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La Red Mendoza y las CIACS

Redacción
15 de abril, 2016

De acuerdo al mandato de la CICIG, su principal función es promover la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Dado que el concepto de las CIACS no tiene parangón en la literatura de ciencias sociales o criminalísticas, existe una evidente dificultad para definir operativamente el término. El artículo 1 del Acuerdo de CICIG les define como aquellos grupos que “cometen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos”, y que estén “vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o cuentan con capacidad de generar impunidad”.

Durante el 2015, Guatemala vivió con algarabía la desarticulación de varias redes de corrupción que ejemplifican una expresión de las CIACS: estructuras integradas por funcionarios y personas externas al aparato estatal, organizadas con el propósito de saquear al erario público, vía contratos fraudulentos, sobornos o tráfico de influencias. Esta es la realidad de casos como “La Línea” o “Negociantes de la salud”. Este tipo de CIACS ha proliferado desde los años noventa, y ha logrado cooptar la administración pública, utilizando como trampolín a los partidos políticos. Su aspiración es explotar la concepción patrimonial del Estado: la idea que la acción pública constituye una fuente de riqueza, y que el financiamiento electoral constituye la inversión para acceder al botín de lo público.

No obstante, el más reciente de los casos develados por CICIG y el Ministerio Público ponen en la palestra a otra expresión de las CIACS. La desarticulación de la Red de los Mendoza ejemplifica la existencia de estructuras de poder territorial, con alta capacidad de fuego, enorme poder económico y capacidad de incidencia política, que feudalizan una porción del territorio nacional. Dichas redes no aspiran a cooptar el aparato estatal, sino por el contrario, aprovechan de la falta de presencia del Estado en el interior del país. Utilizando ejércitos privados de mercenarios y sicarios, las redes tipo Mendoza se convierten en pequeños Estados dentro del Estado: se constituyen en la fuerte de autoridad en un territorio; controlan las actividades económicas lícitas e ilícitas; apadrinan a las autoridades políticas locales; y violentan la normativa jurídica del Estado sin mayor miramiento.

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Lo complejo de desarticular CIACS de este segundo tipo es que representa un mayor reto para el Estado evitar que resurjan. En el caso de las CIACS del primer tipo, la solución pasa por reformas para el fortalecimiento institucional. Evitar el surgimiento de otra Línea requiere de un rediseño de la SAT; evitar negocios anómalos en el Estado requiere de un rediseño de la normativa de compras y contrataciones, de los sistemas de control y auditoría, o del sistema electoral. Pero para evitar que resurjan redes tipo “Mendoza”, el Estado tiene que generar presencia en zonas en donde históricamente ha estado ausente. Implica que las fuerzas del orden retomen el control del territorio, pero también, que las instituciones provean servicios públicos. En pocas palabras, evitar que resurjan redes tipo Mendoza requiere más que una reforma institucional, requiere de un Estado que llene vacíos históricos.

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