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SATcudida en el gobierno

María Dolores Arias
21 de abril, 2015

El caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- es de tal magnitud que hace palidecer los demás casos como el del Lago de Amatitlán o cualquier otra compra sobrevalorada. Éstos últimos parecen amateurs al lado de los profesionales que montaron toda una organización para robarse el dinero que debía ingresar a la SAT.

En conferencia de prensa, Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, fiscales del Ministerio Público –MP- y Mauricio López Bonilla, ministro de gobernación –Mingob- explicaron cómo operaba “la línea”, nombre con el que identifican a esta red criminal.

Es tal el tamaño de esta red de corrupción que ya están capturados el actual y anterior Superintendente de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente, el secretario general del sindicato de la SAT, el presidente de un medio impreso, vistas y administradores de aduanas, entre otros. Quien está prófugo es el supuesto jefe de esta red, Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la Vicepresidente Roxana Baldetti.

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Según las investigaciones, “la línea” iba desde el nivel operativo hasta el mismo superintendente de la SAT, pasando por vistas de aduanas quienes ponían en contacto a importadores con la red a través de un número telefónico para negociar el monto de la extorsión para reducir el pago de impuestos y acelerar el proceso.

Ante este nuevo escándalo hay muchos aspectos a analizar, muchas preguntas que siguen sin respuesta y que ni siquiera tenemos certeza de conocerlas algún día. Por lo que me enfocaré en cuatro aspectos importantes: corrupción, participación de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Congreso y CICIG-MP.

La corrupción es el resultado de un sistema repartidor de privilegios y dádivas, es el saqueo de la riqueza a través del uso de la ley para legitimarlo o en este caso facilitar la extorsión. Si bien es cierto para bailar tango se necesitan dos, el otro en cuestión es extorsionado y se enfrenta al dilema de cumplir una ley inmoral o acceder a la extorsión, no hay forma de ganar sino de perder menos. El que extorsiona lo hace porque puede y no pasa nada, es más ya tiene asegurada la impunidad al repartir el botín entre quienes deberían, por lo menos, denunciarlo.

En cualquier parte del mundo con un Congreso medianamente decente, ya habrían sesionado de emergencia para atender el tema. Lo que me lleva a corroborar la casi nula función fiscalizadora de muchos diputados del Congreso, quienes se han limitado a aprobar presupuestos desfinanciados y préstamos sin control alguno. A inicios de esta Legislatura aprobaron la reforma fiscal que entre otras cosas hizo casi imposible la importación. A raíz de esto hubo muchas denuncias de cómo se había complicado importar, de cómo los trámites en lugar de dos o tres días tardaban semanas en liberar la mercancía. Entonces ¿quiénes fueron los más beneficiados con estas leyes? ¿Se hizo lo suficiente por enmendar el error cometido y denunciado por los usuarios de las aduanas?

La participación del presidente Otto Pérez Molina y de la Vicepresidente Roxana Baldetti en esta red de corrupción es una sospecha que muchos tenemos. Tomemos en cuenta que fue el presidente quien nombró a los dos superintendentes capturados, que en el 2013 se intervino las aduanas para combatir la defraudación aduanera con resultados mediocres en todos los sentidos. Ahora trata de quitarse cualquier culpa al afirmar que fue él quien pidió la investigación de aduanas a la CICIG.

En el caso de la Vicepresidente Roxana Baldetti, uno se pregunta si todos los caminos llevan a Roma, entonces ¿por qué negar que Roma es un destino importante? El cabecilla de esta red según la CICIG y el MP es el secretario privado de Baldetti, no es cualquier funcionario es la persona más allegada a ella. Además otro nombre que se ha omitido en las investigaciones es el de Claudia Méndez, intendente de Aduanas ¿persona de confianza de quién cree que es? De plano es mera coincidencia que personas allegadas a ella estén involucradas o en puestos importantes del caso.

La CICIG se ha caracterizado hacer investigaciones con más contenido mediático que formal, hay varios ejemplos de esto. Con esta investigación al mando de un nuevo comisionado, surgen las dudas de ¿cuánto sustento tendrá la investigación? ¿Es acaso una “forma” de negociar su permanencia en Guatemala? ¿Por qué las capturas se hacen cuando el cabecilla está de viaje, fuera del país, con la Vicepresidente? ¿No se podían esperar unos días para hacer todas las capturas? ¿Por qué son tajantes en decir que ni siquiera se investigará a todos los sospechosos, incluyendo al presidente y vicepresidente? ¿Por qué si es en aduanas donde se comete el fraude, no se investiga a la intendente de esta área?

En esta SATcudida en el gobierno no hay forma de que salgan bien librados. Si Otto Pérez y Roxana Baldetti ignoraban lo que sucedía en sus narices entonces deberán aceptar que son unos ineptos. Si lo sabían y no hicieron nada, eso los convierte en cómplices.

Esta SATcudida a los tributarios debe ayudarnos a comprender por qué más controles e impuestos solo sirven para crear mafias, mientras no cambien las reglas tributarias solo cambiaremos de pandillas extorsionistas en el poder.

@Md30

Facebook.com/mda30

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