Hay ideas que se dan por sentadas sin mayor cuestionamiento. Una de ellas es que debemos medir el desempeño de un congreso o un parlamento por la cantidad de decretos aprobados. Nada más equivocado.
Pero esta idea está bastante condicionada por otra creencia muy dañina y ampliamente difundida según la cual para cada problema existe una solución: una ley. De esta suerte se echa a andar la máquina legislativa y se aprueban una serie de decretos que regulan temas variopintos.
Siguiendo esa lógica, muchos congresistas se enorgullecían por haber reactivado la discusión de una serie de iniciativas de ley. Entre ellas una ley nacional de la juventud, por ejemplo.
En realidad sigo sin entender cómo es que le juventud cambiará con una nueva normativa que disponga crear una entidad (sí, otra entidad más) para abordar los temas que según ellos importan para la juventud. Me cuesta trabajo entender que los escasos recursos del gobierno deban destinarse a semejante entidad burocrática cuando el Estado es incapaz de lo fundamental.
Lo que queda en el olvido son los temas fundamentales. En primer lugar que el objetivo de la ley es proteger a las personas de la arbitrariedad del gobierno y de la arbitrariedad de sus semejantes.
Para que la ley pueda cumplir su función se requieren al menos dos cosas. Esencialmente que las leyes sean generales, abstractas e impersonales. Esto significa que el ordenamiento jurídico esté compuesto por leyes claras y simples que permitan al ciudadano saber dónde empiezan sus derechos y dónde terminan.
En segundo lugar, que la ley es solo una parte de la fórmula para la protección de los derechos individuales. Hace falta que el gobierno sea eficiente y cumpla su tarea (única para mí) de proteger los derechos de las personas. Y es que esta es la parte más importante ya que no hay nada peor que una buena ley que no se cumple.
En Guatemala no vamos ni por un lado ni por el otro. Hemos sufrido un incesante proceso de inflación legislativa. Los decretos aumentan tanto como la mala calidad de la legislación que producen. Por el otro lado, la aplicación de la ley es un sueño en un país en el cual los órganos encargados de aplicar la ley no funcionan.
No existe en Guatemala una discusión seria respecto de reformar aquellos aspectos que no permiten que la ley se aplique de forma correcta y eficiente. Esto pasa ineludiblemente por reformar el poder judicial. Lamentablemente hasta para eso ha aparecido CICIG al presentar su propuesta de reforma judicial. Digo lamentablemente porque el mandato de CICIG nació como un órgano de apoyo en la investigación y parece que ahora le hace las tareas hasta al poder legislativo.
Por eso prefería aquel congreso que no legislaba. Quizá no era la imagen ideal de un congreso que deliberaba como los del primer mundo. Pero entre un congreso que legisla con los ojos vendados y al por mayor y un congreso que no legisla, me quedo con el segundo.
Hay ideas que se dan por sentadas sin mayor cuestionamiento. Una de ellas es que debemos medir el desempeño de un congreso o un parlamento por la cantidad de decretos aprobados. Nada más equivocado.
Pero esta idea está bastante condicionada por otra creencia muy dañina y ampliamente difundida según la cual para cada problema existe una solución: una ley. De esta suerte se echa a andar la máquina legislativa y se aprueban una serie de decretos que regulan temas variopintos.
Siguiendo esa lógica, muchos congresistas se enorgullecían por haber reactivado la discusión de una serie de iniciativas de ley. Entre ellas una ley nacional de la juventud, por ejemplo.
En realidad sigo sin entender cómo es que le juventud cambiará con una nueva normativa que disponga crear una entidad (sí, otra entidad más) para abordar los temas que según ellos importan para la juventud. Me cuesta trabajo entender que los escasos recursos del gobierno deban destinarse a semejante entidad burocrática cuando el Estado es incapaz de lo fundamental.
Lo que queda en el olvido son los temas fundamentales. En primer lugar que el objetivo de la ley es proteger a las personas de la arbitrariedad del gobierno y de la arbitrariedad de sus semejantes.
Para que la ley pueda cumplir su función se requieren al menos dos cosas. Esencialmente que las leyes sean generales, abstractas e impersonales. Esto significa que el ordenamiento jurídico esté compuesto por leyes claras y simples que permitan al ciudadano saber dónde empiezan sus derechos y dónde terminan.
En segundo lugar, que la ley es solo una parte de la fórmula para la protección de los derechos individuales. Hace falta que el gobierno sea eficiente y cumpla su tarea (única para mí) de proteger los derechos de las personas. Y es que esta es la parte más importante ya que no hay nada peor que una buena ley que no se cumple.
En Guatemala no vamos ni por un lado ni por el otro. Hemos sufrido un incesante proceso de inflación legislativa. Los decretos aumentan tanto como la mala calidad de la legislación que producen. Por el otro lado, la aplicación de la ley es un sueño en un país en el cual los órganos encargados de aplicar la ley no funcionan.
No existe en Guatemala una discusión seria respecto de reformar aquellos aspectos que no permiten que la ley se aplique de forma correcta y eficiente. Esto pasa ineludiblemente por reformar el poder judicial. Lamentablemente hasta para eso ha aparecido CICIG al presentar su propuesta de reforma judicial. Digo lamentablemente porque el mandato de CICIG nació como un órgano de apoyo en la investigación y parece que ahora le hace las tareas hasta al poder legislativo.
Por eso prefería aquel congreso que no legislaba. Quizá no era la imagen ideal de un congreso que deliberaba como los del primer mundo. Pero entre un congreso que legisla con los ojos vendados y al por mayor y un congreso que no legisla, me quedo con el segundo.