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Juventud divino “tesoro”

María Dolores Arias
15 de febrero, 2016

La discusión para la aprobación de la iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud -LNJ-, pone bajo la luz pública varios aspectos que son relevantes no sólo para esta iniciativa sino para muchas otras que están a la espera de ser aprobadas. Como en toda iniciativa de ley están las cosas que se ven, se discuten y llaman la atención, y las que pasan casi desapercibidas pero son aún más dañinas que las primeras.

Con la excusa de que los jóvenes son incomprendidos, “poco visibilizados en la agenda pública”, es decir, no son atendidos por el gobierno y la sociedad surge la “necesidad” de hacer una Ley que obligue al gobierno a atenderlos como es debido. Ante esta perspectiva ¿quién se opondría a semejante disposición que busca atender a uno de los “tesoros” más preciado de la sociedad? ¿Quién se opondría a que los jóvenes tengan oportunidades y sean felices?

Bajo estas premisas, surgen muchas de las iniciativas de Ley en las que el gobierno se convierte en el responsable de satisfacer necesidades convertidas en derechos de algún sector específico. Ahora bien, como el gobierno es sólo una abstracción le corresponde a usted financiar, bajo la administración burócrata, la satisfacción de esas necesidades. Esto es algo que no se discute, ni provoca tanto escándalo pero que es perjudicial para el desarrollo no sólo económico sino moral de quienes viven en esa sociedad.

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Lo que se discute son los artículos 5, 10, 11 y 17 de esta iniciativa, que han causado mucha polémica, ya que se refieren al derecho a la salud integral y diferenciada, el acceso a la educación sexual integral y diferenciada, y a los métodos anticonceptivos modernos. Quienes objetan estos artículos consideran que abren la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, al libertinaje por parte de los jóvenes y hasta la posibilidad del aborto. Por otro lado, hay quienes argumentan que la educación sexual debería ser responsabilidad de los padres y no del gobierno.

Lo que no se discute es la terrible contradicción de quienes por un lado están de acuerdo que el gobierno regule las relaciones entre dos adultos pero que por otro lado se escandalizan cuando el mismo gobierno quiere regular la educación sexual. Es decir, el gobierno no se debe meter a decidir en cómo educo a mis hijos pero sí en la cama de dos adultos, entonces ¿debe o no el gobierno meter sus narices en el ámbito privado?

Otra contradicción que no se discute es la educación estatal misma, si estamos de acuerdo que el gobierno eduque a nuestros hijos, la educación sexual es parte de esa educación, así como la educación cívica, nacionalista y de amor al “amado líder” entre otras materias. Bien valdría que esta iniciativa nos haga reflexionar en manos de quién está el contenido de la educación en general de nuestros hijos.

Lo que poco se discute son todas las obligaciones que adquiere el Estado en esta Ley, en nuestro nombre y de nuestro bolsillo, y menos los deberes que adquieren los jóvenes para con el Estado que me hacen pensar en esos regímenes con juventudes al servicio del “bien de la nación”.

Otro tema que ha causado mucho revuelo en esta iniciativa es la creación de más burocracia al implementar el Sistema Nacional de la Juventud que implica una Secretaría con el mismo nombre, además de una Comisión Intersectorial y un Consejo Nacional. El financiamiento de estos órganos estatales también es tema de debates ya que se propone aumentar los impuestos para obtener dichos recursos.

Parecería ser que el divino “tesoro” de la juventud, para los vividores del estado, es poder meter sus manos en nuestros bolsillos con la excusa de ayudar a los jóvenes. Cabe recordar que el 80% del presupuesto de Comisión Nacional de la Juventud –Conjuve- es para gastos administrativos. También recordemos la denuncia en contra de la exdiputada y exdirectora del Conjuve, Julia Maldonado, por desvío de Q4.7 millones. Entonces, ¿para qué más dinero?

Lo que falta por discutir es: ¿cuáles han sido los resultados reales de la actual Conjuve? ¿Por qué es necesaria más burocracia?

Los jóvenes merecen algo mejor que leyes politiqueras como la LNJ. Los jóvenes ya han demostrado que pueden ser responsables y participativos, que pueden tomar el futuro en sus manos. Los jóvenes no son mejores ni peores que el resto de los ciudadanos, tienen fines personales y sueños que desean alcanzar en un país que respete sus derechos individuales.

Un país donde su vida no corra peligro al subir a un bus, que no los extorsionen en sus escuelas o la vida de sus padres y familia esté en constante peligro. Un país donde su propiedad sea respetada donde no los asalten camino a la escuela, saliendo del colegio, la universidad o el trabajo. Un país donde puedan libremente intercambiar con los demás, donde vivan por derecho y no por permiso. Un país donde su principal responsabilidad sea lograr sus sueños y no los de los grupos de presión o en el poder.

Los jóvenes tienen un “divino tesoro”, su vida, que no le pertenece a nadie más que a ellos y que garantizar su respeto sí es una obligación del Estado.

@Md30
Facebook.com/Mda30

Juventud divino “tesoro”

María Dolores Arias
15 de febrero, 2016

La discusión para la aprobación de la iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud -LNJ-, pone bajo la luz pública varios aspectos que son relevantes no sólo para esta iniciativa sino para muchas otras que están a la espera de ser aprobadas. Como en toda iniciativa de ley están las cosas que se ven, se discuten y llaman la atención, y las que pasan casi desapercibidas pero son aún más dañinas que las primeras.

Con la excusa de que los jóvenes son incomprendidos, “poco visibilizados en la agenda pública”, es decir, no son atendidos por el gobierno y la sociedad surge la “necesidad” de hacer una Ley que obligue al gobierno a atenderlos como es debido. Ante esta perspectiva ¿quién se opondría a semejante disposición que busca atender a uno de los “tesoros” más preciado de la sociedad? ¿Quién se opondría a que los jóvenes tengan oportunidades y sean felices?

Bajo estas premisas, surgen muchas de las iniciativas de Ley en las que el gobierno se convierte en el responsable de satisfacer necesidades convertidas en derechos de algún sector específico. Ahora bien, como el gobierno es sólo una abstracción le corresponde a usted financiar, bajo la administración burócrata, la satisfacción de esas necesidades. Esto es algo que no se discute, ni provoca tanto escándalo pero que es perjudicial para el desarrollo no sólo económico sino moral de quienes viven en esa sociedad.

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Lo que se discute son los artículos 5, 10, 11 y 17 de esta iniciativa, que han causado mucha polémica, ya que se refieren al derecho a la salud integral y diferenciada, el acceso a la educación sexual integral y diferenciada, y a los métodos anticonceptivos modernos. Quienes objetan estos artículos consideran que abren la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, al libertinaje por parte de los jóvenes y hasta la posibilidad del aborto. Por otro lado, hay quienes argumentan que la educación sexual debería ser responsabilidad de los padres y no del gobierno.

Lo que no se discute es la terrible contradicción de quienes por un lado están de acuerdo que el gobierno regule las relaciones entre dos adultos pero que por otro lado se escandalizan cuando el mismo gobierno quiere regular la educación sexual. Es decir, el gobierno no se debe meter a decidir en cómo educo a mis hijos pero sí en la cama de dos adultos, entonces ¿debe o no el gobierno meter sus narices en el ámbito privado?

Otra contradicción que no se discute es la educación estatal misma, si estamos de acuerdo que el gobierno eduque a nuestros hijos, la educación sexual es parte de esa educación, así como la educación cívica, nacionalista y de amor al “amado líder” entre otras materias. Bien valdría que esta iniciativa nos haga reflexionar en manos de quién está el contenido de la educación en general de nuestros hijos.

Lo que poco se discute son todas las obligaciones que adquiere el Estado en esta Ley, en nuestro nombre y de nuestro bolsillo, y menos los deberes que adquieren los jóvenes para con el Estado que me hacen pensar en esos regímenes con juventudes al servicio del “bien de la nación”.

Otro tema que ha causado mucho revuelo en esta iniciativa es la creación de más burocracia al implementar el Sistema Nacional de la Juventud que implica una Secretaría con el mismo nombre, además de una Comisión Intersectorial y un Consejo Nacional. El financiamiento de estos órganos estatales también es tema de debates ya que se propone aumentar los impuestos para obtener dichos recursos.

Parecería ser que el divino “tesoro” de la juventud, para los vividores del estado, es poder meter sus manos en nuestros bolsillos con la excusa de ayudar a los jóvenes. Cabe recordar que el 80% del presupuesto de Comisión Nacional de la Juventud –Conjuve- es para gastos administrativos. También recordemos la denuncia en contra de la exdiputada y exdirectora del Conjuve, Julia Maldonado, por desvío de Q4.7 millones. Entonces, ¿para qué más dinero?

Lo que falta por discutir es: ¿cuáles han sido los resultados reales de la actual Conjuve? ¿Por qué es necesaria más burocracia?

Los jóvenes merecen algo mejor que leyes politiqueras como la LNJ. Los jóvenes ya han demostrado que pueden ser responsables y participativos, que pueden tomar el futuro en sus manos. Los jóvenes no son mejores ni peores que el resto de los ciudadanos, tienen fines personales y sueños que desean alcanzar en un país que respete sus derechos individuales.

Un país donde su vida no corra peligro al subir a un bus, que no los extorsionen en sus escuelas o la vida de sus padres y familia esté en constante peligro. Un país donde su propiedad sea respetada donde no los asalten camino a la escuela, saliendo del colegio, la universidad o el trabajo. Un país donde puedan libremente intercambiar con los demás, donde vivan por derecho y no por permiso. Un país donde su principal responsabilidad sea lograr sus sueños y no los de los grupos de presión o en el poder.

Los jóvenes tienen un “divino tesoro”, su vida, que no le pertenece a nadie más que a ellos y que garantizar su respeto sí es una obligación del Estado.

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