Hace algunos días trascendió en los medios que 137 trabajadores del CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) habían sido removidos de sus cargos. Aunque la noticia tuvo poca cobertura no dejó de causar sobresalto en algunos formadores de opinión y organizaciones ambientalistas.
En lo personal, considero que esos reacomodos políticos no son más que alegrones a medias para quienes anhelamos una Guatemala más verde bajo el principio de Gobierno Limitado. Este principio del liberalismo clásico define la necesidad de un gobierno supeditado única y exclusivamente a sus tres funciones propias: seguridad, justicia y gestión de algunas obras públicas.
No es de su competencia la administración de áreas protegidas ni la conservación de la “diversidad biológica”. Y no lo es sencillamente porque ello le desvirtua de su naturaleza y lo desconcentra de sus funciones propias. No lo es tampoco porque asumir esa función genera un relajamiento de la responsabilidad de los ciudadanos de ejercer un rol que, bajo un sistema de claros derechos de propiedad y de justicia, harían y mucho mejor.
He dicho reiteradamente en este espacio que el sector ambiental de Guatemala y America Latina urge cambios radicales, mismos que estoy seguro no llegarán hasta que no exista un cambio de igual proporción en la opinión pública y esta a su vez no se canalice pacíficamente a través de un programa político verdaderamente innovador. Uno de los cambios concretos que urge en nuestro país, es el cierre total de sus entidades gubernamentales encargadas de la protección ambiental.
Los ministerios, comisiones o consejos e institutos descentralizados no han generado ningún cambio sustancial en el desempeño ambiental de ningún país del mundo. Nunca lo han hecho en el pasado. Cuando uno observa los rankings de mejor desempeño ambiental uno advierte que los países que, por ejemplo, tienen menor cantidad de partículas contaminantes en suspensión (contaminación del aire local) son aquellos que tienen instituciones jurídicas y económicas más sólidas y no precisamente “burocracia eficiente”, a saber: sistema republicano o de división de poderes, jueces vitalicios, independencia administrativa del sistema de justicia, altos presupuestos a los entes engargados de la seguridad y la investigación criminal, y por supuesto, claros derechos de propiedad sobre los recursos naturales.
Ciertamente estos países, digamos Suiza, Luxemburgo o Australia, tienen sus equivalentes a los Ministerios de Ambiente pero curiosamente no es precisamente por ello que el desempeño ambiental sea bueno sino lo es “a pesar de ellos”. La gran cantidad de legislación que enmaraña el ordenamiento jurídico y legal de los países hacen crecer la burocracia y por tanto el peso del gobierno sobre los ciudadanos mediante impuestos. Aún así en estos países el emprendimiento y los niveles de innovación han sido superiores a la velocidad de los legisladores y burócratas en crear trabas en estos rubros. ¡Imagina estos países sin legislación ambiental que obstaculice el emprendimiento!
Cuando observo estas decisiones de los gobernantes, sobre rescindir contratos en una institución ambiental, realmente me entristezco porque me percato de que no es para “devolver” a los ciudadanos la libertad de elegir el uso de su propiedad ni “dejar” en ellos la responsabilidad de conservar y multiplicar los recursos naturales, sino es simplemente para “fortalecer” aquellas oficinas de permisos y modificar el juego de fuerzas políticas.
No sé cuál sea la visión del nuevo gobierno ejecutivo y legislativo sobre el tema ambiental. A juzgar por el pasado y las ideas predominantes (cambio climático, pacto ambiental, etc.) poco habrá de cambiar. Los cambios venideros en la dirección de instituciones como el INAB, el CONAP o el MARN no son más que reacomodos políticos del momento. En algunas organismos esos movimientos se sostienen por más tiempo que otras pero al fin y al cabo ocurre más de lo mismo: el deterioro de los recursos naturales, búsqueda de rentas y corrupción.
Es momento entonces y de cara a la nueva etapa que inician países como Guatemala, Venezuela y Argentina, y sin depositar ni un ápice de ilusión política sobre estos nuevos gobiernos, de proponer a la opinión pública la necesidad de cerrar los organismos encargados del desempeño ambiental y substituirles por verdaderas Instituciones. Y ello me conduce a reiterar la necesidad de derogar las leyes que las justifican y las crean, empezando por cuestionar los “Considerandos” de semejante positivismo jurídico. Para luego dar lugar a convertir esos organismos en Comisiones Transitorias (4 años) que, con el 10% de sus presupuestos actuales y personal, propongan un sistema jurídico y legal que posibilite la privatización, así sin miedo, de las áreas protegidas, los bosques, el agua y el subsuelo de los paises latinoamericanos. Ello implicará eliminar y/o modificar artículos Constituciónales (Art. 121 en el caso guatemalteco), pero nada más urgente que eso. Invito a explorar la propuesta que en este sentido hace para la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) mi profesor y amigo Jay Lehr.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus artículos se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y Notiminuto (Venezuela).
Hace algunos días trascendió en los medios que 137 trabajadores del CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) habían sido removidos de sus cargos. Aunque la noticia tuvo poca cobertura no dejó de causar sobresalto en algunos formadores de opinión y organizaciones ambientalistas.
En lo personal, considero que esos reacomodos políticos no son más que alegrones a medias para quienes anhelamos una Guatemala más verde bajo el principio de Gobierno Limitado. Este principio del liberalismo clásico define la necesidad de un gobierno supeditado única y exclusivamente a sus tres funciones propias: seguridad, justicia y gestión de algunas obras públicas.
No es de su competencia la administración de áreas protegidas ni la conservación de la “diversidad biológica”. Y no lo es sencillamente porque ello le desvirtua de su naturaleza y lo desconcentra de sus funciones propias. No lo es tampoco porque asumir esa función genera un relajamiento de la responsabilidad de los ciudadanos de ejercer un rol que, bajo un sistema de claros derechos de propiedad y de justicia, harían y mucho mejor.
He dicho reiteradamente en este espacio que el sector ambiental de Guatemala y America Latina urge cambios radicales, mismos que estoy seguro no llegarán hasta que no exista un cambio de igual proporción en la opinión pública y esta a su vez no se canalice pacíficamente a través de un programa político verdaderamente innovador. Uno de los cambios concretos que urge en nuestro país, es el cierre total de sus entidades gubernamentales encargadas de la protección ambiental.
Los ministerios, comisiones o consejos e institutos descentralizados no han generado ningún cambio sustancial en el desempeño ambiental de ningún país del mundo. Nunca lo han hecho en el pasado. Cuando uno observa los rankings de mejor desempeño ambiental uno advierte que los países que, por ejemplo, tienen menor cantidad de partículas contaminantes en suspensión (contaminación del aire local) son aquellos que tienen instituciones jurídicas y económicas más sólidas y no precisamente “burocracia eficiente”, a saber: sistema republicano o de división de poderes, jueces vitalicios, independencia administrativa del sistema de justicia, altos presupuestos a los entes engargados de la seguridad y la investigación criminal, y por supuesto, claros derechos de propiedad sobre los recursos naturales.
Ciertamente estos países, digamos Suiza, Luxemburgo o Australia, tienen sus equivalentes a los Ministerios de Ambiente pero curiosamente no es precisamente por ello que el desempeño ambiental sea bueno sino lo es “a pesar de ellos”. La gran cantidad de legislación que enmaraña el ordenamiento jurídico y legal de los países hacen crecer la burocracia y por tanto el peso del gobierno sobre los ciudadanos mediante impuestos. Aún así en estos países el emprendimiento y los niveles de innovación han sido superiores a la velocidad de los legisladores y burócratas en crear trabas en estos rubros. ¡Imagina estos países sin legislación ambiental que obstaculice el emprendimiento!
Cuando observo estas decisiones de los gobernantes, sobre rescindir contratos en una institución ambiental, realmente me entristezco porque me percato de que no es para “devolver” a los ciudadanos la libertad de elegir el uso de su propiedad ni “dejar” en ellos la responsabilidad de conservar y multiplicar los recursos naturales, sino es simplemente para “fortalecer” aquellas oficinas de permisos y modificar el juego de fuerzas políticas.
No sé cuál sea la visión del nuevo gobierno ejecutivo y legislativo sobre el tema ambiental. A juzgar por el pasado y las ideas predominantes (cambio climático, pacto ambiental, etc.) poco habrá de cambiar. Los cambios venideros en la dirección de instituciones como el INAB, el CONAP o el MARN no son más que reacomodos políticos del momento. En algunas organismos esos movimientos se sostienen por más tiempo que otras pero al fin y al cabo ocurre más de lo mismo: el deterioro de los recursos naturales, búsqueda de rentas y corrupción.
Es momento entonces y de cara a la nueva etapa que inician países como Guatemala, Venezuela y Argentina, y sin depositar ni un ápice de ilusión política sobre estos nuevos gobiernos, de proponer a la opinión pública la necesidad de cerrar los organismos encargados del desempeño ambiental y substituirles por verdaderas Instituciones. Y ello me conduce a reiterar la necesidad de derogar las leyes que las justifican y las crean, empezando por cuestionar los “Considerandos” de semejante positivismo jurídico. Para luego dar lugar a convertir esos organismos en Comisiones Transitorias (4 años) que, con el 10% de sus presupuestos actuales y personal, propongan un sistema jurídico y legal que posibilite la privatización, así sin miedo, de las áreas protegidas, los bosques, el agua y el subsuelo de los paises latinoamericanos. Ello implicará eliminar y/o modificar artículos Constituciónales (Art. 121 en el caso guatemalteco), pero nada más urgente que eso. Invito a explorar la propuesta que en este sentido hace para la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) mi profesor y amigo Jay Lehr.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus artículos se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y Notiminuto (Venezuela).