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¿Nos quejamos de los síntomas o atendemos la causa?

Redacción
13 de abril, 2016

La corrupción es un cáncer que se ha enraizado hasta en lo más profundo de nuestras instituciones gubernamentales. Un gobierno permeado por la corrupción, no vela por los intereses de la ciudadanía ni del país entero, sino que es dirigido por funcionarios que buscan su enriquecimiento personal. Estas personas se aprovechan de sus puestos y abusan de su autoridad para hacer un sinfín de marufias, desde sobrevalorar medicinas, la auto-asignación de negocios con el Estado, hasta el ingreso de mercadería ilícita a las fronteras del país. Quiénes sufren con las consecuencias de este terrible y nocivo cáncer somos todos nosotros, los ciudadanos, pero particularmente los más necesitados, ya que son ellos quienes no tienen capacidad de costear opciones tales como un servicio de salud privada.

Hoy, la corrupción ya está empezando a ser depurada de muchas entidades de nuestro gobierno. Según el portal del MP, solo en 2015 se remitieron 6 071 casos de corrupción en todo el país, de los cuales aproximadamente un 50% se registran en la capital. Las tipificaciones más comunes son abuso de autoridad, cobros indebidos, desobediencia, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes. Este proceso de limpieza no será fácil por los derechos adquiridos y la inamovilidad de la que gozan ciertas plazas. Pero la realidad es que mientras no se fortalezca un verdadero servicio civil basado en meritocracia y hasta que no existan consecuencias judiciales contra aquellos que participan en la corrupción o violan la ley, no podemos esperar que nuestro Estado funcione correctamente.

Según el Índice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del BID, un Estado capaz, implica una gestión pública moderna. Esta toma en consideración las limitaciones económicas del país y las hace coincidir con la visión de desarrollo de largo plazo, teniendo muy claro cuáles son las prioridades y quiénes son los responsables. El principio fundamental de la gestión pública es crear valor en los ciudadanos. Por tanto, la inversión del Estado debe de ser: (i) pertinente –es decir, hacer las cosas correctas y prioritarias-, (ii) eficiente – hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles- y (iii) transparente –rendir cuentas sobre lo que se realiza-, todo ello con el fin de generar valor público. Conforme se logran cumplir estos tres criterios, se maximiza el retorno sobre la inversión pública. El factor más relacionado (aunque en este caso en relación inversa) con ese retorno sobre inversión es la corrupción

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Como ciudadanos, debemos exigir el correcto funcionamiento de nuestro Estado y las instituciones que lo conforman. No podemos seguir viendo la corrupción como algo común de nuestro diario vivir. Reconozcamos a aquellos servidores públicos que se mantienen firmes en sus convicciones por servir a su prójimo y que no se dejan torcer por estas presiones. Reconozcamos además a quienes están liderando estos procesos de limpieza dentro de nuestras instituciones.

Sin embargo, este cáncer pareciera estar regado por toda Latinoamérica. Son varios ex presidentes de la región que están siendo investigados por supuestos actos de corrupción, entre ellos Lula da Silva de Brasil, por el escándalo de corrupción titulado “Petrolao” Cristina Kirchner de Argentina, acusada de defraudación contra la administración pública, Hugo Chávez ya no podrá ser enjuiciado pero es quizás el caso más notorio de enriquecimiento burdo a costas del pueblo, entre otros.

Acemoglu y Robinson, autores del libro Why Nations Fail, argumentan que este flagelo es compartido por toda nuestra región por algunas deficiencias de origen en el establecimiento de nuestros respectivos Estados de Derecho. Eso se ha traducido en una norma cultural. Para que el Estado funcione tenemos que dejar de aceptar que nuestras máximas autoridades se burlen de la ley.

La corrupción está robando nuestro futuro, y afecta aspectos como el buen estado de nuestras carreteras, la atracción de turismo e inversión extranjera, hasta otros más vitales como el acceso a medicinas y servicios de salud pública. Esta problemática es una oportunidad para que, como ciudadanos, unamos nuestras voces al unísono. Juntos, ciudadanos y organizaciones de sociedad civil, debemos exigir sentencias firmes por nuestro Sistema de Justicia. Este no debe ser un tema de ideologías ni sectores, es un tema del futuro de nuestro país. Debemos ponerle fin a este ciclo vicioso que nos priva de muchas cosas, y velar entonces por un mejor mañana para Guatemala.

www.salvadorpaiz.com

@salva_paiz

¿Nos quejamos de los síntomas o atendemos la causa?

Redacción
13 de abril, 2016

La corrupción es un cáncer que se ha enraizado hasta en lo más profundo de nuestras instituciones gubernamentales. Un gobierno permeado por la corrupción, no vela por los intereses de la ciudadanía ni del país entero, sino que es dirigido por funcionarios que buscan su enriquecimiento personal. Estas personas se aprovechan de sus puestos y abusan de su autoridad para hacer un sinfín de marufias, desde sobrevalorar medicinas, la auto-asignación de negocios con el Estado, hasta el ingreso de mercadería ilícita a las fronteras del país. Quiénes sufren con las consecuencias de este terrible y nocivo cáncer somos todos nosotros, los ciudadanos, pero particularmente los más necesitados, ya que son ellos quienes no tienen capacidad de costear opciones tales como un servicio de salud privada.

Hoy, la corrupción ya está empezando a ser depurada de muchas entidades de nuestro gobierno. Según el portal del MP, solo en 2015 se remitieron 6 071 casos de corrupción en todo el país, de los cuales aproximadamente un 50% se registran en la capital. Las tipificaciones más comunes son abuso de autoridad, cobros indebidos, desobediencia, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes. Este proceso de limpieza no será fácil por los derechos adquiridos y la inamovilidad de la que gozan ciertas plazas. Pero la realidad es que mientras no se fortalezca un verdadero servicio civil basado en meritocracia y hasta que no existan consecuencias judiciales contra aquellos que participan en la corrupción o violan la ley, no podemos esperar que nuestro Estado funcione correctamente.

Según el Índice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del BID, un Estado capaz, implica una gestión pública moderna. Esta toma en consideración las limitaciones económicas del país y las hace coincidir con la visión de desarrollo de largo plazo, teniendo muy claro cuáles son las prioridades y quiénes son los responsables. El principio fundamental de la gestión pública es crear valor en los ciudadanos. Por tanto, la inversión del Estado debe de ser: (i) pertinente –es decir, hacer las cosas correctas y prioritarias-, (ii) eficiente – hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles- y (iii) transparente –rendir cuentas sobre lo que se realiza-, todo ello con el fin de generar valor público. Conforme se logran cumplir estos tres criterios, se maximiza el retorno sobre la inversión pública. El factor más relacionado (aunque en este caso en relación inversa) con ese retorno sobre inversión es la corrupción

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Sin embargo, este cáncer pareciera estar regado por toda Latinoamérica. Son varios ex presidentes de la región que están siendo investigados por supuestos actos de corrupción, entre ellos Lula da Silva de Brasil, por el escándalo de corrupción titulado “Petrolao” Cristina Kirchner de Argentina, acusada de defraudación contra la administración pública, Hugo Chávez ya no podrá ser enjuiciado pero es quizás el caso más notorio de enriquecimiento burdo a costas del pueblo, entre otros.

Acemoglu y Robinson, autores del libro Why Nations Fail, argumentan que este flagelo es compartido por toda nuestra región por algunas deficiencias de origen en el establecimiento de nuestros respectivos Estados de Derecho. Eso se ha traducido en una norma cultural. Para que el Estado funcione tenemos que dejar de aceptar que nuestras máximas autoridades se burlen de la ley.

La corrupción está robando nuestro futuro, y afecta aspectos como el buen estado de nuestras carreteras, la atracción de turismo e inversión extranjera, hasta otros más vitales como el acceso a medicinas y servicios de salud pública. Esta problemática es una oportunidad para que, como ciudadanos, unamos nuestras voces al unísono. Juntos, ciudadanos y organizaciones de sociedad civil, debemos exigir sentencias firmes por nuestro Sistema de Justicia. Este no debe ser un tema de ideologías ni sectores, es un tema del futuro de nuestro país. Debemos ponerle fin a este ciclo vicioso que nos priva de muchas cosas, y velar entonces por un mejor mañana para Guatemala.

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