Muchas veces hemos escuchado la frase que lo que necesitamos es un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Es decir, que la ley debe imperar para protegernos de la tiranía y la arbitrariedad del poder político. Este concepto jurídico-político es utilizado como justificación, o tal vez como un fin dentro de un sistema republicano que se encuentra reflejado en el establecimiento de la Constitución –la cual, a su vez, es la que limita la acción estatal.

Uno de los críticos de esta idea es el Doctor Miguel Anxo Bastos, de la Universidad de Santiago de Compostela, a quien me atrevo a citar con el afán de poder contrastar posiciones mientras nos escapamos por un momento de la ortodoxia teórica (dada su popular aceptación) del republicanismo.

Bastos considera que el concepto de “un gobierno de leyes y no de hombres”, si bien parece atractivo, es equivocado e ingenuo ya que implica “no entender la naturaleza del poder político, no entender la naturaleza del Estado, no entender incluso el proceso según el cual se forman las leyes.” Un “gobierno de leyes”, indica, es una cortina de humo que usan los gobernantes para camuflar el poder, quienes siempre dicen que tienen un “mandato”; es decir, dicen no mandar ellos sino que obedecen a algo más, ya sea Dios, el “pueblo” o, en este caso, la ley.

Más bien, indica, dicha frase es una suerte de justificación teórica del Estado, el cual, a través de la historia, ha tenido diversas justificaciones: derecho divino, científico (para prevenir fallos del mercado), contrato social, etc. Con esta justificación se presenta al Estado como benévolo, justo, limitado, sin abusos, sometido al “bien común” –en contraste con la concepción y naturaleza del Estado: la monopolización de la violencia dentro de un área geográfica.

Bajo esta definición del Estado, se puede argumentar que, efectivamente, por más que el grupo de personas organizadas para administrar dicho poder (el gobierno) esté limitado por un set de leyes y procedimientos y por más que dichas personas hayan sido electas por la mayoría de la población, (por tanto gozando de “legitimidad”) es ingenuo pensar que un gobierno, cuando se vea amenazado o cuando necesite lograr algún objetivo, no promulgue leyes arbitrarias, inmorales, injustas e intervencionistas o, en el último de los casos, aplique el monopolio de la violencia cuando lo considere necesario. Ejemplos reales de lo anterior tenemos y muchos, desde Venezuela, hasta el mismo Estados Unidos.
No obstante, si nos salimos de la arena de la teoría política en relación a la idea y concepción del Estado y nos adentramos a la práctica (un mundo donde un concierto de estadosnación existe), considero que la república como forma de gobierno cuyos pilares se resumen en Estado de Derecho (leyes), división real de poderes y sistema de pesos y contrapesos, es el mejor (¿menos peor?) enfoque a la aplicación del poder y, sobretodo, su contención. El sistema republicano dista de ser perfecto pero, a diferencia de sistemas absolutistas como la monarquía absoluta, la dictadura y la teocracia, al menos provee espacios de disentimiento, participación, organización ciudadana y, sobretodo, fiscalización, los cuales permiten cierta limitación a la tiranía.

Lo anterior no significa que, dado el “imperio de la ley” el gobernante se convierta automáticamente en bueno, justo, y limitado debido por unas leyes que siempre serán “morales y justas”. Todo lo contario. Un ciudadano, especialmente un liberal, siempre debe desconfiar del gobierno y su labor es estar en constante vigilancia hacia los arbitrios de los gobernantes. Por lo tanto, no pienso que la república nos “desarme” frente a los abusos del gobernante; más bien, comparativamente frente a otros sistemas nos “arma” –aunque dista de ser lo ideal.
Jorge V. Ávila Prera
@jorgeavilaprera