Las últimas semanas en Guatemala, han sido una prueba para muchas instituciones. Por más que existan personas, que quisieran que se eliminara la poca institucionalidad que el país ha ido desarrollando, se está mostrando la capacidad de tener mecanismos efectivos para superar la crisis, incluso que los ciudadanos podemos apoyar. A continuación resalto los aspectos más críticos de algunas de estas instituciones y las acciones sobre las que se evidencia mayor consenso, que se podrían convertir en un ejemplo para el resto de países del triángulo norte de Centroamérica. Tres instituciones son en este momento muy importantes: el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos, el Congreso de la República y el Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
El Tribunal Supremo Electoral, debe velar que se cumpla la ley electoral y de partidos políticos existente, castigando a cualquier partido que sobrepase su techo de campaña electoral. Si esto no se hace ahora, de nada servirá querer hacer modificaciones a la ley en temas de cómo regular el financiamiento. La dirección general del Registro de Ciudadanos además, debe velar por el cumplimiento del artículo 113 de la Constitución Política de la República, para tener servidores públicos, honrados capaces e idóneos. No permitamos que los partidos, de manera sin vergüenza, inscriban a candidatos que claramente no cumplen con estos requisitos.
El Congreso de la República, debe ser capaz de aprobar las leyes que son más importantes en materia de reducción de la corrupción. Empezando por las reformas a la propia Ley electoral y de partidos políticos, que permitan fortalecer las capacidades del Tribunal Supremo Electoral, que fije el número de diputados, aclarar el concepto de proselitismo y ampliar los plazos del proceso electoral. Otras iniciativas como la reforma a la ley de la carrera judicial, la reforma a la ley del Ministerio Público, la reforma a la ley orgánica de la SAT y de la ley de contrataciones.
Por último, uno de los mayores retos, lo tienen el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG. Requieren seguir con las investigaciones de los casos de corrupción que han empezado, asegurándose que la justicia llegue hasta los últimos responsables. Nadie puede estar por encima de la ley y el mensaje que se dará, asegurando este principio, será clave para tener casos exitosos que ayuden a países como Honduras y El Salvador, evaluar cómo poder implementar esfuerzos de acompañamiento internacional para mejorar los sistemas de justicia, en sus propios países. Recordemos que una república se construye con instituciones fuertes. @jczapata_s
Las últimas semanas en Guatemala, han sido una prueba para muchas instituciones. Por más que existan personas, que quisieran que se eliminara la poca institucionalidad que el país ha ido desarrollando, se está mostrando la capacidad de tener mecanismos efectivos para superar la crisis, incluso que los ciudadanos podemos apoyar. A continuación resalto los aspectos más críticos de algunas de estas instituciones y las acciones sobre las que se evidencia mayor consenso, que se podrían convertir en un ejemplo para el resto de países del triángulo norte de Centroamérica. Tres instituciones son en este momento muy importantes: el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos, el Congreso de la República y el Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
El Tribunal Supremo Electoral, debe velar que se cumpla la ley electoral y de partidos políticos existente, castigando a cualquier partido que sobrepase su techo de campaña electoral. Si esto no se hace ahora, de nada servirá querer hacer modificaciones a la ley en temas de cómo regular el financiamiento. La dirección general del Registro de Ciudadanos además, debe velar por el cumplimiento del artículo 113 de la Constitución Política de la República, para tener servidores públicos, honrados capaces e idóneos. No permitamos que los partidos, de manera sin vergüenza, inscriban a candidatos que claramente no cumplen con estos requisitos.
El Congreso de la República, debe ser capaz de aprobar las leyes que son más importantes en materia de reducción de la corrupción. Empezando por las reformas a la propia Ley electoral y de partidos políticos, que permitan fortalecer las capacidades del Tribunal Supremo Electoral, que fije el número de diputados, aclarar el concepto de proselitismo y ampliar los plazos del proceso electoral. Otras iniciativas como la reforma a la ley de la carrera judicial, la reforma a la ley del Ministerio Público, la reforma a la ley orgánica de la SAT y de la ley de contrataciones.
Por último, uno de los mayores retos, lo tienen el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG. Requieren seguir con las investigaciones de los casos de corrupción que han empezado, asegurándose que la justicia llegue hasta los últimos responsables. Nadie puede estar por encima de la ley y el mensaje que se dará, asegurando este principio, será clave para tener casos exitosos que ayuden a países como Honduras y El Salvador, evaluar cómo poder implementar esfuerzos de acompañamiento internacional para mejorar los sistemas de justicia, en sus propios países. Recordemos que una república se construye con instituciones fuertes. @jczapata_s