Es increíble la arrogancia de la comunidad internacional en nuestro país. Expertos vienen, expertos van y a nuestras instituciones y a nuestra seguridad jurídica nadie la defiende ni nadie los confronta.
Viene la queja al caso, pues en una entrevista reciente en radio (en la que participé para oponerme a la aberración que quiere forzar aquí en Guatemala OACNUDH, CICIG y ONU, de hacer distingos raciales en el texto constitucional y crear una nueva especie de tribunales de fuero especial, solo que ahora raciales, con “autoridades ancestrales” para aplicar un derecho que no es ni ha sido proclamado por el Congreso) vi a “expertos extranjeros” norteamericanos y chilenos que no aplican ninguna jurisdicción racista en sus países querer venir a imponerla aquí en Guatemala. Ese “derecho ancestral indígena” que no está escrito en ningún lado, y que violará y colocará en una grave situación de inseguridad jurídica a todo el país, pues en potencia con la cantidad de cientos de poblaciones y comunidades con mayoría indígena, ese “derecho” podrá volver al país una torre de babel con decenas, o hasta cientos de tipos distintos de “derechos” indígenas, pues tratados como el 169 de la OIT están pensados para países con minorías indígenas y no para Guatemala, que tiene al menos el 50% de su población de origen indígena y muchísima más de origen mestizo, con lo cual la aplicación de cientos de tipos de derecho distintos se vuelve una aberración inconstitucional que viola el artículo 4 constitucional que obliga y manda a que todos los guatemaltecos somos iguales en dignidad y derechos; al igual que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que establece que no se pueden hacer distingos o discriminación legal o de ningún tipo entre ciudadanos por razón de su origen étnico, raza, opiniones, religión o extracto social.
Además de ello Guatemala es ya signataria del convenio 169 que tiene salvaguardias específicas que impiden que ese convenio viole la soberanía nacional o ponga en riesgo la integridad territorial de los estados soberanos, esas son las palabras textuales de ese instrumento internacional. Entonces, si ya se contempla con salvaguardias del debido proceso y de respeto a la Constitución y los Derechos Humanos en ese convenio, ¿por qué forzar una reforma constitucional que quiere imponer derecho racista y distinciones raciales en la Constitución de Guatemala, que ya tiene todo un capítulo sobre el reconocimiento de las costumbres, formas de organización comunitaria, traje indígena y las lenguas de los ciudadanos indígenas? ¿Por qué se empecina la comunidad internacional en seguir haciendo experimentos con la dignidad y soberanía guatemaltecas y destruir al país en una especie de “apartheid” racial de derecho aplicado según la etnia de las personas?
Increíble el silencio del Colegio de Abogados y de organizaciones jurídicas que dicen defender la constitución y el derecho en Guatemala ante semejante aberración anticonstitucional.
Muy encomiable la postura firme del Cacif, la Fundesa y la Cámara de Comercio en este tema específico de la reforma constitucional y en rechazar que se intenten hacer distingos raciales entre guatemaltecos iguales ante la Constitución y mis respetos para los distinguidos abogados y demás colegas del mundo jurídico que ya han alzado y siguen alzando la voz en contra de la destrucción de la Constitución Política de la Republica.
No tenemos por qué los guatemaltecos soportar que sean extranjeros, miembros de ONG y embajadas, burócratas que no pagan impuestos (pero que si quieren cobrarnos a nosotros ya pagamos miles de millones en impuestos al año, que paguemos más), y encima ahora manosear y mancillar la Constitución para forzar su particular aberración de dividir al país y al mundo en razas como si no hubiésemos aprendido de las aberraciones sudafricanas o nazis en el siglo XX.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Es increíble la arrogancia de la comunidad internacional en nuestro país. Expertos vienen, expertos van y a nuestras instituciones y a nuestra seguridad jurídica nadie la defiende ni nadie los confronta.
Viene la queja al caso, pues en una entrevista reciente en radio (en la que participé para oponerme a la aberración que quiere forzar aquí en Guatemala OACNUDH, CICIG y ONU, de hacer distingos raciales en el texto constitucional y crear una nueva especie de tribunales de fuero especial, solo que ahora raciales, con “autoridades ancestrales” para aplicar un derecho que no es ni ha sido proclamado por el Congreso) vi a “expertos extranjeros” norteamericanos y chilenos que no aplican ninguna jurisdicción racista en sus países querer venir a imponerla aquí en Guatemala. Ese “derecho ancestral indígena” que no está escrito en ningún lado, y que violará y colocará en una grave situación de inseguridad jurídica a todo el país, pues en potencia con la cantidad de cientos de poblaciones y comunidades con mayoría indígena, ese “derecho” podrá volver al país una torre de babel con decenas, o hasta cientos de tipos distintos de “derechos” indígenas, pues tratados como el 169 de la OIT están pensados para países con minorías indígenas y no para Guatemala, que tiene al menos el 50% de su población de origen indígena y muchísima más de origen mestizo, con lo cual la aplicación de cientos de tipos de derecho distintos se vuelve una aberración inconstitucional que viola el artículo 4 constitucional que obliga y manda a que todos los guatemaltecos somos iguales en dignidad y derechos; al igual que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que establece que no se pueden hacer distingos o discriminación legal o de ningún tipo entre ciudadanos por razón de su origen étnico, raza, opiniones, religión o extracto social.
Además de ello Guatemala es ya signataria del convenio 169 que tiene salvaguardias específicas que impiden que ese convenio viole la soberanía nacional o ponga en riesgo la integridad territorial de los estados soberanos, esas son las palabras textuales de ese instrumento internacional. Entonces, si ya se contempla con salvaguardias del debido proceso y de respeto a la Constitución y los Derechos Humanos en ese convenio, ¿por qué forzar una reforma constitucional que quiere imponer derecho racista y distinciones raciales en la Constitución de Guatemala, que ya tiene todo un capítulo sobre el reconocimiento de las costumbres, formas de organización comunitaria, traje indígena y las lenguas de los ciudadanos indígenas? ¿Por qué se empecina la comunidad internacional en seguir haciendo experimentos con la dignidad y soberanía guatemaltecas y destruir al país en una especie de “apartheid” racial de derecho aplicado según la etnia de las personas?
Increíble el silencio del Colegio de Abogados y de organizaciones jurídicas que dicen defender la constitución y el derecho en Guatemala ante semejante aberración anticonstitucional.
Muy encomiable la postura firme del Cacif, la Fundesa y la Cámara de Comercio en este tema específico de la reforma constitucional y en rechazar que se intenten hacer distingos raciales entre guatemaltecos iguales ante la Constitución y mis respetos para los distinguidos abogados y demás colegas del mundo jurídico que ya han alzado y siguen alzando la voz en contra de la destrucción de la Constitución Política de la Republica.
No tenemos por qué los guatemaltecos soportar que sean extranjeros, miembros de ONG y embajadas, burócratas que no pagan impuestos (pero que si quieren cobrarnos a nosotros ya pagamos miles de millones en impuestos al año, que paguemos más), y encima ahora manosear y mancillar la Constitución para forzar su particular aberración de dividir al país y al mundo en razas como si no hubiésemos aprendido de las aberraciones sudafricanas o nazis en el siglo XX.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo