Debido a la denuncia que presentó el diputado Amílcar Pop en contra del presidente Otto Pérez Molina, la Corte Suprema de Justicia –CSJ- dio trámite a la solicitud de antejuicio y pasó el expediente al Congreso. Éste, según lo manda la Ley, convocó a una sesión extraordinaria a los diputados –actualmente en receso- para que en el pleno se hiciera el sorteo de quiénes integrarían la Comisión Pesquisidora –CP- .
Esta comisión es la encargada de investigar y dictaminar si procede, o no, quitarle el privilegio de antejuicio a Pérez Molina. Debido a que estos últimos tres meses hemos vivido hechos inéditos en Guatemala, es importante considerar varias cosas respecto a este proceso.
Esta es la primera vez que se integra una comisión para investigar a un presidente, lo cual se puede considerar un triunfo para la ciudadanía si, y sólo si, este proceso se hace apegado a derecho y no sólo como un espectáculo mediático, el cual entretiene a las masas pero no logra su cometido de buscar la verdad. Es por eso que es importante que tengamos claro cuál es la función de la comisión, cómo debe de actuar y cuál es la actual situación jurídica del presidente.
La comisión tiene como objetivo determinar si hay suficientes pruebas para iniciar un juicio en contra de Otto Pérez Molina, es decir, ¿hay o no pruebas o indicios suficientes para vincular al presidente con los delitos de que se le acusan? Para eso la comisión deberá investigar y solicitar a los involucrados la información necesaria que les permita emitir un dictamen para que el pleno del Congreso decida.
Esto me lleva al proceso de indagación en el cual, la parte que considero mediática son las preguntas a Otto Pérez Molina, la parte medular serán las preguntas y obviamente las respuestas que den tanto los fiscales del Ministerio Público –MP- como el personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala–CICIG- ya que son ellos quienes han llevado el #CasoLaLínea y el #CasoIGSS-Pisa por los que se denuncia al presidente. Son ellos quienes han hecho las investigaciones y han pedido órdenes de captura contra los presuntos implicados.
Los del MP y la CICIG deberán responder si hay pruebas o indicios que involucren a Otto Pérez Molina en los casos. Recordemos que el MP es quien tiene la potestad y capacidad para hacer este tipo de investigaciones con la profundidad que se requiere. La importancia de estas respuestas radica en establecer si están cumpliendo con su labor o no
La comisión deberá tener siempre presente que es pesquisidora y no inquisidora, es decir, que actúe de acuerdo a sus funciones y no se extralimite ya sea por oportunismo político o escudado en el “clamor popular”. En el largo plazo a todos nos conviene que paso a paso se construya un Estado de Derecho que nos permita vivir en paz, donde los derechos individuales estén protegidos del “clamor de cualquier grupo”.
Aclaro que no estoy a favor de la gestión gubernamental del presidente, si es que alguien con escaso alcance mental lo considera, pienso que debe ser investigado no sólo él sino también muchos de sus exministros y ministros actuales, pero no por eso voy a sacrificar la justicia por el linchamiento.
A fin de cuentas, recordemos que hasta el momento no hay ninguna denuncia penal en contra del presidente ni de la exvicepresidente Roxana Baldetti, es decir, el MP no ha presentado denuncia alguna en contra de los mencionados. Así que si le quitan el antejuicio a Pérez Molina, él puede seguir como presidente a la “espera de algún proceso judicial” que deba enfrentar como ahora espera Baldetti en su calidad de ciudadana.
Es por eso que debemos presionar para que la comisión haga su trabajo y en el proceso evidencie si hay o no incumplimiento de deberes por parte del MP. Mientras no haya denuncias en su contra persistirá la duda en el aire si hubo negociación de la permanencia de la CICIG a cambio de impunidad para “algunos” involucrados en los casos de corrupción.
@Md30
Facebook.com/mda30
Debido a la denuncia que presentó el diputado Amílcar Pop en contra del presidente Otto Pérez Molina, la Corte Suprema de Justicia –CSJ- dio trámite a la solicitud de antejuicio y pasó el expediente al Congreso. Éste, según lo manda la Ley, convocó a una sesión extraordinaria a los diputados –actualmente en receso- para que en el pleno se hiciera el sorteo de quiénes integrarían la Comisión Pesquisidora –CP- .
Esta comisión es la encargada de investigar y dictaminar si procede, o no, quitarle el privilegio de antejuicio a Pérez Molina. Debido a que estos últimos tres meses hemos vivido hechos inéditos en Guatemala, es importante considerar varias cosas respecto a este proceso.
Esta es la primera vez que se integra una comisión para investigar a un presidente, lo cual se puede considerar un triunfo para la ciudadanía si, y sólo si, este proceso se hace apegado a derecho y no sólo como un espectáculo mediático, el cual entretiene a las masas pero no logra su cometido de buscar la verdad. Es por eso que es importante que tengamos claro cuál es la función de la comisión, cómo debe de actuar y cuál es la actual situación jurídica del presidente.
La comisión tiene como objetivo determinar si hay suficientes pruebas para iniciar un juicio en contra de Otto Pérez Molina, es decir, ¿hay o no pruebas o indicios suficientes para vincular al presidente con los delitos de que se le acusan? Para eso la comisión deberá investigar y solicitar a los involucrados la información necesaria que les permita emitir un dictamen para que el pleno del Congreso decida.
Esto me lleva al proceso de indagación en el cual, la parte que considero mediática son las preguntas a Otto Pérez Molina, la parte medular serán las preguntas y obviamente las respuestas que den tanto los fiscales del Ministerio Público –MP- como el personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala–CICIG- ya que son ellos quienes han llevado el #CasoLaLínea y el #CasoIGSS-Pisa por los que se denuncia al presidente. Son ellos quienes han hecho las investigaciones y han pedido órdenes de captura contra los presuntos implicados.
Los del MP y la CICIG deberán responder si hay pruebas o indicios que involucren a Otto Pérez Molina en los casos. Recordemos que el MP es quien tiene la potestad y capacidad para hacer este tipo de investigaciones con la profundidad que se requiere. La importancia de estas respuestas radica en establecer si están cumpliendo con su labor o no
La comisión deberá tener siempre presente que es pesquisidora y no inquisidora, es decir, que actúe de acuerdo a sus funciones y no se extralimite ya sea por oportunismo político o escudado en el “clamor popular”. En el largo plazo a todos nos conviene que paso a paso se construya un Estado de Derecho que nos permita vivir en paz, donde los derechos individuales estén protegidos del “clamor de cualquier grupo”.
Aclaro que no estoy a favor de la gestión gubernamental del presidente, si es que alguien con escaso alcance mental lo considera, pienso que debe ser investigado no sólo él sino también muchos de sus exministros y ministros actuales, pero no por eso voy a sacrificar la justicia por el linchamiento.
A fin de cuentas, recordemos que hasta el momento no hay ninguna denuncia penal en contra del presidente ni de la exvicepresidente Roxana Baldetti, es decir, el MP no ha presentado denuncia alguna en contra de los mencionados. Así que si le quitan el antejuicio a Pérez Molina, él puede seguir como presidente a la “espera de algún proceso judicial” que deba enfrentar como ahora espera Baldetti en su calidad de ciudadana.
Es por eso que debemos presionar para que la comisión haga su trabajo y en el proceso evidencie si hay o no incumplimiento de deberes por parte del MP. Mientras no haya denuncias en su contra persistirá la duda en el aire si hubo negociación de la permanencia de la CICIG a cambio de impunidad para “algunos” involucrados en los casos de corrupción.
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