El debate sobre el sistema de pensiones del seguro social está en su punto de auge dadas las condiciones del falente sistema de salud pública actual. La propuesta que se promociona como la más razonable es el sistema de Capitalización Individual. Para entenderlo en Guatemala al día de hoy, es importante diferenciarlo del sistema actual, y de dónde surge este nuevo.
Al día de hoy, vivimos en un sistema de reparto público, en el que la parte de la sociedad que es económicamente activa financia la salud de la parte jubilada. En Guatemala, la población económicamente activa representa aproximadamente un 45% según datos del 2013 del ODHAC. Esto quiere decir que prácticamente, el 55% de la población se mantiene, en términos de salud, de la minoría. Es de notar que la brecha entre ambos sectores se amplía cada vez más, o que a largo plazo convertiría en insostenible al modelo.
Basándose en los principios de la propiedad privada y la libertad individual, el gobierno de Augusto Pinochet en Chile instauró un sistema de pensiones más flexible y justo. Las medidas económicas de aquel entonces eran fruto del pensamiento de los Chicago Boys, quienes tomaron las riendas de la economía chilena, convirtiéndola en una de las más competitivas de América desde los años 90. El sistema de Capitalización individual es simple: el trabajador se afilia a una Administradora de Fondo de Pensión (AFP), quien toma parte de sus ingresos mensuales para crear un fondo personal de mantenimiento post jubilación. En aquel entonces, el trabajador podía decidir si quedarse en el sistema actual o decidir por sí mismo en qué manos ponía el fruto de su trabajo para su bienestar.
Si bien las condiciones son distintas en Guatemala al día de hoy, hay que preguntarnos: si el trabajador tiene derecho a prestaciones, entre ellas al IGSS, ¿por qué existen los centros privados de salud? ¿Por qué quienes los pueden pagar, los prefieren? Pues bien, es que la competencia es inherente al mercado, y qué decir de cuando el que está en una posición hegemónica (y monopólica, en nuestro caso) se queda corto. El largo tiempo de espera, el servicio hosco y el desabastecimiento son el dolor de cabeza del trabajador cuando visita un centro de salud público. Y como ya es costumbre en el mercado guatemalteco, lo privado cubre esa falencia.
Si el trabajador tuviese la opción de, en lugar de únicamente aportar mensualmente al IGSS, elegir en dónde acumular una base sólida sobre la cual asistirse en caso necesario; o de adelantar o atrasar la edad de su jubilación para manipular y asistirse del uso y monto de su fondo de pensión a voluntad, no tendría que soportar como sus fondos son retirados sin más que un forzoso consentimiento a regañadientes. No sentiría la impotencia de saber que esos fondos, que son fruto de su esfuerzo, son mal utilizados, como el caso IGSS-PISA ha dejado entrever. La pésima administración de la cosa pública se convierte en hurto de la misma. Y es que el fruto del esfuerzo de un trabajador no tiene por qué ser cosa pública, en vistas de la justa necesidad de cubrir su propia salud.
La competencia al sistema pública no sólo fortalecería el mercado, sino lograría impulsar la optimización del mismo, porque el ciudadano podría seguir eligiéndolo como su opción de capitalización. Bien se dice que el fin no es privatizar la salud, sino únicamente darle la oportunidad al trabajador de elegir. Porque al día de hoy, al final, ni el activo ni el pasivo disfrutan como merecen de aquello por lo que han trabajado. Como decía Milton Friedman: “si pusiésemos al Gobierno a cargo del desierto de Sahara, en cinco años habría escasez de arena”.
El debate sobre el sistema de pensiones del seguro social está en su punto de auge dadas las condiciones del falente sistema de salud pública actual. La propuesta que se promociona como la más razonable es el sistema de Capitalización Individual. Para entenderlo en Guatemala al día de hoy, es importante diferenciarlo del sistema actual, y de dónde surge este nuevo.
Al día de hoy, vivimos en un sistema de reparto público, en el que la parte de la sociedad que es económicamente activa financia la salud de la parte jubilada. En Guatemala, la población económicamente activa representa aproximadamente un 45% según datos del 2013 del ODHAC. Esto quiere decir que prácticamente, el 55% de la población se mantiene, en términos de salud, de la minoría. Es de notar que la brecha entre ambos sectores se amplía cada vez más, o que a largo plazo convertiría en insostenible al modelo.
Basándose en los principios de la propiedad privada y la libertad individual, el gobierno de Augusto Pinochet en Chile instauró un sistema de pensiones más flexible y justo. Las medidas económicas de aquel entonces eran fruto del pensamiento de los Chicago Boys, quienes tomaron las riendas de la economía chilena, convirtiéndola en una de las más competitivas de América desde los años 90. El sistema de Capitalización individual es simple: el trabajador se afilia a una Administradora de Fondo de Pensión (AFP), quien toma parte de sus ingresos mensuales para crear un fondo personal de mantenimiento post jubilación. En aquel entonces, el trabajador podía decidir si quedarse en el sistema actual o decidir por sí mismo en qué manos ponía el fruto de su trabajo para su bienestar.
Si bien las condiciones son distintas en Guatemala al día de hoy, hay que preguntarnos: si el trabajador tiene derecho a prestaciones, entre ellas al IGSS, ¿por qué existen los centros privados de salud? ¿Por qué quienes los pueden pagar, los prefieren? Pues bien, es que la competencia es inherente al mercado, y qué decir de cuando el que está en una posición hegemónica (y monopólica, en nuestro caso) se queda corto. El largo tiempo de espera, el servicio hosco y el desabastecimiento son el dolor de cabeza del trabajador cuando visita un centro de salud público. Y como ya es costumbre en el mercado guatemalteco, lo privado cubre esa falencia.
Si el trabajador tuviese la opción de, en lugar de únicamente aportar mensualmente al IGSS, elegir en dónde acumular una base sólida sobre la cual asistirse en caso necesario; o de adelantar o atrasar la edad de su jubilación para manipular y asistirse del uso y monto de su fondo de pensión a voluntad, no tendría que soportar como sus fondos son retirados sin más que un forzoso consentimiento a regañadientes. No sentiría la impotencia de saber que esos fondos, que son fruto de su esfuerzo, son mal utilizados, como el caso IGSS-PISA ha dejado entrever. La pésima administración de la cosa pública se convierte en hurto de la misma. Y es que el fruto del esfuerzo de un trabajador no tiene por qué ser cosa pública, en vistas de la justa necesidad de cubrir su propia salud.
La competencia al sistema pública no sólo fortalecería el mercado, sino lograría impulsar la optimización del mismo, porque el ciudadano podría seguir eligiéndolo como su opción de capitalización. Bien se dice que el fin no es privatizar la salud, sino únicamente darle la oportunidad al trabajador de elegir. Porque al día de hoy, al final, ni el activo ni el pasivo disfrutan como merecen de aquello por lo que han trabajado. Como decía Milton Friedman: “si pusiésemos al Gobierno a cargo del desierto de Sahara, en cinco años habría escasez de arena”.