Todo sistema político tiene un centro de gravedad. Esto se define como el conjunto de actores y/o instituciones de las cuales emana la agenda política, que poseen la capacidad de articular alianzas para impulsar propuestas legislativas o de políticas públicas, que cuentan con la legitimidad para plantear y alcanzar objetivos de política pública, y tienen la habilidad de posicionar temas en la agenda mediática. En pocas palabras, el centro de gravedad son los actores o instituciones que conducen el accionar político de un sistema.
Vale aclarar que el centro de gravedad no está definido legal o institucionalmente. Sino que responde a condiciones de coyuntura, como el liderazgo de un actor, su legitimación, al balance de fuerzas partidarias, o el grado de atención mediática que generan sus actuaciones.
En sistemas presidencialistas, el centro de gravedad generalmente se ha concentrado en la figura del Presidente. Históricamente, los mandatarios centralizan la toma de decisiones y la atención pública. También, de ellos emanan las principales propuestas de agenda política, y ni hablar de su capacidad para articular alianzas para empujar procesos legislativos.
Hoy Guatemala vive una coyuntura diferente en términos de gravedad política. Contrario a la tradición histórica, el poder no está concentrado en las manos del Presidente Jimmy Morales. Su relativa novatez en materia de administración pública, la falta de articulación de propuestas, la debilidad cualitativa y cuantitativa de su bancada y la gradual erosión de su capital político le han quitado de las manos el control de la agenda política.
En cambio, el centro de gravedad se ha movido hacia el Congreso, producto de dos fenómenos: los golpes de escena de Mario Taracena, que le generaron apoyo ciudadano y la atención mediática; y la capacidad de la UNE de convertirse en el articulador de mayorías en el hemiciclo. Ambos procesos le han dado al partido opositor la capacidad de articular la agenda, definir nombramientos desde el Congreso y dictar los términos del proceso político.
Pero más allá del Legislativo, hay tres actores que sostienen ese centro de gravedad: la Fiscal General, el Comisionado de CICIG y el Embajador de Estados Unidos. Derivado de los acontecimientos del 2015, de la legitimación del MP y la CICIG, y de la atención que presta Washington al triángulo norte, estos actores se han convertido en fuente de referencia al momento de proponer agenda y generar apoyo a procesos institucionales. El rol del MP y CICIG se evidenció en la discusión de reformas a la Ley del MP, cuando contrarrestaron la ofensiva del oficialismo que buscaba limitar la autonomía del Fiscal General. Mientras que el rol de la Embajada se ha evidenciado en la elección de magistrados constitucionales y en el respaldo a los procesos de reforma institucional (Ley Electoral, Ley Orgánica del Congreso).
Esta dinámica marca una coyuntura distinta a lo acostumbrado: un Presidente con un rol secundario en el juego de poder; un Congreso convertido en centro de gravedad y tres actores individuales con capacidad de articular apoyos políticos. Este mapa será clave para entender el esfuerzo de los siguientes meses para discutir una reforma constitucional para el sector justicia.
Todo sistema político tiene un centro de gravedad. Esto se define como el conjunto de actores y/o instituciones de las cuales emana la agenda política, que poseen la capacidad de articular alianzas para impulsar propuestas legislativas o de políticas públicas, que cuentan con la legitimidad para plantear y alcanzar objetivos de política pública, y tienen la habilidad de posicionar temas en la agenda mediática. En pocas palabras, el centro de gravedad son los actores o instituciones que conducen el accionar político de un sistema.
Vale aclarar que el centro de gravedad no está definido legal o institucionalmente. Sino que responde a condiciones de coyuntura, como el liderazgo de un actor, su legitimación, al balance de fuerzas partidarias, o el grado de atención mediática que generan sus actuaciones.
En sistemas presidencialistas, el centro de gravedad generalmente se ha concentrado en la figura del Presidente. Históricamente, los mandatarios centralizan la toma de decisiones y la atención pública. También, de ellos emanan las principales propuestas de agenda política, y ni hablar de su capacidad para articular alianzas para empujar procesos legislativos.
Hoy Guatemala vive una coyuntura diferente en términos de gravedad política. Contrario a la tradición histórica, el poder no está concentrado en las manos del Presidente Jimmy Morales. Su relativa novatez en materia de administración pública, la falta de articulación de propuestas, la debilidad cualitativa y cuantitativa de su bancada y la gradual erosión de su capital político le han quitado de las manos el control de la agenda política.
En cambio, el centro de gravedad se ha movido hacia el Congreso, producto de dos fenómenos: los golpes de escena de Mario Taracena, que le generaron apoyo ciudadano y la atención mediática; y la capacidad de la UNE de convertirse en el articulador de mayorías en el hemiciclo. Ambos procesos le han dado al partido opositor la capacidad de articular la agenda, definir nombramientos desde el Congreso y dictar los términos del proceso político.
Pero más allá del Legislativo, hay tres actores que sostienen ese centro de gravedad: la Fiscal General, el Comisionado de CICIG y el Embajador de Estados Unidos. Derivado de los acontecimientos del 2015, de la legitimación del MP y la CICIG, y de la atención que presta Washington al triángulo norte, estos actores se han convertido en fuente de referencia al momento de proponer agenda y generar apoyo a procesos institucionales. El rol del MP y CICIG se evidenció en la discusión de reformas a la Ley del MP, cuando contrarrestaron la ofensiva del oficialismo que buscaba limitar la autonomía del Fiscal General. Mientras que el rol de la Embajada se ha evidenciado en la elección de magistrados constitucionales y en el respaldo a los procesos de reforma institucional (Ley Electoral, Ley Orgánica del Congreso).
Esta dinámica marca una coyuntura distinta a lo acostumbrado: un Presidente con un rol secundario en el juego de poder; un Congreso convertido en centro de gravedad y tres actores individuales con capacidad de articular apoyos políticos. Este mapa será clave para entender el esfuerzo de los siguientes meses para discutir una reforma constitucional para el sector justicia.