Por Hernán Sarmiento
La franja transversal del norte del país, es una región con vastos recursos naturales en la que en los últimos 20 años se han instalado megaproyectos privados, buscando generar rentabilidad. Entre estas operaciones se encuentran hidroeléctricas, plantaciones de palma africana, minas de níquel y otros metales, un ingenio de azúcar que sucumbió ante la presión de grupos criminales asentados en la zona y la ya tradicional actividad de extracción de petróleo.
Todas las operaciones mencionadas anteriormente, colindan o se relacionan positiva o negativamente con comunidades indígenas productoras de cardamomo, única actividad que genera un ingreso en efectivo en la región. Estas comunidades también producen maíz y frijol en las tierras bajas, generalmente bajo sistemas de arriendo a los propietarios de las grandes fincas de las planicies, mismas que en los últimos años han sido compradas por las empresas productoras de aceite de palma o, en el caso del valle del Polochic por el Ingenio de azúcar establecido en el valle.
Ante la ocupación de las tierras bajas por las grandes empresas, las comunidades indígenas, se han quedado sin tierras aptas para el cultivo de maíz y frijol, lo que ocasiona dos efectos adversos sobre el medio ambiente: 1. Por un lado aumenta la tala y quema de los bosques naturales, para sembrar maíz y frijol, y 2. Aumenta la dependencia de los comunitarios de la venta de la madera y la leña de los mismos bosques naturales.
Este círculo vicioso, termina afectando directamente a las grandes plantaciones y a las hidroeléctricas, quienes ven reducidos sus caudales de agua, tanto para el riego agrícola, como para la generación de energía, lo que causa que las hidroeléctricas retengan el poco caudal y disminuyan drásticamente el volumen de agua disponible tierras abajo, afectando a las comunidades de las zonas costeras y las plantaciones agrícolas se ven obligadas a construir presas en los ríos, que causan el mismo efecto de reducción de agua en las comunidades más abajo.
Por otro lado, ante la ausencia del Estado en las regiones de influencia de las grandes empresas establecidas en la región, las comunidades se vuelcan sobre las empresas para pedir que los propietarios cumplan las funciones que el Gobierno de Guatemala, no está desarrollando en las áreas.
De esta manera tenemos grandes empresas en la región con amplios presupuestos privados (que por supuesto se suman al costo de operación y reducen la rentabilidad de los proyectos) para la implementación de programas de atención de salud, programas de educación, inversión en infraestructura, etc. Todas funciones que el Estado debería de estar cumpliendo, pero que simplemente ignora o se hace de la vista gorda, pero encima si presiona a las empresas, al pago de los impuestos correspondientes.
Se sobre un caso de una empresa que lleva 7 años gastando cerca de Q 2,5 Millones anuales, en obras sociales, atendiendo a los comunitarios desde la entrega de láminas de zinc, hasta el pago del funeral del vecino, porque simplemente a nadie más le importa, y las comunidades asumen que estos “millonarios inversionistas foráneos” les conviene o no los dejan operar, secuestrando a sus empleados, o quemando su maquinaria o tapando las carreteras. Y lo más dramático del caso, es que la empresa no ha podido instalar ni siquiera una sola piedra para iniciar su construcción, en su finca, en su propiedad privada, porque los comunitarios no se han puesto de acuerdo en cuanto más les van a exigir para dejarles trabajar. Les pregunto a los propietarios de esta empresa y muchas más de la región: ¿conviene continuar desperdiciando sus recursos de esta manera?, o sería más conveniente buscar otro país, en el que el estado si este realizando su labor, y que con el pago de los impuestos sea suficiente para cumplir con los compromisos sociales de la empresa.
Viendo estos casos, me recuerdo de los “comerciantes de la miseria” y sus empleados, muchos de los cuales, paradójicamente han sido contratados por estas empresas, y es la gente que en su “imaginarium” cree que las empresas deben cumplir con las obligaciones del estado y presionan a lo interno de las mismas para que se incremente el gasto social de la empresa. No dudo que haya muchos de estos que tienen arreglos con líderes comunitarios, con quienes acuerdan que se tapen las carreteras, o que se retengan a los empleados operativos, para que las empresas financien todo lo que las comunidades requieran, desde funerales hasta el nuevo vehículo para que los comunitarios puedan hacer sus gestiones a nivel municipal. Y aquí hago un llamado a los departamentos de recursos humanos de estas instituciones, a que hagan un análisis exhaustivo de sus empleados de las áreas sociales o de relaciones comunitarias, porque allí es donde están alimentando el problema de la conflictividad.
Si se enfoca bien el problema, nos podemos dar cuenta de que el asunto es un problema de ingresos para las comunitarios, quienes no tienen las capacidades empresariales necesarias para vender sus productos agrícolas a un precio razonable establecido por el mercado, que les permita una vida digna y a su vez reduzca la presión sobre las empresas y sobre el bosque. En ese sentido hago un llamado a las grandes empresas establecidas en el territorio, y a las autoridades de gobierno, principalmente al Ministerio de Economía y al PRONACOM, a que fomenten la empresarialidad en las comunidades de la región, ya no más programas sociales, ni proyectos ambientales que no pasan de regalar playeritas a los comunitarios, hay que enseñarles a ser empresarios. Esta es la única opción para levantar la competitividad de la zona y asegurar un crecimiento sostenible.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Por Hernán Sarmiento
La franja transversal del norte del país, es una región con vastos recursos naturales en la que en los últimos 20 años se han instalado megaproyectos privados, buscando generar rentabilidad. Entre estas operaciones se encuentran hidroeléctricas, plantaciones de palma africana, minas de níquel y otros metales, un ingenio de azúcar que sucumbió ante la presión de grupos criminales asentados en la zona y la ya tradicional actividad de extracción de petróleo.
Todas las operaciones mencionadas anteriormente, colindan o se relacionan positiva o negativamente con comunidades indígenas productoras de cardamomo, única actividad que genera un ingreso en efectivo en la región. Estas comunidades también producen maíz y frijol en las tierras bajas, generalmente bajo sistemas de arriendo a los propietarios de las grandes fincas de las planicies, mismas que en los últimos años han sido compradas por las empresas productoras de aceite de palma o, en el caso del valle del Polochic por el Ingenio de azúcar establecido en el valle.
Ante la ocupación de las tierras bajas por las grandes empresas, las comunidades indígenas, se han quedado sin tierras aptas para el cultivo de maíz y frijol, lo que ocasiona dos efectos adversos sobre el medio ambiente: 1. Por un lado aumenta la tala y quema de los bosques naturales, para sembrar maíz y frijol, y 2. Aumenta la dependencia de los comunitarios de la venta de la madera y la leña de los mismos bosques naturales.
Este círculo vicioso, termina afectando directamente a las grandes plantaciones y a las hidroeléctricas, quienes ven reducidos sus caudales de agua, tanto para el riego agrícola, como para la generación de energía, lo que causa que las hidroeléctricas retengan el poco caudal y disminuyan drásticamente el volumen de agua disponible tierras abajo, afectando a las comunidades de las zonas costeras y las plantaciones agrícolas se ven obligadas a construir presas en los ríos, que causan el mismo efecto de reducción de agua en las comunidades más abajo.
Por otro lado, ante la ausencia del Estado en las regiones de influencia de las grandes empresas establecidas en la región, las comunidades se vuelcan sobre las empresas para pedir que los propietarios cumplan las funciones que el Gobierno de Guatemala, no está desarrollando en las áreas.
De esta manera tenemos grandes empresas en la región con amplios presupuestos privados (que por supuesto se suman al costo de operación y reducen la rentabilidad de los proyectos) para la implementación de programas de atención de salud, programas de educación, inversión en infraestructura, etc. Todas funciones que el Estado debería de estar cumpliendo, pero que simplemente ignora o se hace de la vista gorda, pero encima si presiona a las empresas, al pago de los impuestos correspondientes.
Se sobre un caso de una empresa que lleva 7 años gastando cerca de Q 2,5 Millones anuales, en obras sociales, atendiendo a los comunitarios desde la entrega de láminas de zinc, hasta el pago del funeral del vecino, porque simplemente a nadie más le importa, y las comunidades asumen que estos “millonarios inversionistas foráneos” les conviene o no los dejan operar, secuestrando a sus empleados, o quemando su maquinaria o tapando las carreteras. Y lo más dramático del caso, es que la empresa no ha podido instalar ni siquiera una sola piedra para iniciar su construcción, en su finca, en su propiedad privada, porque los comunitarios no se han puesto de acuerdo en cuanto más les van a exigir para dejarles trabajar. Les pregunto a los propietarios de esta empresa y muchas más de la región: ¿conviene continuar desperdiciando sus recursos de esta manera?, o sería más conveniente buscar otro país, en el que el estado si este realizando su labor, y que con el pago de los impuestos sea suficiente para cumplir con los compromisos sociales de la empresa.
Viendo estos casos, me recuerdo de los “comerciantes de la miseria” y sus empleados, muchos de los cuales, paradójicamente han sido contratados por estas empresas, y es la gente que en su “imaginarium” cree que las empresas deben cumplir con las obligaciones del estado y presionan a lo interno de las mismas para que se incremente el gasto social de la empresa. No dudo que haya muchos de estos que tienen arreglos con líderes comunitarios, con quienes acuerdan que se tapen las carreteras, o que se retengan a los empleados operativos, para que las empresas financien todo lo que las comunidades requieran, desde funerales hasta el nuevo vehículo para que los comunitarios puedan hacer sus gestiones a nivel municipal. Y aquí hago un llamado a los departamentos de recursos humanos de estas instituciones, a que hagan un análisis exhaustivo de sus empleados de las áreas sociales o de relaciones comunitarias, porque allí es donde están alimentando el problema de la conflictividad.
Si se enfoca bien el problema, nos podemos dar cuenta de que el asunto es un problema de ingresos para las comunitarios, quienes no tienen las capacidades empresariales necesarias para vender sus productos agrícolas a un precio razonable establecido por el mercado, que les permita una vida digna y a su vez reduzca la presión sobre las empresas y sobre el bosque. En ese sentido hago un llamado a las grandes empresas establecidas en el territorio, y a las autoridades de gobierno, principalmente al Ministerio de Economía y al PRONACOM, a que fomenten la empresarialidad en las comunidades de la región, ya no más programas sociales, ni proyectos ambientales que no pasan de regalar playeritas a los comunitarios, hay que enseñarles a ser empresarios. Esta es la única opción para levantar la competitividad de la zona y asegurar un crecimiento sostenible.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo