La práctica de tipo patrimonial que desde hace décadas se había convertido en la norma del Estado guatemalteco ha llegado a su punto de quiebre. La costumbre de ver en el servicio público una oportunidad de enriquecimiento fácil y abundante enfrenta la mayor crisis de su historia. La evidencia define al Partido Patriota como una red criminal y de asalto al Estado, que extiende sus raíces más allá de la administración y alcanza a actores privados que se enredan en la tradición de percibir al gobierno como un botín.

Se trata de un secreto a voces que durante décadas fue avalado no sólo por políticos y funcionarios públicos sino por la misma sociedad: la perversa costumbre de calificar como “chispudo” al funcionario que aumentaba exponencialmente su capital mientras prestaba servicio a la patria. Un fenómeno comúnmente aceptado y usualmente aplaudido; celebrado especialmente por aquellos que alcanzaban las migajas de los despojos que se hacían al Estado. A pesar de la aceptación con la que durante generaciones esta práctica contó, la puesta en escena de estas redes de corrupción ha generado una ola de desprecio entre los guatemaltecos.

El Ministerio Público con el acompañamiento de la Comunidad Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala han contribuido significativamente a la generación del sentimiento de rechazo hacia la corrupción que hoy experimentan los ciudadanos. No obstante, es preciso resaltar que el camino no ha sido fácil, pues son muchos quienes guardan la esperanza en presenciar una evolución inmediata dentro y fuera del sistema. Sin embargo, la construcción efectiva de un Estado Moderno –aquel en donde existen instituciones fuertes e independientes, en donde impera el respeto a la ley y se premia al mérito por encima del compadrazgo- depende de un proceso de transformación paulatina pero que garantiza resultados positivos, y en el cual un actor de cambio imprescindible es el propio ciudadano.

El cambio en este sentido deja de ser lineal y se propicia desde la misma ciudadanía. El sistema se transforma y fortalece en el momento en que desde el seno de la sociedad estas prácticas dejan de ser aceptadas y pasan a castigarse. Ese es probablemente el reto más grande al cual hoy por hoy se enfrentan los guatemaltecos, el desafiar la figura de corrupción y enriquecimiento que históricamente caracterizó al gobierno. En este escenario los partidos políticos actuaban no como canales efectivos de las peticiones de la población, sino como puentes de acceso al rentable negocio de servir en el Estado.

La transformación que tantos anhelamos se encuentra en nuestras manos y se propicia cuando reconocemos que esa “chispa” que caracterizaba las formas de actuar de estos funcionarios responde mas bien a un acto criminal que debe ser condenado.