A veces es difícil aceptar que necesitamos más diálogo. Me refiero específicamente a las marchas masivas que bloquean el paso a todos, o los bloqueos que hacen en carreteras con tres palos y dos piedras. Las demandas son ilegítimas, en la mayoría de los casos, pues hacen la “lista de Santa Claus” solo para tener algo qué decir. El verdadero objetivo es mantener la presión sobre el gobierno de turno, demostrar que tienen miles de “seguidores”, o sea, el “apoyo popular” y que más le vale al gobierno cumplir con sus exigencias, o volverán a las calles. Al “demostrar” que tienen miles de seguidores, que tienen poder y que sus reclamos son legítimos, salen en los medios de comunicación y esto les revalida el apoyo internacional. El nombre del juego es dinero. Siempre.
La respuesta de los gobernantes siempre es la misma: vamos al diálogo. Entonces, todos se reúnen con el Comisionado del Diálogo de turno. No sé si una dos, cien veces y el resultado siempre es el mismo: ¡nada!
El convenio 169 de derechos indígenas habla de “diálogo de buena fe”. Este sí es un diálogo verdadero, legítimo y necesario. Entendemos que, cuando hay proyectos de inversión y desarrollo, como la construcción de una mina o una hidroeléctrica, se generan miedos en las comunidades. Después de todo, ellos han vivido allí por alguna cantidad de tiempo y la empresa obtiene los permisos del gobierno para hacer uso de los recursos naturales que, de acuerdo a nuestra legislación, pertenecen al Estado.
Es fundamental aclarar dudas, explicar qué es lo que se va a hacer, y buscar soluciones a esa disrupción que habrá, en la vida cotidiana de los habitantes del área. Sin embargo, en todos los casos, los comunitarios empiezan a solicitar educación, salud, agua potable, energía, rutas de acceso, etc. O sea, la ausencia del Estado en el interior de la República es más que evidente, y los pobladores ven la llegada de las empresas como una forma de obtener esa vida digna que tanto desean. Algo más que siempre solicitan: oportunidades. Aunque no lo expresan directamente, es más que obvia la necesidad de empleo y de oportunidad para vender sus cosechas, artesanías o lo que sea que producen.
Este diálogo de buena fe pierde su objetivo cuando aparecen los infiltrados, aquellos que quieren obtener dinero y, consecuentemente, poder. Allí es cuando empiezan las extorsiones a las empresas. Este es el momento de finalizar el diálogo. Las empresas nunca podrán satisfacer todas esas demandas interminables. Además, es obligación del gobierno proveer salud, educación, agua potable, etc.
Es aquí donde debe prevalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Si la empresa está cumpliendo con todos los requisitos de ley, es obligación del gobierno proteger y garantizar esa inversión. Para eso hay tanto ministerio. Algunos comunitarios infiltrados acusan a la empresa de contaminar el agua y el gobierno, con toda facilidad, decide iniciar un juicio penal en contra de la empresa, o clausurarla. ¿En qué momento han habido pruebas fehacientes que el agua está contaminada? ¿O que hay sequía porque la empresa consume toda el agua? ¿O que la siembra de palma causó deforestación? Nunca, no hay una sola prueba científica que demuestre esas acusaciones. Pero ya hay bloqueos, marchas, de todo. Es en este momento cuando el gobierno debe “somatar la mesa” y decir que es falso y que ellos, como autoridad, garantizan que las empresas están cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Esto no sucede, nunca, pues la presión de los grupos de izquierda, cuya función principal es destruir al sector privado, es mucha. Y la infiltración del socialismo, a todo nivel del gobierno, es muy incidente, llegando hasta la Corte de Constitucionalidad. No hay justicia, pues ésta es parcializada y favorece a sus “amigos progres”.
¿Dónde quedó el Estado de Derecho? En el basurero, junto con todas las obligaciones que, como gobierno, deben cumplir, siendo la más importante garantizar que las empresas están cumpliendo a cabalidad con todo lo que la ley exige. ¿Por qué es la más importante? Porque son las empresas las que invierten y generan empleo, las que proveen productos y servicios para uso y consumo de toda la población, las que pagan impuestos con los que se cubren los salarios y demás gastos de los burócratas. Sin sector privado no hay nada.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo
A veces es difícil aceptar que necesitamos más diálogo. Me refiero específicamente a las marchas masivas que bloquean el paso a todos, o los bloqueos que hacen en carreteras con tres palos y dos piedras. Las demandas son ilegítimas, en la mayoría de los casos, pues hacen la “lista de Santa Claus” solo para tener algo qué decir. El verdadero objetivo es mantener la presión sobre el gobierno de turno, demostrar que tienen miles de “seguidores”, o sea, el “apoyo popular” y que más le vale al gobierno cumplir con sus exigencias, o volverán a las calles. Al “demostrar” que tienen miles de seguidores, que tienen poder y que sus reclamos son legítimos, salen en los medios de comunicación y esto les revalida el apoyo internacional. El nombre del juego es dinero. Siempre.
La respuesta de los gobernantes siempre es la misma: vamos al diálogo. Entonces, todos se reúnen con el Comisionado del Diálogo de turno. No sé si una dos, cien veces y el resultado siempre es el mismo: ¡nada!
El convenio 169 de derechos indígenas habla de “diálogo de buena fe”. Este sí es un diálogo verdadero, legítimo y necesario. Entendemos que, cuando hay proyectos de inversión y desarrollo, como la construcción de una mina o una hidroeléctrica, se generan miedos en las comunidades. Después de todo, ellos han vivido allí por alguna cantidad de tiempo y la empresa obtiene los permisos del gobierno para hacer uso de los recursos naturales que, de acuerdo a nuestra legislación, pertenecen al Estado.
Es fundamental aclarar dudas, explicar qué es lo que se va a hacer, y buscar soluciones a esa disrupción que habrá, en la vida cotidiana de los habitantes del área. Sin embargo, en todos los casos, los comunitarios empiezan a solicitar educación, salud, agua potable, energía, rutas de acceso, etc. O sea, la ausencia del Estado en el interior de la República es más que evidente, y los pobladores ven la llegada de las empresas como una forma de obtener esa vida digna que tanto desean. Algo más que siempre solicitan: oportunidades. Aunque no lo expresan directamente, es más que obvia la necesidad de empleo y de oportunidad para vender sus cosechas, artesanías o lo que sea que producen.
Este diálogo de buena fe pierde su objetivo cuando aparecen los infiltrados, aquellos que quieren obtener dinero y, consecuentemente, poder. Allí es cuando empiezan las extorsiones a las empresas. Este es el momento de finalizar el diálogo. Las empresas nunca podrán satisfacer todas esas demandas interminables. Además, es obligación del gobierno proveer salud, educación, agua potable, etc.
Es aquí donde debe prevalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Si la empresa está cumpliendo con todos los requisitos de ley, es obligación del gobierno proteger y garantizar esa inversión. Para eso hay tanto ministerio. Algunos comunitarios infiltrados acusan a la empresa de contaminar el agua y el gobierno, con toda facilidad, decide iniciar un juicio penal en contra de la empresa, o clausurarla. ¿En qué momento han habido pruebas fehacientes que el agua está contaminada? ¿O que hay sequía porque la empresa consume toda el agua? ¿O que la siembra de palma causó deforestación? Nunca, no hay una sola prueba científica que demuestre esas acusaciones. Pero ya hay bloqueos, marchas, de todo. Es en este momento cuando el gobierno debe “somatar la mesa” y decir que es falso y que ellos, como autoridad, garantizan que las empresas están cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Esto no sucede, nunca, pues la presión de los grupos de izquierda, cuya función principal es destruir al sector privado, es mucha. Y la infiltración del socialismo, a todo nivel del gobierno, es muy incidente, llegando hasta la Corte de Constitucionalidad. No hay justicia, pues ésta es parcializada y favorece a sus “amigos progres”.
¿Dónde quedó el Estado de Derecho? En el basurero, junto con todas las obligaciones que, como gobierno, deben cumplir, siendo la más importante garantizar que las empresas están cumpliendo a cabalidad con todo lo que la ley exige. ¿Por qué es la más importante? Porque son las empresas las que invierten y generan empleo, las que proveen productos y servicios para uso y consumo de toda la población, las que pagan impuestos con los que se cubren los salarios y demás gastos de los burócratas. Sin sector privado no hay nada.
Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo