Las organizaciones feministas/marxistas radicales -conocidas como feminazis-, están llevando a cabo un proceso por supuesta “esclavitud sexual” durante el Conflicto Armado en contra de dos miembros del Ejército de Guatemala. Esto, al igual que el supuesto “genocidio”, es un trofeo importantísimo para los vividores ya que estigmatiza a nuestro país permanentemente, y gracias a ello pueden obtener millonarios recursos provenientes de otras oenegés internacionales y de “países amigos”; pero también pretenden recibir decenas de millones de quetzales producto de nuestros impuestos en concepto de resarcimiento.
Hoy voy a analizar este juicio y las múltiples ilegalidades que se han cometido hasta ahora, las violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales de los acusados.
Empecemos porque de acuerdo a la Ley de Reconciliación Nacional todos los procesos por supuestos delitos cometidos durante el Conflicto Armado, deben ser conocidos y resueltos por una Sala de Apelaciones que determine si son susceptibles de amnistía o no. Otra vez el MP se saltó esta etapa deliberadamente, y están cometiéndose las mismas ilegalidades que durante el Genocirco. El resultado será el mismo: juicio nulo y proceso retrotraído para hacer cumplir esta etapa procesal.
Otra grave violación a las garantías constitucionales, es negarle a los militares acusados el derecho a un juicio imparcial. Sólo el hecho que sea Yassmín Barrios la juzgadora es motivo para anular todo lo actuado durante este linchamiento. La nefasta juez Barrios ya ha demostrado que la ética y la honorabilidad le dan alergia -recordemos que el Colegio de Abogados la suspendió por estos motivos por una denuncia del licenciado Moisés Galindo Ruiz-, y que vergüenza tiene muy poca. Debió haberse excusado inmediatamente de conocer este caso, principalmente porque reconoce que entre ella y el abogado defensor Galindo existe enemistad irreconciliable; esto, de acuerdo a los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial, es causal para dudar de su imparcialidad y está obligada a inhibirse pero como la ambición y deseos de venganza pueden más, respetar la Ley es lo de menos. Además, puede considerarse como parte interesada en la sentencia que dicte y que probablemente celebre como es ya su costumbre, ya que al ver sus ajusticiamientos anteriores, es evidente que a sus protectores nacionales y extranjeros no les importa que haya cometido prevaricato flagrante, aún así ha recibido “reconocimientos”, “premios”, “viajes”, por parte de oenegés y gobiernos como el gringo, para mencionar un ejemplo.
Ahora analicemos las actuaciones de las personas que el MP y los parásitos que lucran del discurso falaz de la “defensa de los Derechos Humanos” acarrearon a este circo para que interpretaran el papel de “testigos”. Las mujeres que supuestamente fueron víctimas de “esclavitud sexual” se dirigieron al tribunal con la cara tapada -algo que dudo mucho que permitan en cualquier otro país del mundo- no pudiéndose determinar su edad, origen, o la veracidad de sus argumentos al constituirse como testimonios anónimos, similares a los que se inventó la ODHAG y la CEH para redactar sus “informes”. Pero hay algo aún más indignante: cometieron, al menos tres de ellos, perjurio flagrante. El primero, el señor Vicente Choc, asegura que leyó el nombre de su padre en una lista dentro del destacamento y que luego desapareció, pero al preguntarle la defensa sí sabía leer dijo que no. El segundo caso es el del “testigo” que escuchó cuando el general Ríos Montt llamó al destacamento y habló con un soldado, pero resulta que cuando la defensa le preguntó si hablaba español, respondió que no. ¿Cómo pudo entonces entender el contenido de esa llamada? Al sonar la bolsa llena de euros y dólares, ahora resulta que de repente se aprende español y a leer, en segundos. El último testigo falso al que me referiré es la señora Julia Coc, que declaró que su hija tuvo dos hijos en el mismo año, uno en septiembre y el otro en diciembre. Al igual que en la declaración anterior, si hay resarcimiento de por medio el período de gestación se reduce a tan sólo tres meses, un “milagro” médico sin precedentes. Mentir bajo juramento ante un tribunal es delito, se tipifica como perjurio y el Ministerio Público debe actuar de acuerdo a su mandato o la Fiscal Genera Telma Aldana, como máxima responsable de esta entidad, estaría incurriendo en incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Algo que no puedo dejar de mencionar es que el coronel Steelmer Reyes Girón, uno de los acusados, de forma estoica en su declaración desconoció al tribunal que lo esta ajusticiando sumaria y “revolucionariamente”, no quiso ni siquiera proporcionar su nombre. Una actitud no sólo comprensible, sino también digna de aplauso al no prestarse a ser parte de este circo de Yasmín Barrios y sus amigos.
Concluyo con una reflexión. Es evidente que este juicio se les está cayendo en pedazos, pero me pregunto: ¿Lo estarán haciendo a propósito, para que cuando sea todo anulado puedan justificar el argumento de que en Guatemala “reina la impunidad” y que es necesario “rescatar” a la Corte de Constitucionalidad, para así poder infiltrar integrantes de estos grupitos vividores que se autodenominan “sociedad civil”?
Las organizaciones feministas/marxistas radicales -conocidas como feminazis-, están llevando a cabo un proceso por supuesta “esclavitud sexual” durante el Conflicto Armado en contra de dos miembros del Ejército de Guatemala. Esto, al igual que el supuesto “genocidio”, es un trofeo importantísimo para los vividores ya que estigmatiza a nuestro país permanentemente, y gracias a ello pueden obtener millonarios recursos provenientes de otras oenegés internacionales y de “países amigos”; pero también pretenden recibir decenas de millones de quetzales producto de nuestros impuestos en concepto de resarcimiento.
Hoy voy a analizar este juicio y las múltiples ilegalidades que se han cometido hasta ahora, las violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales de los acusados.
Empecemos porque de acuerdo a la Ley de Reconciliación Nacional todos los procesos por supuestos delitos cometidos durante el Conflicto Armado, deben ser conocidos y resueltos por una Sala de Apelaciones que determine si son susceptibles de amnistía o no. Otra vez el MP se saltó esta etapa deliberadamente, y están cometiéndose las mismas ilegalidades que durante el Genocirco. El resultado será el mismo: juicio nulo y proceso retrotraído para hacer cumplir esta etapa procesal.
Otra grave violación a las garantías constitucionales, es negarle a los militares acusados el derecho a un juicio imparcial. Sólo el hecho que sea Yassmín Barrios la juzgadora es motivo para anular todo lo actuado durante este linchamiento. La nefasta juez Barrios ya ha demostrado que la ética y la honorabilidad le dan alergia -recordemos que el Colegio de Abogados la suspendió por estos motivos por una denuncia del licenciado Moisés Galindo Ruiz-, y que vergüenza tiene muy poca. Debió haberse excusado inmediatamente de conocer este caso, principalmente porque reconoce que entre ella y el abogado defensor Galindo existe enemistad irreconciliable; esto, de acuerdo a los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial, es causal para dudar de su imparcialidad y está obligada a inhibirse pero como la ambición y deseos de venganza pueden más, respetar la Ley es lo de menos. Además, puede considerarse como parte interesada en la sentencia que dicte y que probablemente celebre como es ya su costumbre, ya que al ver sus ajusticiamientos anteriores, es evidente que a sus protectores nacionales y extranjeros no les importa que haya cometido prevaricato flagrante, aún así ha recibido “reconocimientos”, “premios”, “viajes”, por parte de oenegés y gobiernos como el gringo, para mencionar un ejemplo.
Ahora analicemos las actuaciones de las personas que el MP y los parásitos que lucran del discurso falaz de la “defensa de los Derechos Humanos” acarrearon a este circo para que interpretaran el papel de “testigos”. Las mujeres que supuestamente fueron víctimas de “esclavitud sexual” se dirigieron al tribunal con la cara tapada -algo que dudo mucho que permitan en cualquier otro país del mundo- no pudiéndose determinar su edad, origen, o la veracidad de sus argumentos al constituirse como testimonios anónimos, similares a los que se inventó la ODHAG y la CEH para redactar sus “informes”. Pero hay algo aún más indignante: cometieron, al menos tres de ellos, perjurio flagrante. El primero, el señor Vicente Choc, asegura que leyó el nombre de su padre en una lista dentro del destacamento y que luego desapareció, pero al preguntarle la defensa sí sabía leer dijo que no. El segundo caso es el del “testigo” que escuchó cuando el general Ríos Montt llamó al destacamento y habló con un soldado, pero resulta que cuando la defensa le preguntó si hablaba español, respondió que no. ¿Cómo pudo entonces entender el contenido de esa llamada? Al sonar la bolsa llena de euros y dólares, ahora resulta que de repente se aprende español y a leer, en segundos. El último testigo falso al que me referiré es la señora Julia Coc, que declaró que su hija tuvo dos hijos en el mismo año, uno en septiembre y el otro en diciembre. Al igual que en la declaración anterior, si hay resarcimiento de por medio el período de gestación se reduce a tan sólo tres meses, un “milagro” médico sin precedentes. Mentir bajo juramento ante un tribunal es delito, se tipifica como perjurio y el Ministerio Público debe actuar de acuerdo a su mandato o la Fiscal Genera Telma Aldana, como máxima responsable de esta entidad, estaría incurriendo en incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Algo que no puedo dejar de mencionar es que el coronel Steelmer Reyes Girón, uno de los acusados, de forma estoica en su declaración desconoció al tribunal que lo esta ajusticiando sumaria y “revolucionariamente”, no quiso ni siquiera proporcionar su nombre. Una actitud no sólo comprensible, sino también digna de aplauso al no prestarse a ser parte de este circo de Yasmín Barrios y sus amigos.
Concluyo con una reflexión. Es evidente que este juicio se les está cayendo en pedazos, pero me pregunto: ¿Lo estarán haciendo a propósito, para que cuando sea todo anulado puedan justificar el argumento de que en Guatemala “reina la impunidad” y que es necesario “rescatar” a la Corte de Constitucionalidad, para así poder infiltrar integrantes de estos grupitos vividores que se autodenominan “sociedad civil”?