Hay consenso en Guatemala, el país del eterno desacuerdo, en que el Estado no funciona para nada. Esto ya se sabía de qué tiempos, pero nos hacía falta que el olor a podrido se levantara hasta nuestras narices para que nos sintiéramos ofendidos. Ahora que Estados Unidos, a través de su subsidiaria local, la CICIG, y el Ministerio Público, han venido a barrer la casa, toda la mugre se soltó y en serio apesta.
En el Organismo Ejecutivo se han hecho públicos cuatro escándalos que convirtieron al gobierno de Otto Pérez, como bien señala el editorial de Prensa Libre, en uno de los que más actos de corrupción ha acumulado en tan poco tiempo. El primero fue el control de las cárceles que lleva a cabo el reo Byron Lima, compadre de miembros del Partido Patriota, entre ellos López Bonilla e incluso el propio presidente. Luego vinieron los casos de La Línea e IGSS-PISA y en estos días los actos de corrupción de la PNC que se calculan le han costado más de Q 50 millones al pueblo.
En el Organismo Legislativo la CICIG y el MP solicitaron antejuicio contra el diputado Baudilio Hichos por actos de corrupción. Pero el caso de Hichos no es más que un ejemplo, pues nuestro Congreso nunca fue la tribuna del debate político. Es por el contrario el Wall Street chapín y nuestros diputados son todos unos agentes de bolsa, ellos están allí por el jugoso dinero que dejan las contrataciones estatales y el nepotismo.
El Organismo Judicial está igual de manchado. Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ha sido asociada con el caso La Línea, su hijo con el caso IGSS-PISA y su cuñada (jueza Marta Stalling) aceptó sobornos del “bufete de la impunidad”.
La Corte de Constitucionalidad tampoco se queda atrás, con ese cuestionado amparo provisional que otorgó a Karen Fischer, el cual suspendió el antejuicio contra Otto Pérez. La CC en infinidad de ocasiones (ya es doctrina legal) ha dicho que el amparo sólo lo puede interponer la persona que sufre personalmente y directamente un agravio por un acto de la autoridad pública. ¿Qué agravio personal y directo le pudo haber causado a la abogada Fischer la resolución de la CSJ que le dio trámite al antejuicio?
Este panorama general de la política guatemalteca nos debería empujar a exigir las reformas que el país tanto necesita, pero el enorme problema es que las instituciones encargadas de llevar a cabo tales cambios son las mismas a las que no les conviene alterar el estatus quo: el Congreso y los partidos políticos.
El Congreso es el que tiene la facultad para reformar la Constitución, menos los artículos de los derechos individuales, y las leyes ordinarias. Si quisiéramos reformar al OJ y al Legislativo, ello tendría que pasar por el Congreso. Si se quiere hacer una Constitución totalmente nueva o reformar lo concerniente a los derechos individuales, ellos es mediante una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos candidatos a diputados serían patrocinados por los actuales partidos políticos.
Por el instinto de sobrevivencia impide a los políticos reformar al Estado de tal forma que ellos saldrían perdiendo. Por el contrario, si se les da el poder para hacer reformas serías a la Constitución, las harían de tal forma que el país terminaría en una situación más precaria.
Por esta razón sostengo que el Estado de Guatemala es la trampa perfecta: es irreformable.
Hay consenso en Guatemala, el país del eterno desacuerdo, en que el Estado no funciona para nada. Esto ya se sabía de qué tiempos, pero nos hacía falta que el olor a podrido se levantara hasta nuestras narices para que nos sintiéramos ofendidos. Ahora que Estados Unidos, a través de su subsidiaria local, la CICIG, y el Ministerio Público, han venido a barrer la casa, toda la mugre se soltó y en serio apesta.
En el Organismo Ejecutivo se han hecho públicos cuatro escándalos que convirtieron al gobierno de Otto Pérez, como bien señala el editorial de Prensa Libre, en uno de los que más actos de corrupción ha acumulado en tan poco tiempo. El primero fue el control de las cárceles que lleva a cabo el reo Byron Lima, compadre de miembros del Partido Patriota, entre ellos López Bonilla e incluso el propio presidente. Luego vinieron los casos de La Línea e IGSS-PISA y en estos días los actos de corrupción de la PNC que se calculan le han costado más de Q 50 millones al pueblo.
En el Organismo Legislativo la CICIG y el MP solicitaron antejuicio contra el diputado Baudilio Hichos por actos de corrupción. Pero el caso de Hichos no es más que un ejemplo, pues nuestro Congreso nunca fue la tribuna del debate político. Es por el contrario el Wall Street chapín y nuestros diputados son todos unos agentes de bolsa, ellos están allí por el jugoso dinero que dejan las contrataciones estatales y el nepotismo.
El Organismo Judicial está igual de manchado. Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ha sido asociada con el caso La Línea, su hijo con el caso IGSS-PISA y su cuñada (jueza Marta Stalling) aceptó sobornos del “bufete de la impunidad”.
La Corte de Constitucionalidad tampoco se queda atrás, con ese cuestionado amparo provisional que otorgó a Karen Fischer, el cual suspendió el antejuicio contra Otto Pérez. La CC en infinidad de ocasiones (ya es doctrina legal) ha dicho que el amparo sólo lo puede interponer la persona que sufre personalmente y directamente un agravio por un acto de la autoridad pública. ¿Qué agravio personal y directo le pudo haber causado a la abogada Fischer la resolución de la CSJ que le dio trámite al antejuicio?
Este panorama general de la política guatemalteca nos debería empujar a exigir las reformas que el país tanto necesita, pero el enorme problema es que las instituciones encargadas de llevar a cabo tales cambios son las mismas a las que no les conviene alterar el estatus quo: el Congreso y los partidos políticos.
El Congreso es el que tiene la facultad para reformar la Constitución, menos los artículos de los derechos individuales, y las leyes ordinarias. Si quisiéramos reformar al OJ y al Legislativo, ello tendría que pasar por el Congreso. Si se quiere hacer una Constitución totalmente nueva o reformar lo concerniente a los derechos individuales, ellos es mediante una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos candidatos a diputados serían patrocinados por los actuales partidos políticos.
Por el instinto de sobrevivencia impide a los políticos reformar al Estado de tal forma que ellos saldrían perdiendo. Por el contrario, si se les da el poder para hacer reformas serías a la Constitución, las harían de tal forma que el país terminaría en una situación más precaria.
Por esta razón sostengo que el Estado de Guatemala es la trampa perfecta: es irreformable.