos que trabajar en varios factores. La certeza jurídica es sin duda un factor fundamental, si queremos que más personas puedan tener acceso a puestos de trabajo. Debemos aumentar la inversión en capital, que haga que los puestos de trabajo sean más productivos, especialmente en la provincia, en donde muchas veces la inversión del Estado es nula en cuanto a servicios como la educación de calidad o infraestructura. Estos cambios requieren procesos de largo plazo que implican necesariamente políticas públicas que se mantengan a lo largo del tiempo y que no cambien cada cuatro años.
Sin embargo, el gran problema que tiene Guatemala para no poder reducir la informalidad es el grado restricciones laborales que datan de los años sesenta y que no permiten ni siquiera la contratación de trabajadores a tiempo parcial o de trabajo desde el domicilio. Adicionalmente, se le ha hecho un gran daño a las personas que no tienen trabajos formales, por haber establecido políticas laborales que encarecen legalmente el despido de un trabajador, aún y cuando estas sean por causas totalmente justificables, el costo según lo reporta el Banco Mundial, es de 101 semanas de salario, más de tres veces mayor al de Costa Rica o Uruguay que es de tan solo 31 semanas o 37 semanas en el caso de Brasil. Con costos laborales tan altos, ¿qué empresa formal intensiva en mano de obra puede competir en nuestro país? La otra opción, si no queremos reducir los costos laborales, es dar incentivos fiscales, tal y como lo establece la Ley de Fomento al Empleo que está en discusión en el Congreso. Este es el tipo de debates que los candidatos a la Presidencia deben comenzar a tener si realmente están hablando de más oportunidades en el sector formal.
@jczapata_s
El último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestra cómo Latinoamérica ha ido reduciendo el número de empleos informales en todos los países. La tasa de informalidad se redujo de 50.1 por ciento en 2009 a 46.8 por ciento durante el 2013. Esto gracias a que finalmente se ha comprendido que en la medida en que se eliminan las trabas burocráticas a crear inversiones formales que generen empleos con todas las prestaciones de ley, en esa medida las empresas podrán promover trabajos dignos.
En el caso de Guatemala seguimos siendo el país con la mayor tasa de informalidad en Latinoamérica, (73.6 por ciento en el 2013 según la OIT), mientras que en Costa Rica su informalidad es de 30.7 por ciento, Uruguay 33 por ciento y Brasil 36 por ciento. Estos países tienen el menor porcentaje de personas en la informalidad en Latinoamérica.
Para seguir reduciendo la informalidad, tenemos que trabajar en varios factores. La certeza jurídica es sin duda un factor fundamental, si queremos que más personas puedan tener acceso a puestos de trabajo. Debemos aumentar la inversión en capital, que haga que los puestos de trabajo sean más productivos, especialmente en la provincia, en donde muchas veces la inversión del Estado es nula en cuanto a servicios como la educación de calidad o infraestructura. Estos cambios requieren procesos de largo plazo que implican necesariamente políticas públicas que se mantengan a lo largo del tiempo y que no cambien cada cuatro años.
Sin embargo, el gran problema que tiene Guatemala para no poder reducir la informalidad es el grado restricciones laborales que datan de los años sesenta y que no permiten ni siquiera la contratación de trabajadores a tiempo parcial o de trabajo desde el domicilio. Adicionalmente, se le ha hecho un gran daño a las personas que no tienen trabajos formales, por haber establecido políticas laborales que encarecen legalmente el despido de un trabajador, aún y cuando estas sean por causas totalmente justificables, el costo según lo reporta el Banco Mundial, es de 101 semanas de salario, más de tres veces mayor al de Costa Rica o Uruguay que es de tan solo 31 semanas o 37 semanas en el caso de Brasil. Con costos laborales tan altos, ¿qué empresa formal intensiva en mano de obra puede competir en nuestro país? La otra opción, si no queremos reducir los costos laborales, es dar incentivos fiscales, tal y como lo establece la Ley de Fomento al Empleo que está en discusión en el Congreso. Este es el tipo de debates que los candidatos a la Presidencia deben comenzar a tener si realmente están hablando de más oportunidades en el sector formal.
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