Amílcar Pop y sus vínculos con grupos paralelos clandestinos de seguridad que operan con protección gubernamental
El sábado recién pasado la Policía Nacional detuvo un autobús procedente de la manifestación en la Plaza de la Constitución, con destino hacia San Juan Sacatepéquez. La detención por 5 horas, en la que participaron decenas de radiopatrullas y gran cantidad de elementos de la PNC, tenía como objetivo ejecutar dos órdenes de captura derivadas del ataque terrorista conocido como Masacre de Los Pajoques.
Los Pajoques se tiñó de sangre el 20 de septiembre de 2,014. Una turba de gente con el rostro cubierto, integrada por miembros y aliados del Comité de Unidad Campesina (CUC) -según testimonios de pobladores y del Ministro Gobernación López Bonilla-, asesinó y quemó a la familia Pajoc Matz. El saldo fue macabro. Dos casas arrasadas por las llamas y balas, tres automóviles quemados totalmente, siete muertos (hombres, mujeres y niños, hasta las mascotas). Daniel Pascual es señalado por las autoridades como uno de los incitadores, responsable como dirigente de esta organización indigenista radical señalada por los testigos.
Pero hay otra figura que actúa tras bambalinas, un diputado que llegó la noche de ese sábado para liberar a los prófugos un funcionario público que a través de su ONG gestiona apoyo logístico y financiero para incidir en la creciente conflictividad, alguien que no sólo promueve privilegios indígenas como expresión del racismo “positivo” o “inverso”, sino que actúa directamente abusando de su investidura como diputado para obtener información que luego es usada en contra de guatemaltecos honestos trabajadores que son vilmente asesinados, sin que le importe al MP ni mucho menos a la CICIG. Me refiero directamente al diputado de Winaq Amílcar Pop.
El diputado Amílcar Pop es acusado por un testigo sobreviviente de la masacre, como el responsable de elaborar “listas negras” de personas que habían vendido libremente sus terrenos para la construcción del Anillo Metropolitano. Obtuvo información abusando de su puesto. Eso significó una sentencia de muerte y una turba de encapuchados quiso enviar un mensaje a los otros pobladores, el lenguaje que usó es el mismo de hace 30 años: EL TERROR.
En Alta Verapaz también presionó para que se liberara a su hermano presuntamente responsable del accidente de tránsito con víctimas fatales. Eso también es corrupción, una estrategia de abuso de poder para generar impunidad
Hay otra corrupción, organizaciones que incluso llegan a cometer graves crímenes como esa masacre en cual el diputado Amílcar Pop se esforzó en liberar a los prófugos. Pero no nos engañemos pensando que lo hizo para ser “solidario” ni nada eso, lo hizo para salvarse a sí mismo. Además la ONG Asociación de Abogados Mayas, que Pop dirige, es beneficiada con jugosas “donaciones” y “aportes” en euros de la cooperación noruega, que nadie fiscaliza apropiadamente, ni pagan impuestos por supuesto. El caso de Amílcar Pop encaja perfectamente en el mandato de la CICIG: Investigar y desmantelar cuerpos paralelos clandestinos de seguridad que actúan con la protección del Estado.
La justicia parcial no es justicia, las ONG que lucran de los DDHH deben ser fiscalizadas e investigadas, como cualquier organismo formal o paralelo del Estado ya que reciben dinero de nuestros impuestos, y éstos son completamente fiscalizables.
Amílcar Pop y sus vínculos con grupos paralelos clandestinos de seguridad que operan con protección gubernamental
El sábado recién pasado la Policía Nacional detuvo un autobús procedente de la manifestación en la Plaza de la Constitución, con destino hacia San Juan Sacatepéquez. La detención por 5 horas, en la que participaron decenas de radiopatrullas y gran cantidad de elementos de la PNC, tenía como objetivo ejecutar dos órdenes de captura derivadas del ataque terrorista conocido como Masacre de Los Pajoques.
Los Pajoques se tiñó de sangre el 20 de septiembre de 2,014. Una turba de gente con el rostro cubierto, integrada por miembros y aliados del Comité de Unidad Campesina (CUC) -según testimonios de pobladores y del Ministro Gobernación López Bonilla-, asesinó y quemó a la familia Pajoc Matz. El saldo fue macabro. Dos casas arrasadas por las llamas y balas, tres automóviles quemados totalmente, siete muertos (hombres, mujeres y niños, hasta las mascotas). Daniel Pascual es señalado por las autoridades como uno de los incitadores, responsable como dirigente de esta organización indigenista radical señalada por los testigos.
Pero hay otra figura que actúa tras bambalinas, un diputado que llegó la noche de ese sábado para liberar a los prófugos un funcionario público que a través de su ONG gestiona apoyo logístico y financiero para incidir en la creciente conflictividad, alguien que no sólo promueve privilegios indígenas como expresión del racismo “positivo” o “inverso”, sino que actúa directamente abusando de su investidura como diputado para obtener información que luego es usada en contra de guatemaltecos honestos trabajadores que son vilmente asesinados, sin que le importe al MP ni mucho menos a la CICIG. Me refiero directamente al diputado de Winaq Amílcar Pop.
El diputado Amílcar Pop es acusado por un testigo sobreviviente de la masacre, como el responsable de elaborar “listas negras” de personas que habían vendido libremente sus terrenos para la construcción del Anillo Metropolitano. Obtuvo información abusando de su puesto. Eso significó una sentencia de muerte y una turba de encapuchados quiso enviar un mensaje a los otros pobladores, el lenguaje que usó es el mismo de hace 30 años: EL TERROR.
En Alta Verapaz también presionó para que se liberara a su hermano presuntamente responsable del accidente de tránsito con víctimas fatales. Eso también es corrupción, una estrategia de abuso de poder para generar impunidad
Hay otra corrupción, organizaciones que incluso llegan a cometer graves crímenes como esa masacre en cual el diputado Amílcar Pop se esforzó en liberar a los prófugos. Pero no nos engañemos pensando que lo hizo para ser “solidario” ni nada eso, lo hizo para salvarse a sí mismo. Además la ONG Asociación de Abogados Mayas, que Pop dirige, es beneficiada con jugosas “donaciones” y “aportes” en euros de la cooperación noruega, que nadie fiscaliza apropiadamente, ni pagan impuestos por supuesto. El caso de Amílcar Pop encaja perfectamente en el mandato de la CICIG: Investigar y desmantelar cuerpos paralelos clandestinos de seguridad que actúan con la protección del Estado.
La justicia parcial no es justicia, las ONG que lucran de los DDHH deben ser fiscalizadas e investigadas, como cualquier organismo formal o paralelo del Estado ya que reciben dinero de nuestros impuestos, y éstos son completamente fiscalizables.