La respuesta en el manual dice: A todos los trabajadores que prestan sus servicios para patronos que, con 3 o más empleados en la planilla, cumplen con la obligación legal de inscribir a la empresa, sea esta de propiedad individual o jurídica, ante el IGSS y presentan y pagan mensualmente las cuotas correspondientes a la parte patronal y la parte que se le descuenta al trabajador. La cobertura se refiere a servicios médicos y los medicamentos, sin restricción de antecedentes médicos, si es por un accidente, y no tiene fondo límite, y jubilación o retiro por edad o por incapacidad, y éste pago también se le puede “heredar” a la pareja sobreviviente. El jubilado y su sobreviviente seguirán gozando de servicios médicos hasta la muerte. Entonces también paga parte de los gastos funerarios. Hay más que agregar, pero esto es un buen resumen de lo más importante.
Es, pues, un seguro. Pero no es cualquier seguro, es un “Seguro Social”. Entre todos los cotizantes, se financia una institución que presta un servicio médico igual para todos, igualmente malo me podrían agregar, y que, llegado el momento y cumplidos requisitos como la edad mínima y número de cuotas, pagará una mensualidad en calidad de jubilación que dependerá, esta sí no es igual para todos, del salario devengado. Y es obligatorio. Tanto así que en toda Guatemala y sus 16 y pico millones de habitantes, el número de trabajadores inscritos no llega al millón y cuarto. El alto índice de desigualdad de Guatemala pasa, obligadamente, por los porcentajes de la informalidad laboral y se sustenta en ella. Y la informalidad no está cubierta por el IGSS, y tampoco lo está por algún seguro privado.
Hay un dato que impacta: En todo el Departamento de El Quiché no llega a 50 el número de personas que laboran en el sector agrícola, que gozan de la protección del seguro social. Lo escuché de una fuente confiable, tan confiable que lo repito. Y El Quiché no debe ser un caso aislado. En similares circunstancias han de estar Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz y prácticamente todo el país. Excepciones posibles, los departamentos en donde la agroindustria pueda incluir en planilla a sus trabajadores del campo fijos y estacionales.
Entonces ¿A quién le conviene asumir la administración de esta menuda pacaya de forma privada/lucrativa?
El estado subsidia a los no cubiertos por el IGSS, ya vinos que son la gran mayoría de los guatemaltecos, con servicios de salud que provee gratuitamente la red de hospitales, centros y puestos de salud. No entraremos a valorar la calidad de estos servicios y todas sus falencias. Tampoco valoraremos aquí la calidad de los servicios que provee el IGSS. Regularmente la gente de queja de éstos, de las colas y la falta de ciertos medicamentos. Cuando soplan vientos privatizadores, sus servicios, en cambio, se alaban.
O sea pues que el seguro social, atiende a un sector privilegiado que consiguió empleo con un patrono que “paga el IGSS” para ponerlo coloquial. Que gana por lo menos el salario mínimo. Que colateralmente tiene acceso al IRTRA y al INTECAP. Atiende también a los empleados del estado, en sus necesidades médicas. No la parte del retiro o jubilación porque ésta la cubre el estado por su cuenta. Nos dicen que el estado no le paga al IGSS y muchas municipalidades están atrasadas. El IGSS se sostiene fundamentalmente con las aportaciones del sector privado.
Vuelvo, y termino, con la pregunta ya planteada. Quisiera saber ¿a quién le conviene, sin reducir las coberturas médicas y de pensión, asumir la administración de esta menuda pacaya de forma privada/lucrativa?
La respuesta en el manual dice: A todos los trabajadores que prestan sus servicios para patronos que, con 3 o más empleados en la planilla, cumplen con la obligación legal de inscribir a la empresa, sea esta de propiedad individual o jurídica, ante el IGSS y presentan y pagan mensualmente las cuotas correspondientes a la parte patronal y la parte que se le descuenta al trabajador. La cobertura se refiere a servicios médicos y los medicamentos, sin restricción de antecedentes médicos, si es por un accidente, y no tiene fondo límite, y jubilación o retiro por edad o por incapacidad, y éste pago también se le puede “heredar” a la pareja sobreviviente. El jubilado y su sobreviviente seguirán gozando de servicios médicos hasta la muerte. Entonces también paga parte de los gastos funerarios. Hay más que agregar, pero esto es un buen resumen de lo más importante.
Es, pues, un seguro. Pero no es cualquier seguro, es un “Seguro Social”. Entre todos los cotizantes, se financia una institución que presta un servicio médico igual para todos, igualmente malo me podrían agregar, y que, llegado el momento y cumplidos requisitos como la edad mínima y número de cuotas, pagará una mensualidad en calidad de jubilación que dependerá, esta sí no es igual para todos, del salario devengado. Y es obligatorio. Tanto así que en toda Guatemala y sus 16 y pico millones de habitantes, el número de trabajadores inscritos no llega al millón y cuarto. El alto índice de desigualdad de Guatemala pasa, obligadamente, por los porcentajes de la informalidad laboral y se sustenta en ella. Y la informalidad no está cubierta por el IGSS, y tampoco lo está por algún seguro privado.
Hay un dato que impacta: En todo el Departamento de El Quiché no llega a 50 el número de personas que laboran en el sector agrícola, que gozan de la protección del seguro social. Lo escuché de una fuente confiable, tan confiable que lo repito. Y El Quiché no debe ser un caso aislado. En similares circunstancias han de estar Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz y prácticamente todo el país. Excepciones posibles, los departamentos en donde la agroindustria pueda incluir en planilla a sus trabajadores del campo fijos y estacionales.
Entonces ¿A quién le conviene asumir la administración de esta menuda pacaya de forma privada/lucrativa?
El estado subsidia a los no cubiertos por el IGSS, ya vinos que son la gran mayoría de los guatemaltecos, con servicios de salud que provee gratuitamente la red de hospitales, centros y puestos de salud. No entraremos a valorar la calidad de estos servicios y todas sus falencias. Tampoco valoraremos aquí la calidad de los servicios que provee el IGSS. Regularmente la gente de queja de éstos, de las colas y la falta de ciertos medicamentos. Cuando soplan vientos privatizadores, sus servicios, en cambio, se alaban.
O sea pues que el seguro social, atiende a un sector privilegiado que consiguió empleo con un patrono que “paga el IGSS” para ponerlo coloquial. Que gana por lo menos el salario mínimo. Que colateralmente tiene acceso al IRTRA y al INTECAP. Atiende también a los empleados del estado, en sus necesidades médicas. No la parte del retiro o jubilación porque ésta la cubre el estado por su cuenta. Nos dicen que el estado no le paga al IGSS y muchas municipalidades están atrasadas. El IGSS se sostiene fundamentalmente con las aportaciones del sector privado.
Vuelvo, y termino, con la pregunta ya planteada. Quisiera saber ¿a quién le conviene, sin reducir las coberturas médicas y de pensión, asumir la administración de esta menuda pacaya de forma privada/lucrativa?