El pasado jueves se dio por finalizado el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021. Como todo en la vida, el nombramiento de los nuevos magistrados tuvo sus luces y sombras. Algunos calificaron los procedimientos de poco transparentes, otros manifiestan sus dudas sobre la independencia de los abogados elegidos, y otros rechazan la intromisión de diversos actores nacionales e internacionales en la selección. Sin embargo, a pesar de lo negativo, la elección de magistrados de la CC podría catalogarse de rescatable, por diversas razones.
En primer lugar, llamó la atención que el proceso no fue tan convulso como podría haber sido. Guatemala recién sale de una crisis política de alto impacto en la que la estabilidad de las instituciones democráticas estuvo en juego. Afortunadamente, la incertidumbre que se experimentó el año pasado no se vio replicada en la selección de magistrados. Los órganos encargados de la selección establecieron sus reglas, y hubo una aceptación de las mismas por parte de la mayoría de actores involucrados.
Ciertamente, hubo señalamientos sobre la idoneidad de varios candidatos. Sin embargo, a diferencia del proceso electoral 2015, no vimos a entidades como la CICIG y el Ministerio Público, iniciando procesos judiciales contra candidatos cuestionados. Tampoco hubo intentos de depuración de candidatos, ni se dio una judicialización extrema de las candidaturas, al menos en comparación a la que hubo en las elecciones generales.
Una vez conformada al Corte, algunos se han apresurado a emitir juicios de opinión sobre cómo podría comportarse la misma. En este sentido, se ha mantenido una visión sectorial, argumentando que los magistrados responderán al interés de sus “padrinos” y de los órganos que los nombraron.
No obstante, la evidencia de los últimos años nos demuestra un panorama diferente con respecto a la independencia de las cortes. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral fue ampliamente criticado por el supuesto control que los partidos tendrían sobre los magistrados. De la misma manera, la selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia fue duramente señalada por responder a intereses partidistas. Sin embargo, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Corte Suprema de Justicia, defendieron a los partidos que los nombraron al momento de emitir sanciones o aprobar antejuicios. Ambos entes alcanzaron cierto grado de independencia.
Lo mismo podría suceder con esta nueva Corte. Si bien, los intereses políticos y sectoriales siempre estarán presentes, los magistrados entrantes se enfrentarán a un contexto político en el que sus acciones son evaluadas por la ciudadanía. Esto les obligará a emitir juicios imparciales, y no someter sus resoluciones a los intereses particulares de un grupo específico. En el caso de no mostrar independencia, los magistrados estarían poniendo en riesgo la institucionalidad del país.
Por el bien de las instituciones, esperamos que los nuevos magistrados sean independientes y emitan resoluciones apegadas a derecho y no a cálculos políticos. El proceso de selección, con sus limitaciones y defectos, mostró que las instituciones en Guatemala pueden funcionar, pero son perfectibles. A pesar de lo negativo, dedicarnos a desgastar lo poco que tenemos es una mala idea, sobre todo cuando acabamos de salir de una crisis política que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país.
El pasado jueves se dio por finalizado el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021. Como todo en la vida, el nombramiento de los nuevos magistrados tuvo sus luces y sombras. Algunos calificaron los procedimientos de poco transparentes, otros manifiestan sus dudas sobre la independencia de los abogados elegidos, y otros rechazan la intromisión de diversos actores nacionales e internacionales en la selección. Sin embargo, a pesar de lo negativo, la elección de magistrados de la CC podría catalogarse de rescatable, por diversas razones.
En primer lugar, llamó la atención que el proceso no fue tan convulso como podría haber sido. Guatemala recién sale de una crisis política de alto impacto en la que la estabilidad de las instituciones democráticas estuvo en juego. Afortunadamente, la incertidumbre que se experimentó el año pasado no se vio replicada en la selección de magistrados. Los órganos encargados de la selección establecieron sus reglas, y hubo una aceptación de las mismas por parte de la mayoría de actores involucrados.
Ciertamente, hubo señalamientos sobre la idoneidad de varios candidatos. Sin embargo, a diferencia del proceso electoral 2015, no vimos a entidades como la CICIG y el Ministerio Público, iniciando procesos judiciales contra candidatos cuestionados. Tampoco hubo intentos de depuración de candidatos, ni se dio una judicialización extrema de las candidaturas, al menos en comparación a la que hubo en las elecciones generales.
Una vez conformada al Corte, algunos se han apresurado a emitir juicios de opinión sobre cómo podría comportarse la misma. En este sentido, se ha mantenido una visión sectorial, argumentando que los magistrados responderán al interés de sus “padrinos” y de los órganos que los nombraron.
No obstante, la evidencia de los últimos años nos demuestra un panorama diferente con respecto a la independencia de las cortes. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral fue ampliamente criticado por el supuesto control que los partidos tendrían sobre los magistrados. De la misma manera, la selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia fue duramente señalada por responder a intereses partidistas. Sin embargo, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Corte Suprema de Justicia, defendieron a los partidos que los nombraron al momento de emitir sanciones o aprobar antejuicios. Ambos entes alcanzaron cierto grado de independencia.
Lo mismo podría suceder con esta nueva Corte. Si bien, los intereses políticos y sectoriales siempre estarán presentes, los magistrados entrantes se enfrentarán a un contexto político en el que sus acciones son evaluadas por la ciudadanía. Esto les obligará a emitir juicios imparciales, y no someter sus resoluciones a los intereses particulares de un grupo específico. En el caso de no mostrar independencia, los magistrados estarían poniendo en riesgo la institucionalidad del país.
Por el bien de las instituciones, esperamos que los nuevos magistrados sean independientes y emitan resoluciones apegadas a derecho y no a cálculos políticos. El proceso de selección, con sus limitaciones y defectos, mostró que las instituciones en Guatemala pueden funcionar, pero son perfectibles. A pesar de lo negativo, dedicarnos a desgastar lo poco que tenemos es una mala idea, sobre todo cuando acabamos de salir de una crisis política que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país.