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De la concesión a la extorsión

María Dolores Arias
18 de abril, 2016

Un nuevo escándalo de corrupción se conoció la semana pasada cuando Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público –MP- informó sobre la investigación en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- sobre el contrato de usufructo de la construcción y operación de una terminal de contenedores entre la Empresa Portuaria Quetzal –EPQ- y la Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-.

Este contrato se otorgó en el 2012, a inicios del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Y se oficializó a principios de 2013, dicho anuncio generó reacciones adversas por diferentes motivos, entre ellas destacan la opacidad en el otorgamiento de dicho contrato ya que no fue una licitación pública, se rumoraba -en ese entonces- de tráfico de influencias y abuso de funciones por parte del interventor del puerto.

Los sindicalistas alegaron que dicho contrato lesionaba los intereses de los trabajadores de la EPQ ya que el 80% de la carga que ellos recibían sería trasladada a TCQ. Otros afirmaron que se debería declarar nulo y lesivo el contrato por competencia desleal y porque el “Gobierno” tan sólo recibiría 2.4 millones de dólares al año en concepto de renta y un pago de US$11.50 por cada contenedor movilizado, con lo que –según algunos cálculos- sumaba US$132 millones durante los 25 años del contrato.

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Según las investigaciones del MP y la CICIG, la banda de presuntos extorsionadores encabezados por Pérez Molina y Baldetti, habrían “negociado” la entrega de US$30 millones para darles el contrato a TCQ. De este dinero, US$24.5 sería para la banda y el resto se entregaría a “otros grupos” con el propósito de aceitar la maquinaria burocrática, judicial y laboral. Al final las cosas no salieron como la banda hubiera deseado ya que los jefes perdieron el poder y “sólo” pudieron cobrar US$12 millones.

Este caso, una vez más, pone de manifiesto el poder que obtienen los mandatarios en nombre del bien del común, general o de la Nación. El poder casi ilimitado de los burócratas permite extorsionar a quienes desean invertir legítimamente y negociar con quienes buscan privilegios para sus operaciones.

El empresario, inversionista, emprendedor o ciudadano de a pie se enfrenta con cientos de regulaciones que le dificultan o le impiden aprovechar las posibles oportunidades que vislumbran, están en las manos de burócratas que tienen el poder de hacerles quebrar o facilitarles el proceso y en algunos ocasiones hasta de darles beneficios exclusivos.

Muchas de las concesiones o contratos de usufructo del gobierno son el resultado de creer que el Estado debe ser dueño de todo, tanto del aire, costas, márgenes fluviales, lacustres, suelo y subsuelo. De ahí que “posea” carreteras, frecuencias, puertos, aeropuertos y todo aquello que su imaginación determine que es estratégico y de seguridad nacional.

Mientras los politiquillos buscan obtener más poder con la excusa del bien nacional, los ciudadanos buscan: o cómo sobrevivir con esa maquinaria politiquera asfixiante o cómo limitarles el poder. Mientras más “bienes posea el “Estado” más tendrán con qué extorsionar las “bandas criminales” que llegan al poder.

Si por el contrario se les quitan esos bienes y se privatizan en procesos sencillos acatando estándares internacionales de transparencia se reduciría el poder de extorsión. También, en el menos peor de los casos, se podría dejar los bienes a nombre del Estado pero otorgarlos en usufructo mediante reglas claras, simples y con escasa maniobra “chantajista” del politiquillo en el poder.

Ahora bien, quienes aún creen que el “Gobierno” debería ser el dueño de los bienes entonces éstos últimos competirían con la iniciativa privada en igualdad de condiciones ante la Ley, es decir, sin subsidios. Así, quien brinde el mejor servicio será quien obtenga los mayores beneficios.

En La rebelión de Atlas, Ayn Rand, nos advierte que: “cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”

De la concesión a la extorsión hay una línea muy delgada que muchos de los politiqueros están deseosos de cruzar para expoliarnos, como parece indicar el caso de los diputados oficialistas que buscaban “beneficios personales” del presupuesto nacional.

De la concesión a la extorsión sólo basta que los políticos tengan “bienes nacionales” con los cuales “negociar”, permisos que otorgar o poder discrecional para “disponer” de nuestros tributos.

@Md30

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