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Votar sí o no en el plebiscito por la paz en Colombia, ¿qué es lo correcto?

Redacción
31 de agosto, 2016

Colombia se encuentra dividida, en medio de una controversia política que inevitablemente genera en sus ciudadanos cuestionamientos morales. El país, está atravesando un momento histórico: por primera vez el gobierno logró llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina. Sin embargo, lo pactado no será legítimo hasta que los colombianos lo aprueben en las urnas el próximo 2 de octubre. Para esto, es necesario que antes de esa fecha, cada ciudadano se haya respondido a sí mismo si es correcto o no, legitimar lo que el gobierno ha acordado con las FARC-EP.

Teniendo en cuenta que la decisión a la que se enfrentan los colombianos se enmarca sobretodo dentro de una esfera moral – o ética, si se quiere –, a mi modo de ver, existen dos corrientes muy útiles que sirven como instrumento para analizar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. En las clases que Michael Sandel imparte a sus alumnos de Harvard es posible descubrir, a través de los ejemplos que expone, de qué se tratan éstas dos corrientes a las que me refiero. Por un lado, basándose en el utilitarismo de Jeremy Bentham, Sandel llega a la conclusión de que ciertas decisiones morales dependen de las consecuencias que resultan de las acciones que se lleven a cabo. Esto se conoce como razonamiento moral consecuencial porque ubica lo que es correcto o incorrecto en los efectos o el estado que se alcance. Por su parte, fundamentada en Kant, se encuentra la llamada corriente de razonamiento moral categórico, en la que las consecuencias no tienen mucha relevancia, pues lo que importa es la calidad intrínseca del acto mismo, es decir, el cumplimiento o incumplimiento de imperativos categóricos, vistos como requisitos morales absolutos. En palabras más simples, la primera postura nos muestra que lo correcto será lo que traiga mejores consecuencias y la segunda postura nos enseña que lo correcto es someterse a los derechos y deberes preconcebidos, sin importar los efectos que puedan generarse.

Al aplicar éstos principios a la decisión de votar sí o no en el plebiscito –con el ánimo de descubrir qué sería lo moralmente correcto–, habrá quienes se vayan por una postura estrictamente consecuencial, quienes por el contrario, apoyen la tesis categórica y quienes tomen una decisión, haciendo un análisis que combine ambas posturas.

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Quienes se la juegan por el “sí”, suelen defender su postura desde una perspectiva consecuencial ‘optimista’ porque basan su principal argumento en la especulación de que a futuro la puesta en marcha del acuerdo suscrito con las FARC-EP traerá efectos sociales y económicos muy positivos, empezando por dar fin a más de 50 años de conflicto armado. Esta postura pone por encima de todo la consecución de un bien supremo: la paz. Según sus defensores, se justifica la inobservancia de derechos y responsabilidades dado que, como consecuencia directa de lo pactado, se constituirá el inicio de un nuevo período para Colombia, un período esperanzador, en el cual aparentemente las generaciones futuras conocerán la paz, no habrá más víctimas y se respetarán derechos humanos como la vida, integridad o libertad.

Por otro lado, están quienes votarán “no” en el plebiscito. Éstos argumentan su posición desde una perspectiva consecuencial ‘pesimista’ que se combina fácilmente con un razonamiento moral categórico, según el cual lo correcto sería impedir que a través de lo negociado se debiliten las instituciones, se infrinjan derechos y se evadan tantas responsabilidades. Para éste grupo de colombianos no es admisible que los miembros de las FARC-EP responsables de más de 50 de años de genocidio, secuestro, tortura, extorsión, acciones bélicas, minas antipersonas, violaciones sexuales, narcotráfico, atentados terroristas, asesinatos colectivos, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre muchos otros crímenes, no vayan ni un solo día a la cárcel. Más aún, es inconcebible que los que ya están en la cárcel puedan salir hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz decida asumir sus casos. De igual manera, para éste grupo es sorprendente que se haya acordado la posibilidad de amnistiar el narcotráfico, la extorsión y el robo, como delitos conexos al político; que se le garanticen diez curules en el Congreso de Colombia a las FARC-EP para que –como partido político– empiece a legislar en el 2018, en representación del constituyente primario.

Todavía más, indigna a los que se inclinan por el “no”, que el gobierno colombiano se haya obligado a pagar a cada guerrillero que deje las armas alrededor de USD $200 mensuales por un período de dos años, más USD $700 como apoyo para ingresar a la vida civil y unos UDS $2.750 adicionales si se les ocurre presentar un proyecto de emprendimiento, fuera del gasto que significa pagar por la seguridad social de todos y sin contar la “financiación especial” que recibirán los guerrilleros que decidan volverse candidatos al Senado de la República.

Pero esto no es todo, a muchos les preocupa que la creación de un Tribunal Especial para La Paz tenga facultades que no sólo desplazan la justicia ordinaria sino que, además, revise las decisiones que ha tomado anteriormente el poder judicial en Colombia. Asimismo, los asusta que el gobierno se haya comprometido a conseguir, en tiempo record, tres millones de hectáreas de tierra para los campesinos y que éstas vayan a obtenerse a través de irresponsables extinciones administrativas de dominio o de adquisiciones con afectación al erario público.

Por último, los partidarios del “no” en el plebiscito están llenos de dudas dado que en ninguna parte quedó claro cómo será la reparación material de las víctimas, ni de cuánto será el aporte del grupo guerrillero. Si bien en el puntos 5.1.3.7. del Acuerdo Final las FARC-EP “se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, no se estableció cuáles son los términos en los que ésta se llevará a cabo.

Cada perspectiva contiene razonamientos lógicos válidos. Cada una de ellas sirve para que los colombianos configuren su propio criterio político y tomen una decisión sobre su voto. Sin embargo, pese a que la postura consecuencial ‘optimista’ involucra perdón y reconciliación, es muy altruista, muy emocionante y hasta hace vibrar las fibras más profundas del corazón, al mirar la realidad de lo acordado, no puedo dejar de pensar que finalmente fuimos derrotados por el marxismo-leninismo, que consiguió que el Estado legitimara la comisión de crimines atroces, como auténtica forma de llegar al poder.

República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo

Votar sí o no en el plebiscito por la paz en Colombia, ¿qué es lo correcto?

Redacción
31 de agosto, 2016

Colombia se encuentra dividida, en medio de una controversia política que inevitablemente genera en sus ciudadanos cuestionamientos morales. El país, está atravesando un momento histórico: por primera vez el gobierno logró llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina. Sin embargo, lo pactado no será legítimo hasta que los colombianos lo aprueben en las urnas el próximo 2 de octubre. Para esto, es necesario que antes de esa fecha, cada ciudadano se haya respondido a sí mismo si es correcto o no, legitimar lo que el gobierno ha acordado con las FARC-EP.

Teniendo en cuenta que la decisión a la que se enfrentan los colombianos se enmarca sobretodo dentro de una esfera moral – o ética, si se quiere –, a mi modo de ver, existen dos corrientes muy útiles que sirven como instrumento para analizar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. En las clases que Michael Sandel imparte a sus alumnos de Harvard es posible descubrir, a través de los ejemplos que expone, de qué se tratan éstas dos corrientes a las que me refiero. Por un lado, basándose en el utilitarismo de Jeremy Bentham, Sandel llega a la conclusión de que ciertas decisiones morales dependen de las consecuencias que resultan de las acciones que se lleven a cabo. Esto se conoce como razonamiento moral consecuencial porque ubica lo que es correcto o incorrecto en los efectos o el estado que se alcance. Por su parte, fundamentada en Kant, se encuentra la llamada corriente de razonamiento moral categórico, en la que las consecuencias no tienen mucha relevancia, pues lo que importa es la calidad intrínseca del acto mismo, es decir, el cumplimiento o incumplimiento de imperativos categóricos, vistos como requisitos morales absolutos. En palabras más simples, la primera postura nos muestra que lo correcto será lo que traiga mejores consecuencias y la segunda postura nos enseña que lo correcto es someterse a los derechos y deberes preconcebidos, sin importar los efectos que puedan generarse.

Al aplicar éstos principios a la decisión de votar sí o no en el plebiscito –con el ánimo de descubrir qué sería lo moralmente correcto–, habrá quienes se vayan por una postura estrictamente consecuencial, quienes por el contrario, apoyen la tesis categórica y quienes tomen una decisión, haciendo un análisis que combine ambas posturas.

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Quienes se la juegan por el “sí”, suelen defender su postura desde una perspectiva consecuencial ‘optimista’ porque basan su principal argumento en la especulación de que a futuro la puesta en marcha del acuerdo suscrito con las FARC-EP traerá efectos sociales y económicos muy positivos, empezando por dar fin a más de 50 años de conflicto armado. Esta postura pone por encima de todo la consecución de un bien supremo: la paz. Según sus defensores, se justifica la inobservancia de derechos y responsabilidades dado que, como consecuencia directa de lo pactado, se constituirá el inicio de un nuevo período para Colombia, un período esperanzador, en el cual aparentemente las generaciones futuras conocerán la paz, no habrá más víctimas y se respetarán derechos humanos como la vida, integridad o libertad.

Por otro lado, están quienes votarán “no” en el plebiscito. Éstos argumentan su posición desde una perspectiva consecuencial ‘pesimista’ que se combina fácilmente con un razonamiento moral categórico, según el cual lo correcto sería impedir que a través de lo negociado se debiliten las instituciones, se infrinjan derechos y se evadan tantas responsabilidades. Para éste grupo de colombianos no es admisible que los miembros de las FARC-EP responsables de más de 50 de años de genocidio, secuestro, tortura, extorsión, acciones bélicas, minas antipersonas, violaciones sexuales, narcotráfico, atentados terroristas, asesinatos colectivos, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre muchos otros crímenes, no vayan ni un solo día a la cárcel. Más aún, es inconcebible que los que ya están en la cárcel puedan salir hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz decida asumir sus casos. De igual manera, para éste grupo es sorprendente que se haya acordado la posibilidad de amnistiar el narcotráfico, la extorsión y el robo, como delitos conexos al político; que se le garanticen diez curules en el Congreso de Colombia a las FARC-EP para que –como partido político– empiece a legislar en el 2018, en representación del constituyente primario.

Todavía más, indigna a los que se inclinan por el “no”, que el gobierno colombiano se haya obligado a pagar a cada guerrillero que deje las armas alrededor de USD $200 mensuales por un período de dos años, más USD $700 como apoyo para ingresar a la vida civil y unos UDS $2.750 adicionales si se les ocurre presentar un proyecto de emprendimiento, fuera del gasto que significa pagar por la seguridad social de todos y sin contar la “financiación especial” que recibirán los guerrilleros que decidan volverse candidatos al Senado de la República.

Pero esto no es todo, a muchos les preocupa que la creación de un Tribunal Especial para La Paz tenga facultades que no sólo desplazan la justicia ordinaria sino que, además, revise las decisiones que ha tomado anteriormente el poder judicial en Colombia. Asimismo, los asusta que el gobierno se haya comprometido a conseguir, en tiempo record, tres millones de hectáreas de tierra para los campesinos y que éstas vayan a obtenerse a través de irresponsables extinciones administrativas de dominio o de adquisiciones con afectación al erario público.

Por último, los partidarios del “no” en el plebiscito están llenos de dudas dado que en ninguna parte quedó claro cómo será la reparación material de las víctimas, ni de cuánto será el aporte del grupo guerrillero. Si bien en el puntos 5.1.3.7. del Acuerdo Final las FARC-EP “se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, no se estableció cuáles son los términos en los que ésta se llevará a cabo.

Cada perspectiva contiene razonamientos lógicos válidos. Cada una de ellas sirve para que los colombianos configuren su propio criterio político y tomen una decisión sobre su voto. Sin embargo, pese a que la postura consecuencial ‘optimista’ involucra perdón y reconciliación, es muy altruista, muy emocionante y hasta hace vibrar las fibras más profundas del corazón, al mirar la realidad de lo acordado, no puedo dejar de pensar que finalmente fuimos derrotados por el marxismo-leninismo, que consiguió que el Estado legitimara la comisión de crimines atroces, como auténtica forma de llegar al poder.

República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo