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¡6º lugar!

José Carlos Ortega
13 de agosto, 2016

No, no estamos hoy celebrando uno de los magníficos logros de los deportistas guatemaltecos en la Olimpiada de Rio de Janeiro 2016. Esta semana salió a la luz el informe del Instituto de Progreso Social que evaluó a 133 en niveles de violencia y nos sitúa en el puesto sexto del mundo, de los más violentos, con una avergonzante cifra de 34.5 muertos por cada cien mil habitantes.
Se reconoce que la tendencia de este año llevaría al país a terminar con una cifra de 29 muertos por cada cien mil habitantes, cifra que habría que vigilar, pues el mes de julio recién pasado tuvo un incremento del 12.27% en crímenes, que la población ya percibe o percibimos, comenzando por las últimas masacres desde Pavón.
El gobierno ha recaudado más dinero que años anteriores por asuntos de reparos legales y ha incrementado en casi dos mil millones de quetzales los ingresos no ordinarios, se ha cumplido con más del 95% de la meta de recaudación, lo que contrasta con la pobre ejecución presupuestal.
El Estado debe organizarse básicamente para garantizar primordialmente los derechos individuales de las personas, razón por la que hemos aceptado la existencia de un gobierno. En esta organización aceptada, el contrato social, hemos consensuado como sociedad que el Estado nos proteja la vida, nuestra libertad, nuestras propiedades y la familia.
Para garantizar estos nuestros derechos individuales, anteriores y superiores al Estado, el primordial objetivo del Estado debe enfocarse en darnos seguridad y justicia.
Reconocemos que en nuestro país esto no está aconteciendo, que no se están protegiendo nuestros derechos individuales, y el informe del Instituto de Progreso Social desnuda la realidad del Estado: no estamos organizados para cumplir con los objetivos de seguridad y justicia. Vivimos en una región que puede considerarse una zona de guerra, con niveles por encima de países que están viviendo actualmente un conflicto armado.
Tampoco se vela por el cuidado de nuestra propiedad, por medio de la protección de las inversiones en propiedades privadas (el informe indica el puesto 104 de 133 en protección a la propiedad privada), ya sea por los altos niveles de robo de todo tipo, en viviendas, negocios, estafas, corrupción (que según el informe nos sitúa en el puesto 30 de 133) y bloqueos que inciden en nuestra posibilidad de trabajo, de comercio, e incide en el costo de los productos, etc.
El derecho de propiedad es esencial y primordial para garantizar la inversión en el país, la cual permite la existencia de las empresas y la formación de nuevas, pero antes que ello, es el derecho que asegura nuestra posibilidad de dar alimento a nuestras familias, y darla a precios accesibles, pues toda interrupción al derecho de comerciar libremente incrementa el precio de los productos.
Para poder mejorar los niveles de falta de protección a nuestros derechos debe haber formas extraordinarias de enfocar los asuntos de seguridad y de justicia. Si seguimos al paso de reducción de la inseguridad e injusticia con la tendencia actual, faltarán décadas para lograr niveles adecuados. Se debe replantear los modelos, desde el modelo de priorización del gasto público empezando por el principio, la necesidad de seguridad y justicia, hasta políticas públicas como las implementadas por Rudolph Giuliani en Nueva York que hicieron descender los niveles de inseguridad de forma contundente.
El pacto social que estamos reconstruyendo nos debe hacer volver la mirada a las prioridades y enfocar los recursos antes de construir castillos medievales de Estado que no tienen los fundamentos que permitan su construcción, y después de eso, venir a pensar en exigir a un pueblo agobiado y empobrecido a contribuir más.

¡6º lugar!

José Carlos Ortega
13 de agosto, 2016

No, no estamos hoy celebrando uno de los magníficos logros de los deportistas guatemaltecos en la Olimpiada de Rio de Janeiro 2016. Esta semana salió a la luz el informe del Instituto de Progreso Social que evaluó a 133 en niveles de violencia y nos sitúa en el puesto sexto del mundo, de los más violentos, con una avergonzante cifra de 34.5 muertos por cada cien mil habitantes.
Se reconoce que la tendencia de este año llevaría al país a terminar con una cifra de 29 muertos por cada cien mil habitantes, cifra que habría que vigilar, pues el mes de julio recién pasado tuvo un incremento del 12.27% en crímenes, que la población ya percibe o percibimos, comenzando por las últimas masacres desde Pavón.
El gobierno ha recaudado más dinero que años anteriores por asuntos de reparos legales y ha incrementado en casi dos mil millones de quetzales los ingresos no ordinarios, se ha cumplido con más del 95% de la meta de recaudación, lo que contrasta con la pobre ejecución presupuestal.
El Estado debe organizarse básicamente para garantizar primordialmente los derechos individuales de las personas, razón por la que hemos aceptado la existencia de un gobierno. En esta organización aceptada, el contrato social, hemos consensuado como sociedad que el Estado nos proteja la vida, nuestra libertad, nuestras propiedades y la familia.
Para garantizar estos nuestros derechos individuales, anteriores y superiores al Estado, el primordial objetivo del Estado debe enfocarse en darnos seguridad y justicia.
Reconocemos que en nuestro país esto no está aconteciendo, que no se están protegiendo nuestros derechos individuales, y el informe del Instituto de Progreso Social desnuda la realidad del Estado: no estamos organizados para cumplir con los objetivos de seguridad y justicia. Vivimos en una región que puede considerarse una zona de guerra, con niveles por encima de países que están viviendo actualmente un conflicto armado.
Tampoco se vela por el cuidado de nuestra propiedad, por medio de la protección de las inversiones en propiedades privadas (el informe indica el puesto 104 de 133 en protección a la propiedad privada), ya sea por los altos niveles de robo de todo tipo, en viviendas, negocios, estafas, corrupción (que según el informe nos sitúa en el puesto 30 de 133) y bloqueos que inciden en nuestra posibilidad de trabajo, de comercio, e incide en el costo de los productos, etc.
El derecho de propiedad es esencial y primordial para garantizar la inversión en el país, la cual permite la existencia de las empresas y la formación de nuevas, pero antes que ello, es el derecho que asegura nuestra posibilidad de dar alimento a nuestras familias, y darla a precios accesibles, pues toda interrupción al derecho de comerciar libremente incrementa el precio de los productos.
Para poder mejorar los niveles de falta de protección a nuestros derechos debe haber formas extraordinarias de enfocar los asuntos de seguridad y de justicia. Si seguimos al paso de reducción de la inseguridad e injusticia con la tendencia actual, faltarán décadas para lograr niveles adecuados. Se debe replantear los modelos, desde el modelo de priorización del gasto público empezando por el principio, la necesidad de seguridad y justicia, hasta políticas públicas como las implementadas por Rudolph Giuliani en Nueva York que hicieron descender los niveles de inseguridad de forma contundente.
El pacto social que estamos reconstruyendo nos debe hacer volver la mirada a las prioridades y enfocar los recursos antes de construir castillos medievales de Estado que no tienen los fundamentos que permitan su construcción, y después de eso, venir a pensar en exigir a un pueblo agobiado y empobrecido a contribuir más.