La semana pasada la Corte de Constitucionalidad suspendió la implementación de los salarios mínimos diferenciados que los alcaldes de cuatro municipios venían impulsando, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo digno en sus municipios y elevar el ingreso real de su población. Lastimosamente, por argumentos legales sin sustento económico, la Corte decidió de manera unánime que el proceso no era viable.
Lejos de ver esto como algo negativo que dejará a muchas personas sin la oportunidad real de acceder a un empleo formal, tenemos que lograr unir posiciones: Por un lado están aquellos que con una excelente intensión, pero poco realista, ven que lo que se ofrecía era muy poco “para sobrevivir” y sienten que se quiere “explotar al trabajador”, sin tomar en cuenta que la alternativa es que no existan oportunidades y que no se tenga nada. Del otro lado, se encuentran quienes como yo, pensamos que dentro de la formalidad es más fácil pensar en que la productividad del trabajador se eleva y entonces suben más rápido los ingresos reales, permitiendo que personas que hoy ganan ingresos bajos en la informalidad, tengan un salario formal con prestaciones e ingresos reales por encima de lo que hoy perciben.
Independientemente de las posturas, si la opinión de la Corte es que legalmente no es posible, tenemos que comenzar a pensar de manera conjunta en alternativas como las que han adoptado otros países. Se debe desempolvar la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que permita el trabajo a tiempo parcial, para que empresas intensivas en mano de obra puedan contratar con prestaciones legales a las personas de manera más flexible y que la medida bajo el cual se remunere sea la hora trabajada.
Este tipo de iniciativas se vuelven crucialmente importantes para fomentar el trabajo en sectores de subcontratación de procesos de negociación (Business Process Outsourcing o BPO por sus siglas en inglés), en el sector de turismo o de manufactura ligera, ya que permite que se mejore la productividad de las empresas al poder contratar a personas cuando existan períodos de mayor demanda.
Sin embargo, aún y cuando logremos más empleos para personas en las áreas urbanas con este tipo de iniciativas, esto no resolverá el tema de cómo elevar la productividad en las áreas rurales. Es por ello que el próximo Gobierno deberá retomar la discusión de acciones puntales para incentivar a que la inversión no se realice solo en el área metropolitana, sino que existan deducciones fiscales si se invierte en la provincia. Tenemos que ser más pragmáticos para generar oportunidades e implementar políticas que nos permitan ser más productivos. @jczapata_s
La semana pasada la Corte de Constitucionalidad suspendió la implementación de los salarios mínimos diferenciados que los alcaldes de cuatro municipios venían impulsando, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo digno en sus municipios y elevar el ingreso real de su población. Lastimosamente, por argumentos legales sin sustento económico, la Corte decidió de manera unánime que el proceso no era viable.
Lejos de ver esto como algo negativo que dejará a muchas personas sin la oportunidad real de acceder a un empleo formal, tenemos que lograr unir posiciones: Por un lado están aquellos que con una excelente intensión, pero poco realista, ven que lo que se ofrecía era muy poco “para sobrevivir” y sienten que se quiere “explotar al trabajador”, sin tomar en cuenta que la alternativa es que no existan oportunidades y que no se tenga nada. Del otro lado, se encuentran quienes como yo, pensamos que dentro de la formalidad es más fácil pensar en que la productividad del trabajador se eleva y entonces suben más rápido los ingresos reales, permitiendo que personas que hoy ganan ingresos bajos en la informalidad, tengan un salario formal con prestaciones e ingresos reales por encima de lo que hoy perciben.
Independientemente de las posturas, si la opinión de la Corte es que legalmente no es posible, tenemos que comenzar a pensar de manera conjunta en alternativas como las que han adoptado otros países. Se debe desempolvar la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que permita el trabajo a tiempo parcial, para que empresas intensivas en mano de obra puedan contratar con prestaciones legales a las personas de manera más flexible y que la medida bajo el cual se remunere sea la hora trabajada.
Este tipo de iniciativas se vuelven crucialmente importantes para fomentar el trabajo en sectores de subcontratación de procesos de negociación (Business Process Outsourcing o BPO por sus siglas en inglés), en el sector de turismo o de manufactura ligera, ya que permite que se mejore la productividad de las empresas al poder contratar a personas cuando existan períodos de mayor demanda.
Sin embargo, aún y cuando logremos más empleos para personas en las áreas urbanas con este tipo de iniciativas, esto no resolverá el tema de cómo elevar la productividad en las áreas rurales. Es por ello que el próximo Gobierno deberá retomar la discusión de acciones puntales para incentivar a que la inversión no se realice solo en el área metropolitana, sino que existan deducciones fiscales si se invierte en la provincia. Tenemos que ser más pragmáticos para generar oportunidades e implementar políticas que nos permitan ser más productivos. @jczapata_s