Con el reciente escándalo de supuesta corrupción y lavado de dinero resultado de una investigación periodística difundido principalmente por un diario alemán -y que ha implicado incluso a personas Lionel Messi-, me surgen muchas interrogantes con respecto a personas que reciben millones de euros y que no son fiscalizados, ni pagan impuestos en Guatemala. En este artículo no voy a entrar a valorar esta evidencia, sino que mi objetivo es plantear un tema para debate: que hace estas organizaciones que lucran de los Derechos Humanos con todo el dinero que recibe de resarcimientos fraudulentos y donaciones.

Para nadie es un secreto que en Panamá existe gran facilidad para transferir millonarias sumas de dinero, debido a la libertad que posee su mercado financiero, la baja carga tributaria y la escasa intervención gubernamental en el intercambio de divisas. En este punto quisiera citar un ejemplo: el del ex presidente golpista Jorge Serrano Elías, quien consiguió negociar asilo político y estableció un imperio comercial con fondos de muy dudosa procedencia, a pesar de existir órdenes de captura internacionales en su contra, encontró espacio Panamá precisamente porque las garantías de impunidad y protección de su “capital” no se las ofrece otros país.

También quisiera aclarar que si bien se ha satanizado a las entidades fuera de plaza como mecanismos de lavado de dinero, esto no siempre es así y no puede generalizarse ya que únicamente representa el libre comercio mundial, en el cual cualquier persona puede guardar su dinero legítimamente obtenido donde quiera. Otro tema que usan como estigma principalmente organizaciones de la izquierda retrograda que abogan por el control gubernamental del mercado financiero es el de los “paraísos fiscales”. Paraíso fiscal es un país que tiene reglas claras, Estado de Derecho consolidado tasas bajas y fáciles de pagar. ¿Por qué Guatemala no puede ser una zona de libre comercio o “paraíso fiscal” y tener una economía atractiva para la inversión como la de Panamá?

Ahora bien, volvamos a los vividores de los DDHH y sus multimillonarios fondos en euros, dólares y quetzales. Inicio con Nineth Montenegro ya que me parece una hipocresía que ahora se dé baños de pureza y se autodenomina “adalid de la transparencia y la fiscalización”, pero al mismo tiempo se niega a informar a los guatemaltecos sobre cuánto de nuestro dinero fue a parar a sus bolsillos en concepto resarcimiento, otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta desaparición de su ex esposo, el terrorista del PGT Fernando García. Quiero recordarle a la diputada Montenegro que todos los fondos públicos son fiscalizables, y que de ninguna manera puede ser legal un resarcimiento secreto. Otro caso es el de Helen Mack, quien recibió un resarcimiento multimillonario por la muerte de su hermana Myrna, aún sabiendo que no fue Noel de Jesús Beteta quien la asesinó, sino un guerrillero de la URNG apodado “la yegua”, pero como lo que da dinero es demandar al Estado,

Si los activistas que lucran de los Derechos Humanos reciben esos cuantiosos fondos, ¿quién los fiscaliza? porque no pagan impuestos.