Una Democracia sin República invita al desenfreno, a la tiranía de la mayoría, o a dictaduras legitimadas en el voto popular. Esa fue la conclusión de Aristóteles, Cicerón, Tocqueville o los padres fundadores. Al mismo tiempo, una República sin Democracia es excluyente. La relación es simbiótica. Enfrentar ambos conceptos, o presentarlos como antagónicos, resulta anacrónico.

La República, desde sus orígenes, ha tenido un solo fin: limitar el poder. No es un concepto ideológico; tampoco es una visión de élites frente a las masas. Ni una receta económica o de desarrollo. Es un modelo de gobierno para combatir la arbitrariedad.

Para ello la propuesta teórica parte de tres condiciones. La primera es el constitucionalismo, entendido como el imperio de leyes universales, abstractas, de aplicación general, ininteligibles y no particularistas. Dicho ideal contrasta con el actual sistema guatemalteco, donde las decisiones jurídicas no son más que la otorgación de gracias, concesiones o exenciones a actores particulares.

La segunda es la dispersión de poder. Esto requiere ir más allá de la separación de poderes. Es decir, adoptar recetas como elecciones no concurrentes, que impidan a un mismo partido dominar el Ejecutivo, y contar con mayorías legislativas y de alcaldías. Implica apostar por diferentes jurisdicciones de gobierno, que no es más que otra forma más de llamar a la descentralización.

La tercera condición es el principio contra-mayoritario, que busca impedir que una mayoría facciosa altere el sistema. En otras palabras, busca evitar lo ocurrido en Venezuela, donde una mayoría electoral le permitió a una fuerza política controlar el Ejecutivo, la Asamblea, las cortes y los poderes locales. El principio contra-mayoritario facilita la disidencia, el debate ideológico y el balance. Y pretende blindar la legislación y las políticas públicas de los vaivenes electorales.

De forma paralela, la República promueve dos valores de virtud: meritocracia y civilidad. El primero se basa en una burocracia integrada en base al mérito, la preparación y el espíritu de servicio cívico. El segundo valor se basa en una sociedad civil fuerte, pero independiente del Estado. El ideal republicano es integrar un cuerpo ciudadano activo, interesado en la cosa pública, que actúe como contrapeso al poder, pero que no requiera del dinero público para materializar su existencia. Su principal herramienta es la sanción moral: apelar a un sentido de vergüenza.

La Democracia se convierte en el complemento político del gobierno republicano. Permite ensanchar la base de participación. Fomenta canales para que la ciudadanía participe de la toma de decisiones públicas, tales como los cabildos o las mesas legislativas. Y fortalece los medios de disputabilidad, como el régimen contencioso o la protección constitucional de derechos.

Disculpen si esta vez pequé de teórico. Pero creo que un ideal de gobierno republicano, en el marco de un sistema político democrático, en lugar de constituir una fuente de discordancia, constituye una alternativa para unir a derechas e izquierdas en el combate al modelo patrimonial.