Por Grisel Capó
El país necesita de un sistema nacional de inteligencia con capacidad para prevenir las amenazas, riesgos y vulnerabilidades, de proporcionar alertas tempranas, de elaborar escenarios que permitan a las autoridades del más alto nivel nacional tomar las mejores y oportunas decisiones para el bien de sus ciudadanos, pero fundamentalmente de contribuir a identificar las oportunidades que se presentan. Fortalecer, modernizar, coordinar, profesionalizar y democratizar deben ser los lineamientos estratégicos a seguir.
En Guatemala, la actividad de inteligencia atravesó por ciertos cambios, producto del contexto mundial y regional a partir de la finalización de la Guerra Fría, lo cual impactó sobre su conceptualización, caracterización, aplicación y uso. Sin entrar en detalles, con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, específicamente con el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y posteriormente en 1999 con el proyecto “Hacia una política de seguridad para la democracia” POLSEDE, que congregó a los distintos actores sociales y políticos involucrados en la problemática del sector seguridad, se establece el preámbulo de lo que más tarde será la discusión del proyecto de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
La citada Ley, producto de un profundo debate y análisis, se aprueba como Decreto 18-2008 del Congreso de la República, creando el Sistema Nacional de Seguridad (SNS), el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y el Sistema Nacional Inteligencia (SNI), bajo los principios de la seguridad democrática, reuniéndose en aquel entonces las condiciones para transitar sobre un nuevo camino para el desarrollo de la labor de inteligencia en el país. Según esta norma, el SNI es el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter preventivo, las amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación, mediante la necesaria coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar. El Sistema está integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado –SIE-, quien lo coordina, la Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación-DIGICI-y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Si bien es innegable los avances a nivel de ordenamiento jurídico y algunos documentos técnicos como la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, el Plan Nacional de Inteligencia y otras formalidades, aún falta mucho camino por recorrer para lograr el pleno fortalecimiento y modernización de las capacidades del propio sistema acorde al siglo XXI.
Desde el año 2008 hasta la fecha, la inteligencia ha estado alejada de discusiones técnicas, serias y transparentes, lo cual ha dejado como consecuencia lógica, que no se logre demostrar el debido profesionalismo para conquistar no solo la confianza, sino el aprecio de la población, atenuando los prejuicios existentes y tensiones sobre el tema.
Como excepción, se realizó a fines del 2015 el Foro denominado ¿Quién nos vigila? “desclasifiquemos el modelo de inteligencia”, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo paradójico fue que inmediatamente después de la realización de dicho foro, se efectúan cambios en la DIGICI bajo un ambiente de confusión, falta de transparencia y nombramientos criticados desde todos los sectores, quedando nuevamente la percepción de “qué se hacía ahí adentro”. Lo cierto es, que no ha existido la preocupación o voluntad de colocar nuevamente en la agenda pública los asuntos de inteligencia. Si bien la Ley Marco da vida al sistema y norma determinados aspectos, también existen grandes vacíos.
Se pueden enumerar varios obstáculos que han impedido el fortalecimiento y modernización de la inteligencia en Guatemala: divorcio y desconfianza entre el factor político y el factor inteligencia, continua improvisación y la no construcción de procesos sólidos de recolección de información y producción de inteligencia, ausencia de un marco legal específico, constantes recortes de presupuesto, nulo diálogo o acercamiento con la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, la cual merece también un capítulo aparte de análisis, falta de voluntad política para elaborar la carrera profesional como obligación establecida en la Ley Marco del SNS, debilidad en la expansión territorial de la inteligencia tanto interna como externa, incipiente desarrollo de una verdadera cultura de colaboración, cooperación y coordinación dentro y fuera del SNI, dificultad de encontrar profesionales y técnicos capacitados y aún peor, de conservar el recurso humano en función de los cambios de gobierno, entre otros.
¿Cómo ir venciendo los obstáculos que enfrenta el sistema? El Decreto 18-2008 establece las generalidades, sin embargo, es preciso llegar a las especificidades de esta actividad elaborando un marco legal adecuado o en términos más concretos una ley nacional de inteligencia, fundamental y necesaria, pero no la única solución.
Como primera medida, se debe de implementar un proceso similar al utilizado para la discusión y elaboración de la Ley Marco del SNS, recuperando los espacios perdidos u olvidados, donde estado y sectores sociales interesados confluían en fértiles debates y análisis para lograr acuerdos estratégicos. El objetivo es recuperar el valor social de esta actividad. Es decisivo, retomar el concepto de seguridad democrática el cual establece de manera contundente que el sujeto a proteger es la persona humana. La inteligencia sin excusas de ningún tipo, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.
La incorporación de conceptos cardinales como inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratégica, criminal, militar, etc., dentro de la normativa, deben corresponder al momento histórico. La inteligencia amerita reflexiones respecto a su alcance, reuniendo nuevas áreas temáticas: científicas, tecnológicas, medioambientales, sociales y a otras inteligencias como la financiera, la cual no fue incorporada dentro del SNI.
El uso de fondos reservados ha quedado en el limbo, al igual que las capacidades operativas, en especial de la SIE y la inteligencia militar. La tentación siempre radica en abandonar lo estratégico, prevaleciendo lo táctico-operativo, generando una deformación de la actividad que muchas veces va más allá de la norma, con la posibilidad de atentar contra la libertad y los derechos de las personas.
La elaboración de la carrera profesional y la creación de una Escuela Nacional de Inteligencia es primordial para lograr la profesionalización y estabilidad del recurso humano. El mayor daño causado a los servicios de inteligencia nacionales, es producto de los continuos despidos de personal, sin justificación alguna.
Un asunto a resaltar es la estructura organizacional y funcional de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la cual se cambia inevitablemente cada 4 años mediante acuerdos gubernativos, creando inestabilidad, corte de procesos y de personal. En ese sentido, sería saludable que dicha estructura se estableciera en la ley nacional, como sucede con la DIGICI.
Los controles democráticos internos y externos establecidos en la Ley del SNS, no han sido aplicados hasta la fecha, o han sido utilizados de una manera no responsable. Deberá desarrollarse una relación madura técnica-política-estratégica entre el Ejecutivo y el Legislativo, si se pretende avanzar de forma seria, tanto la Comisión Específica como el propio SNI, tienen obligaciones recíprocas.
Los puntos anteriores no son los únicos, sin lugar a dudas habrá otros que tratar (protección, clasificación, desclasificación de la información, bases de datos, fuentes, etc.), concluyendo que el desarrollo del Sistema Nacional de Inteligencia enfrenta grandes desafíos, debiendo asumir acciones estratégicas y operativas de corto, mediano y largo alcance. Algunas serán por la vía legal, pero fundamentalmente por la voluntad política y social.
Hoy existe la oportunidad de comenzar y continuar con los procesos iniciados hace ya varios años, a fin de consolidarlos o complementarlos, evitando un estancamiento o retroceso aún mayor. En resumidas cuentas, es necesario cambiar el paradigma y la actual cultura de inteligencia hacia la democratización, profesionalización y transparencia de los servicios.
La inteligencia es en gran medida parte de la política de defensa de un país y dicha actividad no debe ser una amenaza para la democracia y los derechos humanos, por el contrario, debe ser y estar cercana a la población y al responder a las demandas de la ciudadanía, no puede ignorar las libertades individuales.
Por Grisel Capó
El país necesita de un sistema nacional de inteligencia con capacidad para prevenir las amenazas, riesgos y vulnerabilidades, de proporcionar alertas tempranas, de elaborar escenarios que permitan a las autoridades del más alto nivel nacional tomar las mejores y oportunas decisiones para el bien de sus ciudadanos, pero fundamentalmente de contribuir a identificar las oportunidades que se presentan. Fortalecer, modernizar, coordinar, profesionalizar y democratizar deben ser los lineamientos estratégicos a seguir.
En Guatemala, la actividad de inteligencia atravesó por ciertos cambios, producto del contexto mundial y regional a partir de la finalización de la Guerra Fría, lo cual impactó sobre su conceptualización, caracterización, aplicación y uso. Sin entrar en detalles, con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, específicamente con el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y posteriormente en 1999 con el proyecto “Hacia una política de seguridad para la democracia” POLSEDE, que congregó a los distintos actores sociales y políticos involucrados en la problemática del sector seguridad, se establece el preámbulo de lo que más tarde será la discusión del proyecto de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
La citada Ley, producto de un profundo debate y análisis, se aprueba como Decreto 18-2008 del Congreso de la República, creando el Sistema Nacional de Seguridad (SNS), el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y el Sistema Nacional Inteligencia (SNI), bajo los principios de la seguridad democrática, reuniéndose en aquel entonces las condiciones para transitar sobre un nuevo camino para el desarrollo de la labor de inteligencia en el país. Según esta norma, el SNI es el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter preventivo, las amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación, mediante la necesaria coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar. El Sistema está integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado –SIE-, quien lo coordina, la Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación-DIGICI-y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Si bien es innegable los avances a nivel de ordenamiento jurídico y algunos documentos técnicos como la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, el Plan Nacional de Inteligencia y otras formalidades, aún falta mucho camino por recorrer para lograr el pleno fortalecimiento y modernización de las capacidades del propio sistema acorde al siglo XXI.
Desde el año 2008 hasta la fecha, la inteligencia ha estado alejada de discusiones técnicas, serias y transparentes, lo cual ha dejado como consecuencia lógica, que no se logre demostrar el debido profesionalismo para conquistar no solo la confianza, sino el aprecio de la población, atenuando los prejuicios existentes y tensiones sobre el tema.
Como excepción, se realizó a fines del 2015 el Foro denominado ¿Quién nos vigila? “desclasifiquemos el modelo de inteligencia”, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo paradójico fue que inmediatamente después de la realización de dicho foro, se efectúan cambios en la DIGICI bajo un ambiente de confusión, falta de transparencia y nombramientos criticados desde todos los sectores, quedando nuevamente la percepción de “qué se hacía ahí adentro”. Lo cierto es, que no ha existido la preocupación o voluntad de colocar nuevamente en la agenda pública los asuntos de inteligencia. Si bien la Ley Marco da vida al sistema y norma determinados aspectos, también existen grandes vacíos.
Se pueden enumerar varios obstáculos que han impedido el fortalecimiento y modernización de la inteligencia en Guatemala: divorcio y desconfianza entre el factor político y el factor inteligencia, continua improvisación y la no construcción de procesos sólidos de recolección de información y producción de inteligencia, ausencia de un marco legal específico, constantes recortes de presupuesto, nulo diálogo o acercamiento con la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, la cual merece también un capítulo aparte de análisis, falta de voluntad política para elaborar la carrera profesional como obligación establecida en la Ley Marco del SNS, debilidad en la expansión territorial de la inteligencia tanto interna como externa, incipiente desarrollo de una verdadera cultura de colaboración, cooperación y coordinación dentro y fuera del SNI, dificultad de encontrar profesionales y técnicos capacitados y aún peor, de conservar el recurso humano en función de los cambios de gobierno, entre otros.
¿Cómo ir venciendo los obstáculos que enfrenta el sistema? El Decreto 18-2008 establece las generalidades, sin embargo, es preciso llegar a las especificidades de esta actividad elaborando un marco legal adecuado o en términos más concretos una ley nacional de inteligencia, fundamental y necesaria, pero no la única solución.
Como primera medida, se debe de implementar un proceso similar al utilizado para la discusión y elaboración de la Ley Marco del SNS, recuperando los espacios perdidos u olvidados, donde estado y sectores sociales interesados confluían en fértiles debates y análisis para lograr acuerdos estratégicos. El objetivo es recuperar el valor social de esta actividad. Es decisivo, retomar el concepto de seguridad democrática el cual establece de manera contundente que el sujeto a proteger es la persona humana. La inteligencia sin excusas de ningún tipo, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.
La incorporación de conceptos cardinales como inteligencia, contrainteligencia, inteligencia estratégica, criminal, militar, etc., dentro de la normativa, deben corresponder al momento histórico. La inteligencia amerita reflexiones respecto a su alcance, reuniendo nuevas áreas temáticas: científicas, tecnológicas, medioambientales, sociales y a otras inteligencias como la financiera, la cual no fue incorporada dentro del SNI.
El uso de fondos reservados ha quedado en el limbo, al igual que las capacidades operativas, en especial de la SIE y la inteligencia militar. La tentación siempre radica en abandonar lo estratégico, prevaleciendo lo táctico-operativo, generando una deformación de la actividad que muchas veces va más allá de la norma, con la posibilidad de atentar contra la libertad y los derechos de las personas.
La elaboración de la carrera profesional y la creación de una Escuela Nacional de Inteligencia es primordial para lograr la profesionalización y estabilidad del recurso humano. El mayor daño causado a los servicios de inteligencia nacionales, es producto de los continuos despidos de personal, sin justificación alguna.
Un asunto a resaltar es la estructura organizacional y funcional de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la cual se cambia inevitablemente cada 4 años mediante acuerdos gubernativos, creando inestabilidad, corte de procesos y de personal. En ese sentido, sería saludable que dicha estructura se estableciera en la ley nacional, como sucede con la DIGICI.
Los controles democráticos internos y externos establecidos en la Ley del SNS, no han sido aplicados hasta la fecha, o han sido utilizados de una manera no responsable. Deberá desarrollarse una relación madura técnica-política-estratégica entre el Ejecutivo y el Legislativo, si se pretende avanzar de forma seria, tanto la Comisión Específica como el propio SNI, tienen obligaciones recíprocas.
Los puntos anteriores no son los únicos, sin lugar a dudas habrá otros que tratar (protección, clasificación, desclasificación de la información, bases de datos, fuentes, etc.), concluyendo que el desarrollo del Sistema Nacional de Inteligencia enfrenta grandes desafíos, debiendo asumir acciones estratégicas y operativas de corto, mediano y largo alcance. Algunas serán por la vía legal, pero fundamentalmente por la voluntad política y social.
Hoy existe la oportunidad de comenzar y continuar con los procesos iniciados hace ya varios años, a fin de consolidarlos o complementarlos, evitando un estancamiento o retroceso aún mayor. En resumidas cuentas, es necesario cambiar el paradigma y la actual cultura de inteligencia hacia la democratización, profesionalización y transparencia de los servicios.
La inteligencia es en gran medida parte de la política de defensa de un país y dicha actividad no debe ser una amenaza para la democracia y los derechos humanos, por el contrario, debe ser y estar cercana a la población y al responder a las demandas de la ciudadanía, no puede ignorar las libertades individuales.