En la historia moderna, las sociedades políticas tienen dos mecanismos para propiciar un cambio institucional: revolución o reforma. La primera implica un proceso rápido y acelerado –generalmente violento- de transformaciones políticas, económicas y sociales, que ocurren en un período relativamente corto y cuyos efectos persisten por generaciones. En esta tipología encaja la Revolución Norteamericana de 1776, la Francesa de 1789, la Mexicana de 1910, la Rusa de 1917, la Revolución del 44 en Guatemala, o la Primavera Árabe del 2010-2011. En todas se produjeron transformaciones aceleradas –algunas violentas-, que implicaron modificaciones profundas a los regímenes políticos, y cuyos efectos perduraron por décadas.
En cambio, la reforma se refiere a procesos de transformaciones graduales. A diferencia de las revoluciones, estas tienden a ser lentas, a presentar una menor profundidad en los cambios, y a carecer del elemento violento. Los Pactos de la Moncloa en España, la apertura democrática en Chile a finales de los ochenta, o la transición de dictaduras totalitarias a democracias en Europa oriental constituyen los paradigmas de estudio del proceso reformista.
La comparación resulta importante a la luz del aniversario del 16 de abril. Diversas voces lamentan la limitada profundidad de los cambios, o la lentitud del proceso de transformación. Incluso hay quienes dicen que el sistema se mantuvo intacto, o que la ciudadanía fue instrumentalizada por sectores que únicamente buscaban la caída del Gobierno o evitar el triunfo de Baldizón. Sin embargo, la visión pesimista tiene un error en su concepción: asume que la desarticulación de redes de corrupción y las manifestaciones debieron desencadenar una revolución rápida, cuando en realidad lo que desencadenaron fue una reforma.
La depuración de estructuras corruptas abrió la puerta para un proceso de reforma en el marco de las normas constitucionales, el cual parecía imposible en condiciones pre-16 de abril. Por un lado, los casos de CICIG-MP y las manifestaciones ya generaron un cambio social: hoy el guatemalteco rechaza cualquier acto que percibe como corrupto o fraudulento. Para muestra veamos lo ocurrido con Manuel Baldizón y José Ramón Lam. El primero, acusado de plagio en el 2014, sólo atrajo burlas; el segundo, acusado de lo misma a finales del 2015, generó tal rechazo que el Presidente Morales se vio obligado a separarlo de su equipo de transición.
A nivel político, la reforma avanza. En materia electoral, el TSE podrá fiscalizar con más efectividad el financiamiento partido. Si bien se excluyeron temas como la democratización de interna, o modelos alternativos de elección, existe conciencia de la necesidad de realizar una continua revisión del sistema. A nivel Legislativo, la reforma a la Ley Orgánica desincentivará el transgfuguismo. Es cierto, aún persisten las prácticas de clientelismo y corrupción, pero no olvidemos que varios diputados están en la mira de los entes de investigación, y más temprano que tarde, la depuración del hemiciclo continuará. El siguiente paso reformista será la reforma constitucional al sector justicia, algo que parecía impensable hace un año.
El proceso avanza. Más lento de lo que quisieran algunos. Pero esa es la característica de las reformas sobre las revoluciones: las transformaciones son graduales y tardadas.
En la historia moderna, las sociedades políticas tienen dos mecanismos para propiciar un cambio institucional: revolución o reforma. La primera implica un proceso rápido y acelerado –generalmente violento- de transformaciones políticas, económicas y sociales, que ocurren en un período relativamente corto y cuyos efectos persisten por generaciones. En esta tipología encaja la Revolución Norteamericana de 1776, la Francesa de 1789, la Mexicana de 1910, la Rusa de 1917, la Revolución del 44 en Guatemala, o la Primavera Árabe del 2010-2011. En todas se produjeron transformaciones aceleradas –algunas violentas-, que implicaron modificaciones profundas a los regímenes políticos, y cuyos efectos perduraron por décadas.
En cambio, la reforma se refiere a procesos de transformaciones graduales. A diferencia de las revoluciones, estas tienden a ser lentas, a presentar una menor profundidad en los cambios, y a carecer del elemento violento. Los Pactos de la Moncloa en España, la apertura democrática en Chile a finales de los ochenta, o la transición de dictaduras totalitarias a democracias en Europa oriental constituyen los paradigmas de estudio del proceso reformista.
La comparación resulta importante a la luz del aniversario del 16 de abril. Diversas voces lamentan la limitada profundidad de los cambios, o la lentitud del proceso de transformación. Incluso hay quienes dicen que el sistema se mantuvo intacto, o que la ciudadanía fue instrumentalizada por sectores que únicamente buscaban la caída del Gobierno o evitar el triunfo de Baldizón. Sin embargo, la visión pesimista tiene un error en su concepción: asume que la desarticulación de redes de corrupción y las manifestaciones debieron desencadenar una revolución rápida, cuando en realidad lo que desencadenaron fue una reforma.
La depuración de estructuras corruptas abrió la puerta para un proceso de reforma en el marco de las normas constitucionales, el cual parecía imposible en condiciones pre-16 de abril. Por un lado, los casos de CICIG-MP y las manifestaciones ya generaron un cambio social: hoy el guatemalteco rechaza cualquier acto que percibe como corrupto o fraudulento. Para muestra veamos lo ocurrido con Manuel Baldizón y José Ramón Lam. El primero, acusado de plagio en el 2014, sólo atrajo burlas; el segundo, acusado de lo misma a finales del 2015, generó tal rechazo que el Presidente Morales se vio obligado a separarlo de su equipo de transición.
A nivel político, la reforma avanza. En materia electoral, el TSE podrá fiscalizar con más efectividad el financiamiento partido. Si bien se excluyeron temas como la democratización de interna, o modelos alternativos de elección, existe conciencia de la necesidad de realizar una continua revisión del sistema. A nivel Legislativo, la reforma a la Ley Orgánica desincentivará el transgfuguismo. Es cierto, aún persisten las prácticas de clientelismo y corrupción, pero no olvidemos que varios diputados están en la mira de los entes de investigación, y más temprano que tarde, la depuración del hemiciclo continuará. El siguiente paso reformista será la reforma constitucional al sector justicia, algo que parecía impensable hace un año.
El proceso avanza. Más lento de lo que quisieran algunos. Pero esa es la característica de las reformas sobre las revoluciones: las transformaciones son graduales y tardadas.