“En Guatemala, como en la mayor parte de países Latinoamericanos, vivimos bajo un sistema cleptocrático, un sistema en el cual, aquellos que detentan el poder (y los que mantienen estrechas relaciones con ellos), no son nada más que una asociación institucionalizada de ladrones”.
Lo anterior lo escribí el 27 de abril del 2015, eran días turbulentos, recién nos enterábamos de lo que en aquel entonces era posiblemente el mayor escándalo de corrupción conocido en Guatemala, se trataba del caso La Línea. La indignación y el hartazgo “rebalsaron el vaso” de los mandantes y las manifestaciones no se hicieron esperar. En ese momento, muy pocos imaginaron que La Línea era solo el inicio del crescendo de un deprimente Requiem. Escándalo tras escándalo fue siendo revelado por el Ministerio Público en colaboración con la CICIG y la ola de ese tsunami pronosticado por la Fiscal T. Aldana, reventó el jueves recién pasado (y aún ha de haber otras olas gigantes en proceso de formación).
El sistema guatemalteco es una dictadura perfecta en la que el saqueo tiene un revestimiento de democracia y legitimidad pues como bien dice un personaje del film mexicano -La dictadura perfecta- “los gobernadores en México (Guatemala), además de comportarse como virreyes han estado desde siempre coludidos con el crimen organizado”.
Y ¿qué mejor que el caso de la #CooptaciónEstadoGT para confirmar lo anterior? Un caso en el que, los políticos y asociados del Partido Patriota encontraron una ingeniosa manera de crear una estructura de lavado de dinero, en colaboración con algunos empreSAURIOS (nótese la mayúscula), que utilizaron para financiar su campaña, para luego convertirla en su centro de operaciones clandestinas cuando ya se encontraban en el gobierno.
El caso está muy bien explicado en esta publicación y de que indigna, indigna. Pero hay varias consideraciones que cada uno de nosotros debería tomar en cuenta antes de emitir un juicio al respecto.
En primer lugar, es importante que no nos dejemos llevar por las publicaciones mal intencionadas de algunos medios de comunicación y organizaciones socialistas que le adjudican al sector empresarial como un todo la responsabilidad por este escándalo de corrupción. Así como hay “empreSAURIOS” y grandes compañías que se aliaron con el poder político para obtener estratosféricas rentas que debido a su improductividad jamás hubieran podido poseer legítimamente, hay muchísimos empreSARIOS y grandes compañías cuyo dinero ha sido el producto legítimo de su esfuerzo y que en su proceso de producción han enriquecido a muchos más.
Por otro lado, el tema del financiamiento público de los partidos políticos. Subyace en el discurso de Velásquez su apoyo a una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que incluya el pago de campañas políticas con dinero de los tributarios guatemaltecos. Esto no solo es inmoral sino además, lejos de ser la panacea para todos los males del sistema electoral, los incrementará. ¿Por qué? Porque dentro de la diversidad de individuos que habitan nuestro país existen buscadores de rentas, que dada su tendencia al parasitismo, no dudarían dos veces en crear un partido político para obtener ingresos. Asimismo, recibir fondos del erario público para financiar la campaña electoral no asegura en ninguna manera que los partidos políticos dejarían de recibir dinero de mercantilistas y similares que buscan obtener privilegios.
Por el contrario, si se transparenta el financiamiento de lo partidos políticos, se generan varias externalidades positivas. En primer lugar, si se le da al Tribunal Supremo Electoral la facultad de exigir el reporte de todos los nombres de los financistas, ingresos y gastos en publicidad, la fiscalización sería mucho más sencilla y además, permitiría a los ciudadanos estar conscientes de quienes fueron los patrocinadores de la campaña, en caso se empiece a notar la concesión de privilegios a ellos. La segunda externalidad positiva es que no se fuerza a los individuos a financiar a los partidos que no quieren financiar pues bajo un esquema de financiamiento público, si existe algún insensato que promueve la expropiación de las tierras -por ejemplo- y no hay nadie que lo desea financiar, de igual forma este ha de recibir dinero de los tributarios para hacer su propaganda, eliminando toda competencia para que voluntariamente los individuos donen el dinero para esa causa.
Otro de los puntos en los que los estatistas ya han empezado a insistir es en la eliminación del debido proceso judicial para que entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público no tengan impedimentos que bloqueen la investigación en casos de evasión fiscal, lavado de dinero o corrupción. En primer lugar es absurda la propuesta pues a través de un debido proceso es como el Ministerio Público ha podido obtener toda la información bancaria de los involucrados en estos “tsunamis”. Este debido proceso funge como freno ante la voracidad de cualquier funcionario público que pretenda implementar medidas de terrorismo fiscal. Pregunto, ¿a quién le gustaría que superintendentes como Rudy Baldemar Villeda o Elder Fuentes, pudieran tener acceso irrestricto a su información financiera?
Por último solo recalcaré la importancia de que no nos olvidemos de la presunción de inocencia. Por el momento desconocemos muchas de las pruebas contundentes que el Ministerio Público deberá presentar para demostrar la culpabilidad de los imputados. El hartazgo generalizado no nos debe llevar a convertir estos procesos en meras cacerías de brujas y linchamientos en los que sin importar las pruebas pretendamos que todos los capturados vayan a prisión. Pasa en muchas ocasiones que individuos que son capturados son dejados en libertad por falta de pruebas y dentro de los involucrados en el caso de #CooptaciónEstadoGT, es probable que haya individuos inocentes acusados por error.
“Guatemala ha sido un laboratorio de respeto. Sus ratas serán siempre las mejores”, escribió el autor Maurice Echeverría. Si queremos que las ratas guatemaltecas no solo dejen de ser las mejores sino que también desaparezcan lo que hemos de buscar es establecer un Estado de Derecho en el que impere la ley y no los hombres, bajo el cual el poder arbitrario de los políticos de poder conceder privilegios quede totalmente eliminado.
“En Guatemala, como en la mayor parte de países Latinoamericanos, vivimos bajo un sistema cleptocrático, un sistema en el cual, aquellos que detentan el poder (y los que mantienen estrechas relaciones con ellos), no son nada más que una asociación institucionalizada de ladrones”.
Lo anterior lo escribí el 27 de abril del 2015, eran días turbulentos, recién nos enterábamos de lo que en aquel entonces era posiblemente el mayor escándalo de corrupción conocido en Guatemala, se trataba del caso La Línea. La indignación y el hartazgo “rebalsaron el vaso” de los mandantes y las manifestaciones no se hicieron esperar. En ese momento, muy pocos imaginaron que La Línea era solo el inicio del crescendo de un deprimente Requiem. Escándalo tras escándalo fue siendo revelado por el Ministerio Público en colaboración con la CICIG y la ola de ese tsunami pronosticado por la Fiscal T. Aldana, reventó el jueves recién pasado (y aún ha de haber otras olas gigantes en proceso de formación).
El sistema guatemalteco es una dictadura perfecta en la que el saqueo tiene un revestimiento de democracia y legitimidad pues como bien dice un personaje del film mexicano -La dictadura perfecta- “los gobernadores en México (Guatemala), además de comportarse como virreyes han estado desde siempre coludidos con el crimen organizado”.
Y ¿qué mejor que el caso de la #CooptaciónEstadoGT para confirmar lo anterior? Un caso en el que, los políticos y asociados del Partido Patriota encontraron una ingeniosa manera de crear una estructura de lavado de dinero, en colaboración con algunos empreSAURIOS (nótese la mayúscula), que utilizaron para financiar su campaña, para luego convertirla en su centro de operaciones clandestinas cuando ya se encontraban en el gobierno.
El caso está muy bien explicado en esta publicación y de que indigna, indigna. Pero hay varias consideraciones que cada uno de nosotros debería tomar en cuenta antes de emitir un juicio al respecto.
En primer lugar, es importante que no nos dejemos llevar por las publicaciones mal intencionadas de algunos medios de comunicación y organizaciones socialistas que le adjudican al sector empresarial como un todo la responsabilidad por este escándalo de corrupción. Así como hay “empreSAURIOS” y grandes compañías que se aliaron con el poder político para obtener estratosféricas rentas que debido a su improductividad jamás hubieran podido poseer legítimamente, hay muchísimos empreSARIOS y grandes compañías cuyo dinero ha sido el producto legítimo de su esfuerzo y que en su proceso de producción han enriquecido a muchos más.
Por otro lado, el tema del financiamiento público de los partidos políticos. Subyace en el discurso de Velásquez su apoyo a una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que incluya el pago de campañas políticas con dinero de los tributarios guatemaltecos. Esto no solo es inmoral sino además, lejos de ser la panacea para todos los males del sistema electoral, los incrementará. ¿Por qué? Porque dentro de la diversidad de individuos que habitan nuestro país existen buscadores de rentas, que dada su tendencia al parasitismo, no dudarían dos veces en crear un partido político para obtener ingresos. Asimismo, recibir fondos del erario público para financiar la campaña electoral no asegura en ninguna manera que los partidos políticos dejarían de recibir dinero de mercantilistas y similares que buscan obtener privilegios.
Por el contrario, si se transparenta el financiamiento de lo partidos políticos, se generan varias externalidades positivas. En primer lugar, si se le da al Tribunal Supremo Electoral la facultad de exigir el reporte de todos los nombres de los financistas, ingresos y gastos en publicidad, la fiscalización sería mucho más sencilla y además, permitiría a los ciudadanos estar conscientes de quienes fueron los patrocinadores de la campaña, en caso se empiece a notar la concesión de privilegios a ellos. La segunda externalidad positiva es que no se fuerza a los individuos a financiar a los partidos que no quieren financiar pues bajo un esquema de financiamiento público, si existe algún insensato que promueve la expropiación de las tierras -por ejemplo- y no hay nadie que lo desea financiar, de igual forma este ha de recibir dinero de los tributarios para hacer su propaganda, eliminando toda competencia para que voluntariamente los individuos donen el dinero para esa causa.
Otro de los puntos en los que los estatistas ya han empezado a insistir es en la eliminación del debido proceso judicial para que entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público no tengan impedimentos que bloqueen la investigación en casos de evasión fiscal, lavado de dinero o corrupción. En primer lugar es absurda la propuesta pues a través de un debido proceso es como el Ministerio Público ha podido obtener toda la información bancaria de los involucrados en estos “tsunamis”. Este debido proceso funge como freno ante la voracidad de cualquier funcionario público que pretenda implementar medidas de terrorismo fiscal. Pregunto, ¿a quién le gustaría que superintendentes como Rudy Baldemar Villeda o Elder Fuentes, pudieran tener acceso irrestricto a su información financiera?
Por último solo recalcaré la importancia de que no nos olvidemos de la presunción de inocencia. Por el momento desconocemos muchas de las pruebas contundentes que el Ministerio Público deberá presentar para demostrar la culpabilidad de los imputados. El hartazgo generalizado no nos debe llevar a convertir estos procesos en meras cacerías de brujas y linchamientos en los que sin importar las pruebas pretendamos que todos los capturados vayan a prisión. Pasa en muchas ocasiones que individuos que son capturados son dejados en libertad por falta de pruebas y dentro de los involucrados en el caso de #CooptaciónEstadoGT, es probable que haya individuos inocentes acusados por error.
“Guatemala ha sido un laboratorio de respeto. Sus ratas serán siempre las mejores”, escribió el autor Maurice Echeverría. Si queremos que las ratas guatemaltecas no solo dejen de ser las mejores sino que también desaparezcan lo que hemos de buscar es establecer un Estado de Derecho en el que impere la ley y no los hombres, bajo el cual el poder arbitrario de los políticos de poder conceder privilegios quede totalmente eliminado.