Fiscalizar a las oenegés “ambientalistas”, “feministas”, “indigenistas” o de “derechos humanos” no es tarea fácil. Hoy más que nunca se sienten todopoderosas, con protección e impunidad total. A pesar de saber esto de antemano, he tomado la iniciativa de ejercer fiscalización ciudadana y recabar información para este propósito, recurrí directamente de la fuente primaria. En este caso, entrevisté públicamente en Twitter a Rafael Malfonado, asesor legal de CALAS, una estructura dedicada a boicotear la inversión y generación de empleo (pueden ver el diálogo completo en mi cuenta @jdrodríguez9 hace un par de semanas). Lo único que me quedó claro es que estos vividores del conflicto social lucran de la miseria, la enfatizan y consolidan, ya que si hay trabajo y desarrollo en las comunidades bajo su influencia se les acaban los viajes, los hospedajes en cómodos hoteles y sus multimillonarios ingresos. Al principio Maldonado accedió a contestar mis preguntas y se jactó de ser “100% transparentes”, pero luego al ver que no era tan fácil desviarse del tema -lo intentó hasta el cansancio- recurrió a prácticas conocidas y aplicadas por cualquier funcionario corrupto: descalificaciones personales, mentiras, insultos, evasivas, escudarse tras trámites burocráticos y, por último, la amenaza de enjuiciarme y “darme una sorpresa”. Si piensa que con esto último va a asustarme, evidentemente no me conoce, sólo me indica que voy en el camino correcto y seguiré adelante con la labor de un ciudadano preocupado por la situación actual y que ejerce plenamente la Libertad de Emisión del Pensamiento garantizada en el artículo 35 constitucional.
Algo que sí reconoció es que durante los gobiernos sucesivos de Portillo, Berger y Colom esta nefasta ONG recibió dinero de nuestros impuestos, en cantidades aun no determinadas ni registradas como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información y que le fueron asignados a través del MAGA y CONAP, sin que existan logros tangibles por esa erogación, ni tampoco, por ejemplo, programas de reforestación masiva, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras o capacitaciones para clasificación de basura que bien podría generar ingresos por reciclaje a las comunidades que dicen defender. “Que lo hagan los empresarios” fue la respuesta de Maldonado, obviando que muchos ya lo hacen, incluyendo las minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana contra quienes enfocan su odio más por motivos ideológicos que medioambientales.
Mientras Maldonado y su socio Yuri Melini reciben decenas de millones de euros, dólares y quetzales, miles de familias se quedan sin sustento al suspenderse licencias de minas arbitrariamente, usando como argumento legal las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que no son vinculantes, tampoco se trata de una votación de “Sí o No” como se pretende, ni tan siquiera cuentan con un reglamento como ese Tratado establece explícitamente para que sea el gobierno quien las realice libre y objetivamente. Paradójicamente, cuando se tintentó redactar una norma para llevar a cabo estas consultas durante el gobierno de Álvaro Colom, estas mismas organizaciones se opusieron porque genera más conflictos -y dinero- el desorden, el miedo y la manipulación, cuando lo correcto es que ellos mismos debieron aportar propuestas y emitir una norma para este fin.
Los directivos de CALAS y otros grupúsculos como CUC, CODECA, FRENA, etcétera siguen con su vida cómoda de privilegios, y el desempleo aumenta en el país gracias a sus acciones violentas, el Estado recauda menos impuestos, los ingresos de divisas merman y la imagen de Guatemala está por los suelos para atraer nuevas inversiones, e incluso se corre el riesgo de ser objeto de demandas internacionales millonarias por incumplimiento de contratos.
Para un ciudadano como yo podrá ser tarea casi imposible realizar una auditoría completa del financiamiento de CALAS, principalmente porque no rinden cuentas como debería ser, inmediatamente se ponen a la defensiva, no hay obligación de publicar sus estados financieros, ni tampoco hay obras o proyectos tangibles que demuestren la ejecución de las asignaciones que reciben. Pero hay instituciones que tienen como mandato realizar una fiscalización completa para descartar posibles lavado de dinero, fraude o incluso aplicar, si corresponde, el Convenio Internacional Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Contra el Crimen Organizado ya que CALAS ha defendido legalmente a personas sindicadas desde invasiones de propiedad privada, pasando por asesinato y secuestro, hasta graves acciones de sabotaje, incendio y robo de armas a las fuerzas de seguridad. “Criminalización de líderes comunitarios”, “litigio estratégico” le llaman, procuración de impunidad es la realidad.
Si la CICIG y el MP fueran imparciales, deberian investigar TODAS las “líneas” de corrupción, sin proteger a nadie, pero también la IVE, SAT y la Contraloría deben cumplir lo que manda la Ley y fiscalizar a las oenegés que lucran de la conflictividad social. Esta es una tarea urgente.
Fiscalizar a las oenegés “ambientalistas”, “feministas”, “indigenistas” o de “derechos humanos” no es tarea fácil. Hoy más que nunca se sienten todopoderosas, con protección e impunidad total. A pesar de saber esto de antemano, he tomado la iniciativa de ejercer fiscalización ciudadana y recabar información para este propósito, recurrí directamente de la fuente primaria. En este caso, entrevisté públicamente en Twitter a Rafael Malfonado, asesor legal de CALAS, una estructura dedicada a boicotear la inversión y generación de empleo (pueden ver el diálogo completo en mi cuenta @jdrodríguez9 hace un par de semanas). Lo único que me quedó claro es que estos vividores del conflicto social lucran de la miseria, la enfatizan y consolidan, ya que si hay trabajo y desarrollo en las comunidades bajo su influencia se les acaban los viajes, los hospedajes en cómodos hoteles y sus multimillonarios ingresos. Al principio Maldonado accedió a contestar mis preguntas y se jactó de ser “100% transparentes”, pero luego al ver que no era tan fácil desviarse del tema -lo intentó hasta el cansancio- recurrió a prácticas conocidas y aplicadas por cualquier funcionario corrupto: descalificaciones personales, mentiras, insultos, evasivas, escudarse tras trámites burocráticos y, por último, la amenaza de enjuiciarme y “darme una sorpresa”. Si piensa que con esto último va a asustarme, evidentemente no me conoce, sólo me indica que voy en el camino correcto y seguiré adelante con la labor de un ciudadano preocupado por la situación actual y que ejerce plenamente la Libertad de Emisión del Pensamiento garantizada en el artículo 35 constitucional.
Algo que sí reconoció es que durante los gobiernos sucesivos de Portillo, Berger y Colom esta nefasta ONG recibió dinero de nuestros impuestos, en cantidades aun no determinadas ni registradas como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información y que le fueron asignados a través del MAGA y CONAP, sin que existan logros tangibles por esa erogación, ni tampoco, por ejemplo, programas de reforestación masiva, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras o capacitaciones para clasificación de basura que bien podría generar ingresos por reciclaje a las comunidades que dicen defender. “Que lo hagan los empresarios” fue la respuesta de Maldonado, obviando que muchos ya lo hacen, incluyendo las minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana contra quienes enfocan su odio más por motivos ideológicos que medioambientales.
Mientras Maldonado y su socio Yuri Melini reciben decenas de millones de euros, dólares y quetzales, miles de familias se quedan sin sustento al suspenderse licencias de minas arbitrariamente, usando como argumento legal las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que no son vinculantes, tampoco se trata de una votación de “Sí o No” como se pretende, ni tan siquiera cuentan con un reglamento como ese Tratado establece explícitamente para que sea el gobierno quien las realice libre y objetivamente. Paradójicamente, cuando se tintentó redactar una norma para llevar a cabo estas consultas durante el gobierno de Álvaro Colom, estas mismas organizaciones se opusieron porque genera más conflictos -y dinero- el desorden, el miedo y la manipulación, cuando lo correcto es que ellos mismos debieron aportar propuestas y emitir una norma para este fin.
Los directivos de CALAS y otros grupúsculos como CUC, CODECA, FRENA, etcétera siguen con su vida cómoda de privilegios, y el desempleo aumenta en el país gracias a sus acciones violentas, el Estado recauda menos impuestos, los ingresos de divisas merman y la imagen de Guatemala está por los suelos para atraer nuevas inversiones, e incluso se corre el riesgo de ser objeto de demandas internacionales millonarias por incumplimiento de contratos.
Para un ciudadano como yo podrá ser tarea casi imposible realizar una auditoría completa del financiamiento de CALAS, principalmente porque no rinden cuentas como debería ser, inmediatamente se ponen a la defensiva, no hay obligación de publicar sus estados financieros, ni tampoco hay obras o proyectos tangibles que demuestren la ejecución de las asignaciones que reciben. Pero hay instituciones que tienen como mandato realizar una fiscalización completa para descartar posibles lavado de dinero, fraude o incluso aplicar, si corresponde, el Convenio Internacional Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Contra el Crimen Organizado ya que CALAS ha defendido legalmente a personas sindicadas desde invasiones de propiedad privada, pasando por asesinato y secuestro, hasta graves acciones de sabotaje, incendio y robo de armas a las fuerzas de seguridad. “Criminalización de líderes comunitarios”, “litigio estratégico” le llaman, procuración de impunidad es la realidad.
Si la CICIG y el MP fueran imparciales, deberian investigar TODAS las “líneas” de corrupción, sin proteger a nadie, pero también la IVE, SAT y la Contraloría deben cumplir lo que manda la Ley y fiscalizar a las oenegés que lucran de la conflictividad social. Esta es una tarea urgente.