Previo al inicio del gobierno de Jimmy Morales y de la Octava Legislatura en el Congreso, se plantearon diversos escenarios sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Múltiples analistas coincidíamos en que se proyectaba una relación desigual de poder, en la que el Congreso dominaría la agenda, e incluso se impondría al Ejecutivo en temas como la asignación del presupuesto.
Algunos fuimos más allá y argumentamos que el sistema político en su totalidad se dirigía hacia una especie de parlamentarismo. Es decir, un sistema en el que la toma de decisiones reside en el Congreso. Se percibía una presidencia débil, sin programa, ni un norte claro de cómo abordar la administración del Estado.
En ese contexto, Morales tendría dos opciones. La primera era buscar acercarse al Congreso y tener una relación más o menos cordial, de manera que el Ejecutivo pudiera mantenerse a flote. La segunda opción de Morales sería romper completamente con el Congreso, posicionarse como un reformista anti-partidos tradicionales, y entrar en un conflicto directo con los diputados.
Inicialmente el Presidente optó por la vía de tener una relación cordial con el Congreso. Si bien, estuvo ausente en la discusión del presupuesto para el año 2016, Morales no atacó ni deslegitimó al legislativo, como sí lo hicieron otros presidentes anteriores. Incluso, cuando su partido FCN aceptó diputados tránsfugas, Morales optó por “respetar” la decisión de su bancada. Por su lado, el Presidente del Congreso, Mario Taracena, también abrió las puertas a Morales y no ha sido crítico del mandatario.
Sin embargo, este ambiente de cordialidad podría esfumarse pronto. Los sucesos de la última semana, como el rechazo al veto presidencial a las reformas sobre citaciones a ministros, y las presiones a gobernadores, podrían ser el primer episodio de un conflicto abierto entre los poderes ejecutivo y legislativo. El escalamiento del conflicto, en un contexto de indignación ciudadana y de nuevos casos de corrupción revelados, podría dar paso a una crisis institucional de gran magnitud.
En este sentido, ya existe alguna evidencia que presagia una crisis en los próximos meses, de no cambiarse el rumbo. El Ejecutivo ha perdido control total sobre su propia bancada en el Congreso, la cual cada vez es más representativa de la “vieja política” contra la que supuestamente lucharía el Presidente. FCN Nación no solo ha presionado a ministros de su mismo partido, sino que tampoco ha mostrado interés en empujar la mínima agenda del Presidente Morales. Esta situación podría generar incentivos para que el Presidente rompa con su propia bancada y así mantener apoyo popular.
Por otro lado, las presiones a gobernadores y la filtración de conversaciones entre diputados muestra un Congreso absorbido por las mismas prácticas del pasado. La falta de altura en el debate y el comportamiento de muchos diputados generan indignación en la ciudadanía, que podría ser de nuevo un actor relevante en generar cambios en el sistema político.
Un rompimiento entre Ejecutivo y Legislativo podría resultar en un proceso positivo si permite que los diputados involucrados en corrupción sean señalados y condenados, tanto judicial como moralmente. Sin embargo, la baja tolerancia del Presidente Morales a las críticas, y su escaso manejo emocional al ser cuestionado, nos plantean un escenario en el que el Presidente rompería con el Legislativo, no con el afán de una reforma del sistema, sino con el objetivo de cuidar su nombre y prestigio. Qué tan profundo sería el rompimiento y sus consecuencias es sumamente incierto.
Todo esto podría darse con una Corte de Constitucionalidad nueva, en la que la mayoría de sus integrantes aún no han tenido mayor experiencia en temas constitucionales. La combinación de todas estas variables nos da suficientes elementos para anticipar que el país está a punto de enfrentarse a una crisis institucional importante, lo cual requiere que los actores políticos y sociales, tengan la madurez para evitar llegar a un punto de retorno, y así mantener la débil institucionalidad que se logró proteger luego de la crisis del 2015. Estamos en presencia de una bomba de tiempo.
Previo al inicio del gobierno de Jimmy Morales y de la Octava Legislatura en el Congreso, se plantearon diversos escenarios sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Múltiples analistas coincidíamos en que se proyectaba una relación desigual de poder, en la que el Congreso dominaría la agenda, e incluso se impondría al Ejecutivo en temas como la asignación del presupuesto.
Algunos fuimos más allá y argumentamos que el sistema político en su totalidad se dirigía hacia una especie de parlamentarismo. Es decir, un sistema en el que la toma de decisiones reside en el Congreso. Se percibía una presidencia débil, sin programa, ni un norte claro de cómo abordar la administración del Estado.
En ese contexto, Morales tendría dos opciones. La primera era buscar acercarse al Congreso y tener una relación más o menos cordial, de manera que el Ejecutivo pudiera mantenerse a flote. La segunda opción de Morales sería romper completamente con el Congreso, posicionarse como un reformista anti-partidos tradicionales, y entrar en un conflicto directo con los diputados.
Inicialmente el Presidente optó por la vía de tener una relación cordial con el Congreso. Si bien, estuvo ausente en la discusión del presupuesto para el año 2016, Morales no atacó ni deslegitimó al legislativo, como sí lo hicieron otros presidentes anteriores. Incluso, cuando su partido FCN aceptó diputados tránsfugas, Morales optó por “respetar” la decisión de su bancada. Por su lado, el Presidente del Congreso, Mario Taracena, también abrió las puertas a Morales y no ha sido crítico del mandatario.
Sin embargo, este ambiente de cordialidad podría esfumarse pronto. Los sucesos de la última semana, como el rechazo al veto presidencial a las reformas sobre citaciones a ministros, y las presiones a gobernadores, podrían ser el primer episodio de un conflicto abierto entre los poderes ejecutivo y legislativo. El escalamiento del conflicto, en un contexto de indignación ciudadana y de nuevos casos de corrupción revelados, podría dar paso a una crisis institucional de gran magnitud.
En este sentido, ya existe alguna evidencia que presagia una crisis en los próximos meses, de no cambiarse el rumbo. El Ejecutivo ha perdido control total sobre su propia bancada en el Congreso, la cual cada vez es más representativa de la “vieja política” contra la que supuestamente lucharía el Presidente. FCN Nación no solo ha presionado a ministros de su mismo partido, sino que tampoco ha mostrado interés en empujar la mínima agenda del Presidente Morales. Esta situación podría generar incentivos para que el Presidente rompa con su propia bancada y así mantener apoyo popular.
Por otro lado, las presiones a gobernadores y la filtración de conversaciones entre diputados muestra un Congreso absorbido por las mismas prácticas del pasado. La falta de altura en el debate y el comportamiento de muchos diputados generan indignación en la ciudadanía, que podría ser de nuevo un actor relevante en generar cambios en el sistema político.
Un rompimiento entre Ejecutivo y Legislativo podría resultar en un proceso positivo si permite que los diputados involucrados en corrupción sean señalados y condenados, tanto judicial como moralmente. Sin embargo, la baja tolerancia del Presidente Morales a las críticas, y su escaso manejo emocional al ser cuestionado, nos plantean un escenario en el que el Presidente rompería con el Legislativo, no con el afán de una reforma del sistema, sino con el objetivo de cuidar su nombre y prestigio. Qué tan profundo sería el rompimiento y sus consecuencias es sumamente incierto.
Todo esto podría darse con una Corte de Constitucionalidad nueva, en la que la mayoría de sus integrantes aún no han tenido mayor experiencia en temas constitucionales. La combinación de todas estas variables nos da suficientes elementos para anticipar que el país está a punto de enfrentarse a una crisis institucional importante, lo cual requiere que los actores políticos y sociales, tengan la madurez para evitar llegar a un punto de retorno, y así mantener la débil institucionalidad que se logró proteger luego de la crisis del 2015. Estamos en presencia de una bomba de tiempo.