Por José Carlos Ortega Santa Cruz
Ya a finales de los años 80 del siglo pasado, se suscitó dentro de la Universidad de San Carlos, mi primera casa de estudio, y de lo cual conocí un poco por estar involucrado parcialmente en la mal llamada Reforma Universitaria de la época, de la cual tuvimos como resultado un par de decenas de estudiantes desaparecidos, de los cuales al ser cuestionado el entonces presidente Vinicio Cerezo, respondía con su hasta hoy característico tonillo que se preguntara dentro de los mismos corrillos universitarios por la suerte de los mismos, lo cual hacía suponer que el statu quo universitario, cooptado por los ideólogos, y no tan ideólogos, de la izquierda radical, terrorista e insurgente, que cual cabeza de playa, y a costa del sacrificio de la vida de varios catedráticos o su renuncia a su fuente de ingresos y vocación, amenazados para poder insertar a sus miembros. Durante las discusiones que tuvimos en nuestra facultad, analizando lo que nos permitían de los presupuestos, encontramos, ya en ese tiempo, que los jardineros y conserjes de nuestra casa de estudio percibían ingresos superiores a lo que varios catedráticos a tiempo completo recibían. Y como resultado de esto, como cualquier economista que utilice la lógica podrá sospechar, muchos de ellos no trabajaban ya allí, sino que contrataban a terceros, les pagaban el salario mínimo, o menos, y ellos apenas si llegaban a supervisar el trabajo de vez en vez.
Es decir, el famoso pacto colectivo de los trabajadores, no catedráticos, ya en ese entonces otorgaba “privilegios” a personas que realizaban trabajos, dignos, pero que el mercado no reconoce como de mayor valor monetario, y que tampoco los mismos inamovibles “trabajadores” universitarios valoraban tal cual. Apenas el costo de oportunidad les permitió a ellos cambiar de actividad, pasaron a realizar otras actividades y a contratar a otros a realizar las obligaciones propias.
El pacto colectivo, los arreglos que se ven en el Congreso de la República me han traído todo esto a la memoria. Aunque aquí todavía las situación es más perversa porque los puestos han sido cooptados, la mayor parte de las veces por los parientes y allegados de los diputados y sus partidos, y en muchos de los casos, el “trabajador” del PL (Palacio Legislativo y símbolo que portan la mayoría de los que sí asisten en sus bonitas chaquetas que también debiéramos saber cuánto cuestan…), tiene que pagarle al diputado o al partido un vuelto o pagarle de su sueldo a otras personas que allí laboran. ¡Perverso!
Y es que, como bien dice el dicho, “como no es mi pisto, hagámoslo circo”… El dinero que reparte el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública a través del mal recordado y recién fallecido Luis Lara (“que Dios lo haya perdonado” dirían las abuelas, como decían de aquellos que no vivieron una vida decorosa), del Ministerio de Educación y otros tantísimos pactos colectivos que se hacen con el dinero de otros, el suyo y el mío, no importa su costo, lo único que importa es el logro de la conquista… y el despilfarro. ¿Dónde queda el papel vigilante de empleados y sindicatos del mal uso, corrupción, robo, fraude, estafa que se realiza todos los días frente a sus narices?
La Guatemala que todos queremos no cambia únicamente de presidente y autoridades ejecutivas, tiene que cambiar a todo nivel, generando sistemas de control, pesos y contrapesos, fiscalización para todo lo que se hace con nuestro dinero. Es de allí imperante que podamos, al iniciar este nuevo gobierno, proponer leyes que regulen estos “abusos colectivos”, exigir a las entidades como la Procuraduría General de la Nación que accione contra ellos, al igual uso y desuso por medio de la Contraloría General de Cuentas. Un buen inicio para este nuevo gobierno y nueva legislatura debe responder al interés nacional, que no va contra ningún derecho fundamental, y regularlos de forma que no atenten contra la gobernabilidad, el funcionamiento y las funciones del Estado.
Por José Carlos Ortega Santa Cruz
Ya a finales de los años 80 del siglo pasado, se suscitó dentro de la Universidad de San Carlos, mi primera casa de estudio, y de lo cual conocí un poco por estar involucrado parcialmente en la mal llamada Reforma Universitaria de la época, de la cual tuvimos como resultado un par de decenas de estudiantes desaparecidos, de los cuales al ser cuestionado el entonces presidente Vinicio Cerezo, respondía con su hasta hoy característico tonillo que se preguntara dentro de los mismos corrillos universitarios por la suerte de los mismos, lo cual hacía suponer que el statu quo universitario, cooptado por los ideólogos, y no tan ideólogos, de la izquierda radical, terrorista e insurgente, que cual cabeza de playa, y a costa del sacrificio de la vida de varios catedráticos o su renuncia a su fuente de ingresos y vocación, amenazados para poder insertar a sus miembros. Durante las discusiones que tuvimos en nuestra facultad, analizando lo que nos permitían de los presupuestos, encontramos, ya en ese tiempo, que los jardineros y conserjes de nuestra casa de estudio percibían ingresos superiores a lo que varios catedráticos a tiempo completo recibían. Y como resultado de esto, como cualquier economista que utilice la lógica podrá sospechar, muchos de ellos no trabajaban ya allí, sino que contrataban a terceros, les pagaban el salario mínimo, o menos, y ellos apenas si llegaban a supervisar el trabajo de vez en vez.
Es decir, el famoso pacto colectivo de los trabajadores, no catedráticos, ya en ese entonces otorgaba “privilegios” a personas que realizaban trabajos, dignos, pero que el mercado no reconoce como de mayor valor monetario, y que tampoco los mismos inamovibles “trabajadores” universitarios valoraban tal cual. Apenas el costo de oportunidad les permitió a ellos cambiar de actividad, pasaron a realizar otras actividades y a contratar a otros a realizar las obligaciones propias.
El pacto colectivo, los arreglos que se ven en el Congreso de la República me han traído todo esto a la memoria. Aunque aquí todavía las situación es más perversa porque los puestos han sido cooptados, la mayor parte de las veces por los parientes y allegados de los diputados y sus partidos, y en muchos de los casos, el “trabajador” del PL (Palacio Legislativo y símbolo que portan la mayoría de los que sí asisten en sus bonitas chaquetas que también debiéramos saber cuánto cuestan…), tiene que pagarle al diputado o al partido un vuelto o pagarle de su sueldo a otras personas que allí laboran. ¡Perverso!
Y es que, como bien dice el dicho, “como no es mi pisto, hagámoslo circo”… El dinero que reparte el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública a través del mal recordado y recién fallecido Luis Lara (“que Dios lo haya perdonado” dirían las abuelas, como decían de aquellos que no vivieron una vida decorosa), del Ministerio de Educación y otros tantísimos pactos colectivos que se hacen con el dinero de otros, el suyo y el mío, no importa su costo, lo único que importa es el logro de la conquista… y el despilfarro. ¿Dónde queda el papel vigilante de empleados y sindicatos del mal uso, corrupción, robo, fraude, estafa que se realiza todos los días frente a sus narices?
La Guatemala que todos queremos no cambia únicamente de presidente y autoridades ejecutivas, tiene que cambiar a todo nivel, generando sistemas de control, pesos y contrapesos, fiscalización para todo lo que se hace con nuestro dinero. Es de allí imperante que podamos, al iniciar este nuevo gobierno, proponer leyes que regulen estos “abusos colectivos”, exigir a las entidades como la Procuraduría General de la Nación que accione contra ellos, al igual uso y desuso por medio de la Contraloría General de Cuentas. Un buen inicio para este nuevo gobierno y nueva legislatura debe responder al interés nacional, que no va contra ningún derecho fundamental, y regularlos de forma que no atenten contra la gobernabilidad, el funcionamiento y las funciones del Estado.