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Y usted Sra. Fiscal, ¿con qué cuota llego al poder?

Redacción
04 de marzo, 2016

Con ninguna, ¿cierto?

El puesto que ocupa usted hoy, Fiscal Thelma Aldana, no lo hace por razón de ser mujer ni por ser zacapaneca, sino por virtud de los méritos que ha demostrado a lo largo de su carrera: desde que obtuvo su primera plaza dentro del Organismo Judicial como conserje en el Juzgado de Familia en 1981 hasta que alcanzó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2011 y en el 2014, la jefatura de el Ministerio Público.

Digo lo anterior, pues el comunicado publicado y firmado por usted el martes de esta semana me dejó desconcertado, en primer lugar, porque usted no dependió de nada más que de su propia capacidad para alcanzar el cargo que hoy ocupa y, en segundo lugar, porque como jurista, usted ha de saber que el mejor “mecanismo para permitir la participación de hombres y mujeres de cualquier etnia en la dinámica político electoral” es la igualdad ante la Ley garantizada en el artículo 4 de nuestra Constitución.

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Las cuotas de poder por etnia y por género que se pretenden aplicar al sistema electoral guatemalteco a través de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, obliga a los partidos políticos a incluir igualitariamente “a mujeres indígenas, ladinas y mestizas, y hombres indígenas, ladinos y mestizos en forma proporcional a la composición del distrito electoral”. El absurdo de esto es evidente: la representación política se basa, de esta forma, en las distintas expresiones del genotipo (el código genético) que compartimos los humanos al cien por cien.

Esta noción colectivista, considera a cada individuo no como tal sino como miembro de tal o cual sexo o raza y en consecuencia, supone que las ideas de cada ser humano estarán determinadas, no por su capacidad racional, sino por el colectivo que comparte una expresión genotípica similar.

Hay pocas cosas tan racistas y sexistas como este tipo de políticas pues, por un lado, bajo esta concepción, se considera a las mujeres y los grupos étnicos minoritarios como seres inferiores, sin talento ni calificación suficiente para alcanzar sus propios objetivos por medio de su esfuerzo y su intelecto. Por otro lado, con la supuesta intención de evitar discriminar o cometer una injusticia contra un grupo étnico o sexual “minoritario” o “con poca participación política” se discrimina y se cometen injusticias al no permitirle a otros individuos participar sin distinciones y en igualdad de condiciones, simplemente por la etnia o género al que pertenecen.

Además, como bien lo escribió María Dolores Arias, “uno se pregunta ¿quién va a catalogar a la población? ¿Usaremos alguna insignia en nuestras ropas como en el régimen nazi para diferenciarnos? ¿Cómo clasificaran a los ‘cuarteados’, ‘raleados’ o ‘cafecitos’ resultado de múltiples mezclas?”

Las cuotas electorales no son nada más que una corrección política que insulta a aquellos que pertenecen a los grupos a los que pretenden beneficiar y que le niegan la oportunidad a todos los individuos de ocupar cargos en el organismo legislativo por su capacidad racional y de ser electos por sus méritos, y por las ideas y los valores que comparten con los electores.

Recuerde señora Fiscal, que solamente en igualdad de condiciones ante la ley, los ciudadanos podemos disfrutar de los derechos y libertades políticas que un gobierno constitucional nos garantiza a todos.

@FOrellanaWer

Facebook.com/forellanawer

El Rincón de Galt

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El puesto que ocupa usted hoy, Fiscal Thelma Aldana, no lo hace por razón de ser mujer ni por ser zacapaneca, sino por virtud de los méritos que ha demostrado a lo largo de su carrera: desde que obtuvo su primera plaza dentro del Organismo Judicial como conserje en el Juzgado de Familia en 1981 hasta que alcanzó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2011 y en el 2014, la jefatura de el Ministerio Público.

Digo lo anterior, pues el comunicado publicado y firmado por usted el martes de esta semana me dejó desconcertado, en primer lugar, porque usted no dependió de nada más que de su propia capacidad para alcanzar el cargo que hoy ocupa y, en segundo lugar, porque como jurista, usted ha de saber que el mejor “mecanismo para permitir la participación de hombres y mujeres de cualquier etnia en la dinámica político electoral” es la igualdad ante la Ley garantizada en el artículo 4 de nuestra Constitución.

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Esta noción colectivista, considera a cada individuo no como tal sino como miembro de tal o cual sexo o raza y en consecuencia, supone que las ideas de cada ser humano estarán determinadas, no por su capacidad racional, sino por el colectivo que comparte una expresión genotípica similar.

Hay pocas cosas tan racistas y sexistas como este tipo de políticas pues, por un lado, bajo esta concepción, se considera a las mujeres y los grupos étnicos minoritarios como seres inferiores, sin talento ni calificación suficiente para alcanzar sus propios objetivos por medio de su esfuerzo y su intelecto. Por otro lado, con la supuesta intención de evitar discriminar o cometer una injusticia contra un grupo étnico o sexual “minoritario” o “con poca participación política” se discrimina y se cometen injusticias al no permitirle a otros individuos participar sin distinciones y en igualdad de condiciones, simplemente por la etnia o género al que pertenecen.

Además, como bien lo escribió María Dolores Arias, “uno se pregunta ¿quién va a catalogar a la población? ¿Usaremos alguna insignia en nuestras ropas como en el régimen nazi para diferenciarnos? ¿Cómo clasificaran a los ‘cuarteados’, ‘raleados’ o ‘cafecitos’ resultado de múltiples mezclas?”

Las cuotas electorales no son nada más que una corrección política que insulta a aquellos que pertenecen a los grupos a los que pretenden beneficiar y que le niegan la oportunidad a todos los individuos de ocupar cargos en el organismo legislativo por su capacidad racional y de ser electos por sus méritos, y por las ideas y los valores que comparten con los electores.

Recuerde señora Fiscal, que solamente en igualdad de condiciones ante la ley, los ciudadanos podemos disfrutar de los derechos y libertades políticas que un gobierno constitucional nos garantiza a todos.

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