Años antes de la firma de la Paz en Guatemala, las organizaciones terroristas comprendieron que habían perdido la guerra militarmente, no lograron respaldo popular como en El Salvador o Nicaragua; los intereses económicos y de protagonismo de cada uno de sus dirigentes estaban desgastando aún más su “lucha”, anticiparon que la derrota era inminente. Fue entonces que concibieron la estrategia de pasar a un plano mediático/jurídico como mecanismo para lograr agenciarse de fondos, y vengarse de quienes con honor y de frente los vencieron en combate. Como las mismas organizaciones subversivas han reconocido, los Acuerdos de Paz para ellos no significaron rendición sino la transformación de su lucha.

El primer paso de la izquierda afín a la guerrilla, fue manipular la historia, defenestrar al Ejército de Guatemala y adjudicarle responsabilidad casi total de los excesos de 36 años de guerra, escondiendo sus propias atrocidades para mostrarse al mundo como “jóvenes idealistas”, incluso como “víctimas”. Crearon, para servir a sus intereses, una Comisión de Esclarecimiento Histórico –sesgada y copada por personajes vinculados a estas mismas organizaciones subversivas-, redactaron un “informe” que valida su versión y lo presentaron como “escrito en piedra”, incuestionable, para utilizarlo no sólo como factor de propaganda internacional y así obtener financiamiento, sino también como base de la venganza judicial contra sus enemigos que ya venían preparando con testigos, víctimas y evidencia falsos, pero también con peritos y jueces parciales, en procesos ilegales o amañados.

Hay Otra Memoria Histórica y debe darse a conocer. Es falso que el Ejército haya provocado el 95% de las muertes durante el Conflicto Armado. A la CEH se le presentaron 10,000 folios con registros detallados de los crímenes cometidos por la guerrilla y fueron excluidos por los comisionados Otilia Lux de Cotí, Alejandro Balsells Tojo y Christian Toumushat, convenientemente ignorados para alterar las proporciones de responsabilidad, para encubrir o minimizar 36 años de sabotajes, extorsión, destrucción de infraestructura, secuestros, asesinatos y atentados con bombas. Esa tal Comisión de “Esclarecimiento Histórico” fue conformada solamente por integrantes de la izquierda retrógrada y con un marcado odio por el Ejército, este último sin representación en dicha entidad.

Es igualmente falsa la cifra de 200,000 muertes derivadas del Conflicto Armado. Este total se obtuvo mediante estimaciones estadísticas sin respaldo, cuyas fórmulas pueden alterarse arbitrariamente para obtener el resultado que el “analista” quiera o necesite, con tan solo manipular cualquiera de las variables. Si queremos una aproximación a los datos reales es indispensable leer la obra Guatemala la Historia Silenciada, del investigador, escritor, historiador y economista argentino Dr. Carlos Sabino. En esta investigación imparcial se logró establecer, recopilando notas de prensa, testimonios, documentos oficiales y otras fuentes, que este total no sobrepasa las 40,000 víctimas fatales durante los 36 años de guerra. Una tasa de 3 muertes diarias, muy inferior a los 12 cada día que tenemos actualmente en “tiempos de Paz”.

Varios de los testimonios descritos en el informe de la CEH y que narran historias exageradas como “le abrió el estómago a una mujer embarazada con una bayoneta y extrajeron el feto para somatarlo contra una piedra”, son ficticios. Es necesario aclarar que tanto el informe de la ODHAG, Guatemala: Nunca Más, como el de la CEH, Guatemala Memoria del Silencio, se basan en testimonios anónimos identificados únicamente con un número correlativo, pero cuya veracidad no puede comprobarse ya que se encuentra cubiertos con el escudo de la “confidencialidad” para no “revictimizar a las víctimas” como argumentan lo oenegeros. ¿Usted cree en la palabra de los activistas de Derechos Humanos? Yo definitivamente no, y por ello considero que dichos testimonios no sólo son parcializados en contra del Ejército, sino también de nula credibilidad.

Por muchos años estos vividores que lucran del discurso falaz de la “defensa de los DDHH” han tergiversado los hechos del Conflicto Armado, para obtener millonarios resarcimientos por demandas espurias contra el Estado. Cada sentencia significa jugosas remuneraciones pagadas con los impuestos de los guatemaltecos, por supuestos hechos cometidos en una guerra provocada por organizaciones terroristas para imponer por la fuerza una dictadura totalitaria comunista. No permitamos que los guerrilleros vendan una idea romántica de su “lucha revolucionaria”, eran y siguen siendo terroristas asesinos que mediante la sangre, la destrucción y la muerte intentaron –sin lograrlo gracias al Ejército- asaltar el poder para instaurar la “dictadura del proletariado” versión cubana. Cientos de millones de quetzales que deberían asignarse a temas como salud, seguridad, justicia, educación o infraestructura, terminan en los bolsillos de personajes nefastos como Mario Polanco, Rigoberta Menchú, Helen Mack o Nery Rodenas.

O le damos la vuelta a esta dolorosa página y se respeta el acuerdo de amnistía general, para todas las partes, o entonces empecemos a juzgar a los terroristas del EGP, FAR, PGT, ORPA y URNG. Si la “justicia” es parcial, no puede llamarse Justicia, sino una vil venganza con intereses de lucro.