En las últimas semanas hemos sido testigos de eventos muy similares a los sucedidos durante el 2015. Antejuicios a diputados, conferencias de prensa del Ministerio Público y la CICIG, y la denuncia de casos de corrupción en instituciones clave del Estado. Asimismo, de nuevo aparecen las convocatorias a protestas pacíficas, y ciudadanos exigiendo la renuncia de algunos diputados señalados por tráfico de influencias.
El panorama luce casi idéntico al 2015. Sin embargo, ¿estamos viviendo de nuevo una crisis política?
Algunos elementos nos indicarían que la respuesta es afirmativa. Tanto el año anterior como el presente se han visto marcados por la persecución judicial a diputados por diversas acusaciones. En este caso, ocho diputados del partido oficial están siendo señalados de discriminación, tráfico de influencias y abuso de autoridad. En el 2015, varios congresistas enfrentaron un proceso parecido, lo que les significó la pérdida de su curul luego de obtener la reelección. Muchos de estos diputados eran “vacas sagradas” dentro del Legislativo, algunos incluso habían fungido como presidentes de dicho poder del Estado.
Otra similitud con el año pasado es el papel activo del Ministerio Público y CICIG, los cuales no han bajado la guardia en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, con motivo del aniversario del Caso La Línea, el pasado viernes se realizaron múltiples capturas y se reveló la posible participación de Otto Pérez y Roxana Baldetti en otra estructura de corrupción dentro de los puertos del país.
Todo lo sucedido genera la percepción de que el país atraviesa de nuevo un momento político similar al del 2015. Sin embargo, algunas variables son diferentes en la coyuntura actual. Por ejemplo, en el caso de los diputados del partido oficial, el escándalo ha sido gestionado como una crisis de partido, y no de todo el Congreso. El Presidente del Congreso, Mario Taracena, hábilmente ha buscado posicionar la crisis de FCN como un problema de organización política, que no atañe al resto de bancadas. Esto de alguna manera ha permitido que las críticas de la ciudadanía sean dirigidas solamente hacia un partido en particular y no a toda la institución.
Otra diferencia es que, a diferencia del año 2015, los casos de corrupción revelados no afectan directamente a la institución de la presidencia. El año pasado la acusación en contra de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina fue motivo de las protestas multitudinarias, que dieron paso a la renuncia de ambos como vicepresidenta y presidente respectivamente. Ambos personajes se encontraban en el poder al momento de ser denunciados, y eso incrementó la molestia popular hacia su gobierno.
En esta oportunidad, el presidente y vicepresidente actuales no son los protagonistas de los nuevos casos de corrupción. De hecho, Pérez y Baldetti continúan siendo los principales actores en las estructuras de corrupción reveladas ante la opinión pública. Esto ha tenido como efecto que la indignación de la ciudadanía no necesariamente se traduzca en movilización política, pues no es lo mismo una acusación a un gobierno del pasado que al actual.
Finalmente, es importante mencionar que el proceso electoral fue una de las variables que incrementó los decibeles de la crisis política en el 2015. La percepción de que las elecciones no necesariamente permitirían la renovación de todo el sistema político aumentó los incentivos para que muchos exigieran la depuración de candidatos, y permitió la pérdida de popularidad de aquellos partidos y candidatos considerados como tradicionales. Una vez finalizado el proceso electoral, la intensidad de la crisis disminuyó y con ello el entusiasmo de las personas de movilizarse políticamente.
Por estas razones, es difícil afirmar que la coyuntura actual sea un “deja vu” de lo sucedido el año pasado. Sin embargo, las variables políticas que muestra el país en la actualidad podrían dar paso a crisis de otros tipos, sobre todo si continúan las señales de conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Seguramente seguiremos observando la presentación de casos de corrupción y denuncias sobre el comportamiento de funcionarios públicos, pero al día de hoy, una protesta de 70 mil personas exigiendo al unísono la renuncia del Presidente sería poco probable.
En las últimas semanas hemos sido testigos de eventos muy similares a los sucedidos durante el 2015. Antejuicios a diputados, conferencias de prensa del Ministerio Público y la CICIG, y la denuncia de casos de corrupción en instituciones clave del Estado. Asimismo, de nuevo aparecen las convocatorias a protestas pacíficas, y ciudadanos exigiendo la renuncia de algunos diputados señalados por tráfico de influencias.
El panorama luce casi idéntico al 2015. Sin embargo, ¿estamos viviendo de nuevo una crisis política?
Algunos elementos nos indicarían que la respuesta es afirmativa. Tanto el año anterior como el presente se han visto marcados por la persecución judicial a diputados por diversas acusaciones. En este caso, ocho diputados del partido oficial están siendo señalados de discriminación, tráfico de influencias y abuso de autoridad. En el 2015, varios congresistas enfrentaron un proceso parecido, lo que les significó la pérdida de su curul luego de obtener la reelección. Muchos de estos diputados eran “vacas sagradas” dentro del Legislativo, algunos incluso habían fungido como presidentes de dicho poder del Estado.
Otra similitud con el año pasado es el papel activo del Ministerio Público y CICIG, los cuales no han bajado la guardia en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, con motivo del aniversario del Caso La Línea, el pasado viernes se realizaron múltiples capturas y se reveló la posible participación de Otto Pérez y Roxana Baldetti en otra estructura de corrupción dentro de los puertos del país.
Todo lo sucedido genera la percepción de que el país atraviesa de nuevo un momento político similar al del 2015. Sin embargo, algunas variables son diferentes en la coyuntura actual. Por ejemplo, en el caso de los diputados del partido oficial, el escándalo ha sido gestionado como una crisis de partido, y no de todo el Congreso. El Presidente del Congreso, Mario Taracena, hábilmente ha buscado posicionar la crisis de FCN como un problema de organización política, que no atañe al resto de bancadas. Esto de alguna manera ha permitido que las críticas de la ciudadanía sean dirigidas solamente hacia un partido en particular y no a toda la institución.
Otra diferencia es que, a diferencia del año 2015, los casos de corrupción revelados no afectan directamente a la institución de la presidencia. El año pasado la acusación en contra de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina fue motivo de las protestas multitudinarias, que dieron paso a la renuncia de ambos como vicepresidenta y presidente respectivamente. Ambos personajes se encontraban en el poder al momento de ser denunciados, y eso incrementó la molestia popular hacia su gobierno.
En esta oportunidad, el presidente y vicepresidente actuales no son los protagonistas de los nuevos casos de corrupción. De hecho, Pérez y Baldetti continúan siendo los principales actores en las estructuras de corrupción reveladas ante la opinión pública. Esto ha tenido como efecto que la indignación de la ciudadanía no necesariamente se traduzca en movilización política, pues no es lo mismo una acusación a un gobierno del pasado que al actual.
Finalmente, es importante mencionar que el proceso electoral fue una de las variables que incrementó los decibeles de la crisis política en el 2015. La percepción de que las elecciones no necesariamente permitirían la renovación de todo el sistema político aumentó los incentivos para que muchos exigieran la depuración de candidatos, y permitió la pérdida de popularidad de aquellos partidos y candidatos considerados como tradicionales. Una vez finalizado el proceso electoral, la intensidad de la crisis disminuyó y con ello el entusiasmo de las personas de movilizarse políticamente.
Por estas razones, es difícil afirmar que la coyuntura actual sea un “deja vu” de lo sucedido el año pasado. Sin embargo, las variables políticas que muestra el país en la actualidad podrían dar paso a crisis de otros tipos, sobre todo si continúan las señales de conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Seguramente seguiremos observando la presentación de casos de corrupción y denuncias sobre el comportamiento de funcionarios públicos, pero al día de hoy, una protesta de 70 mil personas exigiendo al unísono la renuncia del Presidente sería poco probable.