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Desvergüenza

Betty Marroquin
31 de marzo, 2016

Desvergüenza es lo que sufren quienes promovieron la abolición de la pena de muerte para asesinos ante la Corte de Constitucionalidad. El Artículo 18 de la Constitución Política de Guatemala es clara cuando dice la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos “con fundamento en presunciones; a las mujeres; a los mayores de sesenta años; a los reos de delitos políticos y  comunes conexos con los políticos; y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos.” El Artículo 132 del Código Penal dice “Sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa”. O sea, la Ley no establece que la pena de muerte pueda ser aplicada antojadizamente, es clara y precisa. Para rematarla, pueden apelar hasta agotar todas las instancias.

Guatemala ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, con reservas sobre el tema de la pena de muerte. En 1986 retiró la reserva, con base a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, supuestamente debiera ser acatada, pero les recuerdo que ninguna ley está por encima de la Constitución de un Estado soberano. La Carta Magna es la Ley máxima, fundamental y de mayor jerarquía, así que me sorprende que los juristas expertos de la CC hayan usado el Pacto de San José como excusa para dar lugar al amparo presentado por las señoras Sayda Vanessa Arreaga Medina, Sofía Maricruz Herrera Mendoza y Astrid Fabiola Fuentes Mazariegos.

Es más, los famosos resarcimientos impuestos por juicios sobre temas acontecidos antes de 1986 no están bajo jurisdicción del Pacto de San José porque cuando Guatemala decidió acatarla se reservó dos términos, uno de los cuales reza: “Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos.”

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En palabras simples, no debiéramos dejar que nos impongan los resarcimientos absurdamente grotescos que nos han impuesto y que nos seguirán imponiendo mientras nos dejemos. Y ahora, cuando la mayoría de la población está a favor de la pena de muerte, y ojalá tuviéramos la plata para hacer una consulta popular sobre el tema, nos vamos a dejar que nos impongan una vez más algo que no deseamos. Es decir, permitir que quiten de la Constitución la pena máxima. Las encuestas de varios medios señalan que el 80% de la población apoya la aplicación de la pena capital.

No se ustedes, pero me calienta la sangre que mis impuestos mantengan a los mareros del preventivo viviendo como reyes en control de la prisión, donde se sabe que hasta sala tienen, un reo hasta chef privado ha tenido, mesa de billar etc. Prefiero que mis impuestos los usen para hospitales y escuelas, para combatir la malnutrición infantil. La pena de muerte debiera ser aplicada para todo aquel que cometa un crimen grotesco y salvaje, como implícito en el Código Penal, dependiendo de las circunstancias en que fuera cometido.   Esos asesinos de niños, de ancianos, de mujeres, esos que se vanaglorian de las atrocidades cometidas contra otro ser humano, no merecen clemencia alguna.

Que motiva a estas honorables señoras que promovieron el amparo contra la aplicación de la pena de muerte en casos de asesinato, a querer proteger a los pobres asesinos. Me pregunto si a estas ilustres señoras les han masacrado a un hijo, un marido o ser querido. Me pregunto si no serán parientes de un asesino, para defenderlo contra la pena capital. Me pregunto si su grado de civilismo es tan alto, que ya no viven en esta Guatemala atormentada por las maras y la violencia y se mueven en un mondo de ONG’s bohemio y altruista. Porque entiendo que un Sueco esté contra la pena de muerte. Claro, en un país donde raramente pasa algo donde no existen las maras, donde la gente circula a pie por las calles sin miedo, obvio que la pena de muerte les parezca barbarie. Aunque tampoco ellos están libres de monstruos. En su vecina Noruega a un asesino en serie le quieren dar hasta tratamiento especial, al pobre, pero esto es tema para otro artículo.

Ya sé que no es ni Cristiano, ni políticamente correcto, ni de “civilizados” estar a favor de la pena de muerte. Pero francamente, en un país donde algunos no tienen remedio, donde los crímenes que cometen llegan a extremos (descuartizar a un ser humano, violar-torturar y luego asesinar, matar a sangre fría a otro ser humano indefenso, entre otros muchos crímenes como de film) con cárceles sobre pobladas y controladas por esos mismos asesinos, no me parece que la pena de muerte suene descabellada. Y además de asesinos sanguinarios agregaría pedófilos, secuestradores y sicarios. Por el contrario, es necesaria si deseamos poner un poco de orden en nuestra suciedad. Es muy noble pensar que la pena de muerte es un signo de barbarie, como dijo Victor Hugo. Pero Victor Hugo no conoció a las maras, ni tuvo que vivir en un medio plagado de narcotraficantes y asesinos. Si yo viviera en la Francia Romántica de Victor Hugo, un período de transformación como lo fueron tanto la Segunda como la Tercera República, seguramente pensaría lo mismo especialmente porque la pena de muerte en esos entonces era para crímenes contra la patria, y por ende, para eliminar a los opositores al gobierno. Claro está, Baltazar Garzón y Helen Mack, que viven a la Victor Hugo, han unido fuerzas con todos sus compinches en contra de la propuesta de Zury Ríos y de Lucky vda. de Palomo. Concuerdo con más con el contemporáneo de Victor Hugo, el poeta francés Jean Baptiste Alphonse Karr cuando dijo que estaba de acuerdo con que las sociedades decretaran la abolición de la pena de muerte; pero que debían empezar por abolirla los asesinos.

Desvergüenza

Betty Marroquin
31 de marzo, 2016

Desvergüenza es lo que sufren quienes promovieron la abolición de la pena de muerte para asesinos ante la Corte de Constitucionalidad. El Artículo 18 de la Constitución Política de Guatemala es clara cuando dice la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos “con fundamento en presunciones; a las mujeres; a los mayores de sesenta años; a los reos de delitos políticos y  comunes conexos con los políticos; y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos.” El Artículo 132 del Código Penal dice “Sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa”. O sea, la Ley no establece que la pena de muerte pueda ser aplicada antojadizamente, es clara y precisa. Para rematarla, pueden apelar hasta agotar todas las instancias.

Guatemala ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, con reservas sobre el tema de la pena de muerte. En 1986 retiró la reserva, con base a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, supuestamente debiera ser acatada, pero les recuerdo que ninguna ley está por encima de la Constitución de un Estado soberano. La Carta Magna es la Ley máxima, fundamental y de mayor jerarquía, así que me sorprende que los juristas expertos de la CC hayan usado el Pacto de San José como excusa para dar lugar al amparo presentado por las señoras Sayda Vanessa Arreaga Medina, Sofía Maricruz Herrera Mendoza y Astrid Fabiola Fuentes Mazariegos.

Es más, los famosos resarcimientos impuestos por juicios sobre temas acontecidos antes de 1986 no están bajo jurisdicción del Pacto de San José porque cuando Guatemala decidió acatarla se reservó dos términos, uno de los cuales reza: “Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos.”

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En palabras simples, no debiéramos dejar que nos impongan los resarcimientos absurdamente grotescos que nos han impuesto y que nos seguirán imponiendo mientras nos dejemos. Y ahora, cuando la mayoría de la población está a favor de la pena de muerte, y ojalá tuviéramos la plata para hacer una consulta popular sobre el tema, nos vamos a dejar que nos impongan una vez más algo que no deseamos. Es decir, permitir que quiten de la Constitución la pena máxima. Las encuestas de varios medios señalan que el 80% de la población apoya la aplicación de la pena capital.

No se ustedes, pero me calienta la sangre que mis impuestos mantengan a los mareros del preventivo viviendo como reyes en control de la prisión, donde se sabe que hasta sala tienen, un reo hasta chef privado ha tenido, mesa de billar etc. Prefiero que mis impuestos los usen para hospitales y escuelas, para combatir la malnutrición infantil. La pena de muerte debiera ser aplicada para todo aquel que cometa un crimen grotesco y salvaje, como implícito en el Código Penal, dependiendo de las circunstancias en que fuera cometido.   Esos asesinos de niños, de ancianos, de mujeres, esos que se vanaglorian de las atrocidades cometidas contra otro ser humano, no merecen clemencia alguna.

Que motiva a estas honorables señoras que promovieron el amparo contra la aplicación de la pena de muerte en casos de asesinato, a querer proteger a los pobres asesinos. Me pregunto si a estas ilustres señoras les han masacrado a un hijo, un marido o ser querido. Me pregunto si no serán parientes de un asesino, para defenderlo contra la pena capital. Me pregunto si su grado de civilismo es tan alto, que ya no viven en esta Guatemala atormentada por las maras y la violencia y se mueven en un mondo de ONG’s bohemio y altruista. Porque entiendo que un Sueco esté contra la pena de muerte. Claro, en un país donde raramente pasa algo donde no existen las maras, donde la gente circula a pie por las calles sin miedo, obvio que la pena de muerte les parezca barbarie. Aunque tampoco ellos están libres de monstruos. En su vecina Noruega a un asesino en serie le quieren dar hasta tratamiento especial, al pobre, pero esto es tema para otro artículo.

Ya sé que no es ni Cristiano, ni políticamente correcto, ni de “civilizados” estar a favor de la pena de muerte. Pero francamente, en un país donde algunos no tienen remedio, donde los crímenes que cometen llegan a extremos (descuartizar a un ser humano, violar-torturar y luego asesinar, matar a sangre fría a otro ser humano indefenso, entre otros muchos crímenes como de film) con cárceles sobre pobladas y controladas por esos mismos asesinos, no me parece que la pena de muerte suene descabellada. Y además de asesinos sanguinarios agregaría pedófilos, secuestradores y sicarios. Por el contrario, es necesaria si deseamos poner un poco de orden en nuestra suciedad. Es muy noble pensar que la pena de muerte es un signo de barbarie, como dijo Victor Hugo. Pero Victor Hugo no conoció a las maras, ni tuvo que vivir en un medio plagado de narcotraficantes y asesinos. Si yo viviera en la Francia Romántica de Victor Hugo, un período de transformación como lo fueron tanto la Segunda como la Tercera República, seguramente pensaría lo mismo especialmente porque la pena de muerte en esos entonces era para crímenes contra la patria, y por ende, para eliminar a los opositores al gobierno. Claro está, Baltazar Garzón y Helen Mack, que viven a la Victor Hugo, han unido fuerzas con todos sus compinches en contra de la propuesta de Zury Ríos y de Lucky vda. de Palomo. Concuerdo con más con el contemporáneo de Victor Hugo, el poeta francés Jean Baptiste Alphonse Karr cuando dijo que estaba de acuerdo con que las sociedades decretaran la abolición de la pena de muerte; pero que debían empezar por abolirla los asesinos.