Los recientes escándalos de corrupción en el Ejecutivo y la crisis política que se ha generado en el país, que comienza a expandirse hacia los demás organismos del Estado en la medida en que más investigaciones salen a luz pública, muestra cómo las instituciones guatemaltecas son débiles y en general la población tiene poca confianza en ellas. La principal razón de la falta de confianza de la población hacia las instituciones, está directamente relacionado a la percepción de corrupción que existe hacia las diferentes organizaciones del Estado.
La corrupción, tradicionalmente definida como el uso de poder público para fines privados, depende del individuo y no del sistema, como algunos analistas quisieran hacernos ver. Es una decisión personal que está directamente influenciada por el grado de impunidad que se perciba.
Para recuperar la confianza, lo peor que podemos hacer es romper las reglas bajo la excusa de que “la población lo demanda o que hay un clamor popular”, esto nos llevaría a aplicar las leyes de manera antojadiza y debilitaría aún más nuestras instituciones. Algunas organizaciones están queriendo jugar con esta idea, llamando a que se trasladen las elecciones generales para otra fecha (cuando la ley es clara en que no se puede, debido a que este proceso electoral ya comenzó). En este aspecto el Tribunal Supremo Electoral debe ser firme y no titubear en aplicar la ley, no podemos comenzar a cambiar las reglas solo porque nos parece lo correcto.
La última publicación de la asociación Proyecto para la Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés), delimita el tema prioritario sobre el cual Guatemala debe trabajar si desea mejorar la confianza de la población hacia sus instituciones y elevar el Estado de Derecho: reducir la corrupción. Este es el tema sobre el cual los candidatos deben centrar sus propuestas si desean que la población comience a recuperar la confianza hacia ellos. No con anuncios, sino con propuestas.
La sociedad debe exigir acciones concretas de parte de sus candidatos para reducir la corrupción, por ejemplo que todas las instituciones públicas tengan sus registros administrativos y contables en el sistema integrado de administración financiera como lo manda la ley, ya que algunas organizaciones todavía no lo aplican y esto debilita la forma en que la población puede exigir a los cuentadantes que sean responsables por sus acciones y respondan ante la ley, siguiendo el debido proceso. Esto es lo que ayudará a recuperar la confianza de la población hacia sus líderes políticos. @jczapata_s
Los recientes escándalos de corrupción en el Ejecutivo y la crisis política que se ha generado en el país, que comienza a expandirse hacia los demás organismos del Estado en la medida en que más investigaciones salen a luz pública, muestra cómo las instituciones guatemaltecas son débiles y en general la población tiene poca confianza en ellas. La principal razón de la falta de confianza de la población hacia las instituciones, está directamente relacionado a la percepción de corrupción que existe hacia las diferentes organizaciones del Estado.
La corrupción, tradicionalmente definida como el uso de poder público para fines privados, depende del individuo y no del sistema, como algunos analistas quisieran hacernos ver. Es una decisión personal que está directamente influenciada por el grado de impunidad que se perciba.
Para recuperar la confianza, lo peor que podemos hacer es romper las reglas bajo la excusa de que “la población lo demanda o que hay un clamor popular”, esto nos llevaría a aplicar las leyes de manera antojadiza y debilitaría aún más nuestras instituciones. Algunas organizaciones están queriendo jugar con esta idea, llamando a que se trasladen las elecciones generales para otra fecha (cuando la ley es clara en que no se puede, debido a que este proceso electoral ya comenzó). En este aspecto el Tribunal Supremo Electoral debe ser firme y no titubear en aplicar la ley, no podemos comenzar a cambiar las reglas solo porque nos parece lo correcto.
La última publicación de la asociación Proyecto para la Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés), delimita el tema prioritario sobre el cual Guatemala debe trabajar si desea mejorar la confianza de la población hacia sus instituciones y elevar el Estado de Derecho: reducir la corrupción. Este es el tema sobre el cual los candidatos deben centrar sus propuestas si desean que la población comience a recuperar la confianza hacia ellos. No con anuncios, sino con propuestas.
La sociedad debe exigir acciones concretas de parte de sus candidatos para reducir la corrupción, por ejemplo que todas las instituciones públicas tengan sus registros administrativos y contables en el sistema integrado de administración financiera como lo manda la ley, ya que algunas organizaciones todavía no lo aplican y esto debilita la forma en que la población puede exigir a los cuentadantes que sean responsables por sus acciones y respondan ante la ley, siguiendo el debido proceso. Esto es lo que ayudará a recuperar la confianza de la población hacia sus líderes políticos. @jczapata_s