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#UrgePenaDeMuerte

Redacción
15 de febrero, 2016

Decapitaciones, mujeres y niños sicarios, ataques con granadas contra autobuses, cuerpos descuartizados en medio de ritos satánicos. Estos son sólo algunos de los crímenes que titulan los diarios con demasiada frecuencia y que los guatemaltecos vemos cada día, incluso podría decir que hasta ya son hechos comunes a los que peligrosamente nos hemos acostumbrado. Los criminales le perdieron totalmente el respeto a la autoridad y nos aplican sumariamente la pena de muerte, sin juicio, en  cualquier semáforo, a los ciudadanos honrados por cometer el “delito” de no entregar su teléfono celular. Somos nosotros los que estamos presos en viviendas, colonias, negocios, colegios, mientras que los asesinos y ladrones andan sueltos por las calles sin que las fuerzas de seguridad se atrevan a actuar de acuerdo a su mandato, porque cuando lo han hecho como en el caso de Sperissen, Giammattei o los soldados de la Cumbre de la Alaska son perseguidos luego judicialmente por grupúsculos de vividores que lucran del discurso falaz de la “defensa de los DDHH”.

Un aspecto que debe quedar claro es lo referente al Pacto de San José, principalmente porque he escuchado a algunos pseudoanalistas declarar que es necesario denunciar este acuerdo internacional para poder reinstaurar la pena de muerte, lo cual es falso. El convenio firmado en la capital de Costa Rica establece que no puede aplicarse esta sentencia a nuevos delitos que no estuvieran ya estipulados. En el caso de Guatemala, al momento de la suscripción estaban contemplados 3 delitos: violación, secuestro y asesinato, por lo que no existe ninguna restricción para aplicarla a tales delitos.

Recientemente la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos dio un paso que algunos podrían considerar como políticamente incorrecto, pero que cuenta con amplio respaldo ciudadano. Presentó ante el Congreso una iniciativa para poner en la opinión pública este tema, que se someta a debate y, de forma inmediata, que se reactive la pena capital. Como era de esperarse, el procurador Jorge De León Duque y las organizaciones vividoras de los DDHH, ya se manifestaron en contra de la propuesta; pero también en reiteradas ocasiones ha quedado demostrada la doble moral de activistas y organismos internacionales al defender cuasi maternalmente a sociópatas reincidentes con amplio historial criminal. La percepción generalizada de los guatemaltecos es que estas oenegés y entidades SOLAMENTE PROTEGEN A CRIMINALES. ¿Acaso la vida de personas honestas no vale nada, no merece su atención porque no pueden obtener dinero? Las cárceles de Guatemala son universidades del crimen desde donde se cometen toda clase de delitos contra los ciudadanos, desde extorsión hasta sicariato; están en poder de las maras, narcotraficantes y asesinos. ¿Debemos entonces mantener a criminales reincidentes el resto de su vida, alimentarlos, darles atención médica y pagarles servicios como agua y energía eléctrica, sin producir nada?

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Aunque actualmente la pena máxima está vigente en Guatemala, existe una laguna legal porque se anuló arbitrariamente el último recurso, el Indulto Presidencial, pero a través de un Acuerdo Gubernativo del Organismo Ejecutivo, no mediante una Ley promulgada por el Legislativo. El expresidente Álvaro Colom tuvo la oportunidad durante su mandato, con el apoyo de la bancada de la UNE en el Congreso, de suprimir definitivamente este recurso o restablecerlo para poder aplicar la pena ejemplar, pero no lo hizo, y seguimos en ese limbo legal aunque la misma Constitución y el Código Penal establecen esta sanción.

La solución a este dilema puede abordarse desde dos perspectivas distintas: restablecer el indulto para que sea el presidente, cual caudillo, quien decida sobre la vida de los reos; o bien -una solución de fondo según mi análisis- suprimir definitivamente la prerrogativa presidencial del “recurso de gracia”, y dejar en manos del Organismo Judicial su aplicación o no, de acuerdo al delito y al comprobarse fehacientemente la responsabilidad de los sindicados. Es decir, el Organismo Ejecutivo no tiene por qué interferir en una sentencia judicial, no le compete ya que estaría menoscabando la autoridad de otro organismo del Estado, violando la esencia misma republicana del sistema político guatemalteco.

Esta es la realidad de la criminalidad de Guatemala y es mandato de las autoridades mantenerla bajo control, si no les parece a los vividores y mercenarios extranjeros, si se oponen a que apliquemos la pena de muerte como contempla la Ley, si les molesta que se les quiten privilegios a sus protegidos y que se proteja a los guatemaltecos productivos, QUE ELLOS SE HAGAN CARGO DE ESTOS “ANGELITOS” ENTONCES.

En lo que a mí respecta, propongo utilizar el hashtag #UrgePenaDeMuerte para manifestar esta demanda ciudadana y presionar al Congreso para reactivar la pena de muerte ¿Y usted qué opina?

#UrgePenaDeMuerte

Redacción
15 de febrero, 2016

Decapitaciones, mujeres y niños sicarios, ataques con granadas contra autobuses, cuerpos descuartizados en medio de ritos satánicos. Estos son sólo algunos de los crímenes que titulan los diarios con demasiada frecuencia y que los guatemaltecos vemos cada día, incluso podría decir que hasta ya son hechos comunes a los que peligrosamente nos hemos acostumbrado. Los criminales le perdieron totalmente el respeto a la autoridad y nos aplican sumariamente la pena de muerte, sin juicio, en  cualquier semáforo, a los ciudadanos honrados por cometer el “delito” de no entregar su teléfono celular. Somos nosotros los que estamos presos en viviendas, colonias, negocios, colegios, mientras que los asesinos y ladrones andan sueltos por las calles sin que las fuerzas de seguridad se atrevan a actuar de acuerdo a su mandato, porque cuando lo han hecho como en el caso de Sperissen, Giammattei o los soldados de la Cumbre de la Alaska son perseguidos luego judicialmente por grupúsculos de vividores que lucran del discurso falaz de la “defensa de los DDHH”.

Un aspecto que debe quedar claro es lo referente al Pacto de San José, principalmente porque he escuchado a algunos pseudoanalistas declarar que es necesario denunciar este acuerdo internacional para poder reinstaurar la pena de muerte, lo cual es falso. El convenio firmado en la capital de Costa Rica establece que no puede aplicarse esta sentencia a nuevos delitos que no estuvieran ya estipulados. En el caso de Guatemala, al momento de la suscripción estaban contemplados 3 delitos: violación, secuestro y asesinato, por lo que no existe ninguna restricción para aplicarla a tales delitos.

Recientemente la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos dio un paso que algunos podrían considerar como políticamente incorrecto, pero que cuenta con amplio respaldo ciudadano. Presentó ante el Congreso una iniciativa para poner en la opinión pública este tema, que se someta a debate y, de forma inmediata, que se reactive la pena capital. Como era de esperarse, el procurador Jorge De León Duque y las organizaciones vividoras de los DDHH, ya se manifestaron en contra de la propuesta; pero también en reiteradas ocasiones ha quedado demostrada la doble moral de activistas y organismos internacionales al defender cuasi maternalmente a sociópatas reincidentes con amplio historial criminal. La percepción generalizada de los guatemaltecos es que estas oenegés y entidades SOLAMENTE PROTEGEN A CRIMINALES. ¿Acaso la vida de personas honestas no vale nada, no merece su atención porque no pueden obtener dinero? Las cárceles de Guatemala son universidades del crimen desde donde se cometen toda clase de delitos contra los ciudadanos, desde extorsión hasta sicariato; están en poder de las maras, narcotraficantes y asesinos. ¿Debemos entonces mantener a criminales reincidentes el resto de su vida, alimentarlos, darles atención médica y pagarles servicios como agua y energía eléctrica, sin producir nada?

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Aunque actualmente la pena máxima está vigente en Guatemala, existe una laguna legal porque se anuló arbitrariamente el último recurso, el Indulto Presidencial, pero a través de un Acuerdo Gubernativo del Organismo Ejecutivo, no mediante una Ley promulgada por el Legislativo. El expresidente Álvaro Colom tuvo la oportunidad durante su mandato, con el apoyo de la bancada de la UNE en el Congreso, de suprimir definitivamente este recurso o restablecerlo para poder aplicar la pena ejemplar, pero no lo hizo, y seguimos en ese limbo legal aunque la misma Constitución y el Código Penal establecen esta sanción.

La solución a este dilema puede abordarse desde dos perspectivas distintas: restablecer el indulto para que sea el presidente, cual caudillo, quien decida sobre la vida de los reos; o bien -una solución de fondo según mi análisis- suprimir definitivamente la prerrogativa presidencial del “recurso de gracia”, y dejar en manos del Organismo Judicial su aplicación o no, de acuerdo al delito y al comprobarse fehacientemente la responsabilidad de los sindicados. Es decir, el Organismo Ejecutivo no tiene por qué interferir en una sentencia judicial, no le compete ya que estaría menoscabando la autoridad de otro organismo del Estado, violando la esencia misma republicana del sistema político guatemalteco.

Esta es la realidad de la criminalidad de Guatemala y es mandato de las autoridades mantenerla bajo control, si no les parece a los vividores y mercenarios extranjeros, si se oponen a que apliquemos la pena de muerte como contempla la Ley, si les molesta que se les quiten privilegios a sus protegidos y que se proteja a los guatemaltecos productivos, QUE ELLOS SE HAGAN CARGO DE ESTOS “ANGELITOS” ENTONCES.

En lo que a mí respecta, propongo utilizar el hashtag #UrgePenaDeMuerte para manifestar esta demanda ciudadana y presionar al Congreso para reactivar la pena de muerte ¿Y usted qué opina?