Cuando uno recibe dinero o alguna propiedad de otra persona para ser administrada, ésta viene con condiciones o limitaciones que deben respetarse. Ninguna persona o institución entrega sus bienes para ser administrados a un tercero sólo porque sí. Si los entregara sin condiciones y sin límites se llamaría regalo o donación. Cuando un ciudadano entrega sus impuestos a un gobierno, al Estado, se los entrega totalmente condicionados, se los entrega para realizar únicamente las funciones que en su cosmovisión debe ejecutar ese mismo Estado a favor de él, su familia, su comunidad.
No se diga del poder endeudarse en nombre de otros… Esto es todavía más grave, porque no sólo está tomando de esa persona lo que hoy tiene para administrar, sino cuenta con que éste en un futuro asuma esa responsabilidad, sin importar si tendrá esa capacidad de pago en el futuro. Pero es más grave aún, porque toma como posibles pagadores de dicho préstamo a personas que ni utilizarán o recibirán beneficio alguno sobre dicho endeudamiento, pero que simplemente les tocará pagar una deuda adquirida en el pasado, en el que no tuvo ninguna decisión, simplemente por no ser un ciudadano en ese momento. Ningún banco otorgaría préstamos a personas a las cuales desconoce su capacidad de pago futura, o a personas que no se han comprometido a pagar dicho endeudamiento a favor de otros.
Esto nos lleva a los principios básicos de la administración del presupuesto. Todo dinero que se gasta, debiera tener una función que la ciudadanía pueda fiscalizar y que esté dentro lo que ésta quiere que se ejecute, que se pueda medir y que tenga resultados, pues sino los tuviera, debiera correr el riesgo de ser eliminada o transformada. He estudiado el presupuesto durante varios años, a razón del magnífico análisis de un amigo que desmenuza el presupuesto general de la nación a profundidad, y en éste hemos encontrado oficinas gubernamentales que no pasan de tener un director, una secretaria, un piloto y su respectivo vehículo. ¡Pero resultados, ninguno!
Además, todo dinero que se gasta debiera ir con el destino prioritario para lo cual la ciudadanía se ha reunido en sociedad: sus funciones básicas de seguridad y justicia, la protección de la vida, la libertad, la propiedad y la familia. Posiblemente, a manera que el país crezca, es decir, cumpla con los objetivos de acuerdo a la Teoría de la Producción, pueda luego, y si estuviéramos de acuerdo, en otro tipo de Teoría de Distribución, pero no antes. Es matemática básica: NO SE PUEDE DISTRIBUIR LO QUE NO EXISTE.
Cualquier persona que destina parte de su patrimonio a un tercero lo hace a la espera de resultados, lo hace a la espera que rinda frutos a favor propios o de un interés propio. Entonces en el gasto público, ese debiera ser el enfoque prioritario. El actual Presupuesto General de la Nación para el año 2017 incrementa el presupuesto con respecto a este año en nueve mil millones de quetzales, un 13%. Se ha incrementado lo asignado a todos los ministerios sin excepción. Resaltan en monto incrementado los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) con 1.8 millardos (acuñaré el término francés de 1000 millones como millardo), de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 1.3 millardos, el de Educación (MINEDUC) con 0.8 millardos, seguido de Gobernación (MINGOB) con 0.8 millardos, servicios de deuda pública en 500 millones, el de Economía (MINECO) en 300 millones y de Desarrollo (MIDES) en 200 millones.
Estoy seguro que la mayoría de guatemaltecos estimará que los incrementos a las diferentes carteras corresponden a los intereses de la mayoría. Pocos se negarán a que se incrementen las asignaciones al MICIVI, MSPAS, MINEDUC y MINGOB. Pero lo que no estamos dando es un cheque en blanco. Esperamos resultados. Esperamos que las acciones y los resultados vayan encaminados a cumplir los objetivos propuestos, a reducir las deficiencias, en un marco de transparencia, de eliminación de la corrupción, eliminación del gasto superfluo, plazas fantasmas, nepotismo, etc., de revisión de lo actuado con anterior, contratos de compra, alquiler, de servicios… En algunos casos, creemos, no se hace necesario el incremento, si tan solo se elimina la corrupción, en cualquiera de sus formas.
No podríamos negar que el MICIVI necesita el dinero para reparar la red vial que durante el gobierno de los verdes y los naranjas fue olvidado y saqueado. Carreteras completamente olvidadas en dos periodos completos de gobierno que han incrementado los costos de producción, del comercio, de mantenimiento vehicular y provocado miles da accidentes, costando la vida de guatemaltecos. El cuestionamiento del incremento se hace a partir de la paupérrima ejecución presupuestal de este año de alrededor del 25%, la que merece una explicación sensata (tal vez este año se decidió ahorrar o revisar contratos…), sobre todo por el mayor incremento para el próximo año.
Claro que el MSPAS y el MINEDUC necesitan más recursos… pero que no vayan a caer en manos de sindicalistas que atentan contra los guatemaltecos, a través de pactos colectivos onerosos y lesivos, o de contratos en Salud de medicinas sobrepreciadas, contratos lesivos, plazas fantasmas, o plazas que no debieran estar. Conocemos de muchísimos puestos de salud que no tienen enfermeras, pero sí tres secretarias y varios conserjes… No podríamos tolerar que detrás de asignaciones para alimentación de los niños se escondan contratos de supervisión administrados por los mismos sindicalistas, que minarán la misma refacción escolar. (No se necesita ninguna supervisión allí.)
Hay asuntos de Estado que deben ponerse en evidencia y buscar su verdadera necesidad, relevancia y el objetivo de su existencia. Cuestionarnos la necesidad de un censo poblacional de más de 250 millones de quetzales cuando ya no existe la obligación para conocer la demografía que derive en el número de diputados, pero que en demografía se conoce de mejores y más precisos métodos para establecer números poblacionales más exactos. Antes del incremento en el MIDES, debemos conocer el destino de la nueva propuesta del Ejecutivo para dicha cartera.
Preocupa sobre manera el cómo de los incrementos. Un estudio sobre el costo de la deuda se hace absolutamente necesario, que contenga los efectos perjudiciales de mantener al sistema financiero nacional en la pasividad y discapacidad moral de seguir consiguiendo dinero fácil a través de préstamos al Estado, envés de la búsqueda de la producción nacional. Pero también resulta importante el dato del 2.2% de déficit presupuestal del presupuesto, que rebasa los indicadores “permitidos” por los organismos internacionales y las recomendaciones del pacto fiscal.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Cuando uno recibe dinero o alguna propiedad de otra persona para ser administrada, ésta viene con condiciones o limitaciones que deben respetarse. Ninguna persona o institución entrega sus bienes para ser administrados a un tercero sólo porque sí. Si los entregara sin condiciones y sin límites se llamaría regalo o donación. Cuando un ciudadano entrega sus impuestos a un gobierno, al Estado, se los entrega totalmente condicionados, se los entrega para realizar únicamente las funciones que en su cosmovisión debe ejecutar ese mismo Estado a favor de él, su familia, su comunidad.
No se diga del poder endeudarse en nombre de otros… Esto es todavía más grave, porque no sólo está tomando de esa persona lo que hoy tiene para administrar, sino cuenta con que éste en un futuro asuma esa responsabilidad, sin importar si tendrá esa capacidad de pago en el futuro. Pero es más grave aún, porque toma como posibles pagadores de dicho préstamo a personas que ni utilizarán o recibirán beneficio alguno sobre dicho endeudamiento, pero que simplemente les tocará pagar una deuda adquirida en el pasado, en el que no tuvo ninguna decisión, simplemente por no ser un ciudadano en ese momento. Ningún banco otorgaría préstamos a personas a las cuales desconoce su capacidad de pago futura, o a personas que no se han comprometido a pagar dicho endeudamiento a favor de otros.
Esto nos lleva a los principios básicos de la administración del presupuesto. Todo dinero que se gasta, debiera tener una función que la ciudadanía pueda fiscalizar y que esté dentro lo que ésta quiere que se ejecute, que se pueda medir y que tenga resultados, pues sino los tuviera, debiera correr el riesgo de ser eliminada o transformada. He estudiado el presupuesto durante varios años, a razón del magnífico análisis de un amigo que desmenuza el presupuesto general de la nación a profundidad, y en éste hemos encontrado oficinas gubernamentales que no pasan de tener un director, una secretaria, un piloto y su respectivo vehículo. ¡Pero resultados, ninguno!
Además, todo dinero que se gasta debiera ir con el destino prioritario para lo cual la ciudadanía se ha reunido en sociedad: sus funciones básicas de seguridad y justicia, la protección de la vida, la libertad, la propiedad y la familia. Posiblemente, a manera que el país crezca, es decir, cumpla con los objetivos de acuerdo a la Teoría de la Producción, pueda luego, y si estuviéramos de acuerdo, en otro tipo de Teoría de Distribución, pero no antes. Es matemática básica: NO SE PUEDE DISTRIBUIR LO QUE NO EXISTE.
Cualquier persona que destina parte de su patrimonio a un tercero lo hace a la espera de resultados, lo hace a la espera que rinda frutos a favor propios o de un interés propio. Entonces en el gasto público, ese debiera ser el enfoque prioritario. El actual Presupuesto General de la Nación para el año 2017 incrementa el presupuesto con respecto a este año en nueve mil millones de quetzales, un 13%. Se ha incrementado lo asignado a todos los ministerios sin excepción. Resaltan en monto incrementado los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) con 1.8 millardos (acuñaré el término francés de 1000 millones como millardo), de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 1.3 millardos, el de Educación (MINEDUC) con 0.8 millardos, seguido de Gobernación (MINGOB) con 0.8 millardos, servicios de deuda pública en 500 millones, el de Economía (MINECO) en 300 millones y de Desarrollo (MIDES) en 200 millones.
Estoy seguro que la mayoría de guatemaltecos estimará que los incrementos a las diferentes carteras corresponden a los intereses de la mayoría. Pocos se negarán a que se incrementen las asignaciones al MICIVI, MSPAS, MINEDUC y MINGOB. Pero lo que no estamos dando es un cheque en blanco. Esperamos resultados. Esperamos que las acciones y los resultados vayan encaminados a cumplir los objetivos propuestos, a reducir las deficiencias, en un marco de transparencia, de eliminación de la corrupción, eliminación del gasto superfluo, plazas fantasmas, nepotismo, etc., de revisión de lo actuado con anterior, contratos de compra, alquiler, de servicios… En algunos casos, creemos, no se hace necesario el incremento, si tan solo se elimina la corrupción, en cualquiera de sus formas.
No podríamos negar que el MICIVI necesita el dinero para reparar la red vial que durante el gobierno de los verdes y los naranjas fue olvidado y saqueado. Carreteras completamente olvidadas en dos periodos completos de gobierno que han incrementado los costos de producción, del comercio, de mantenimiento vehicular y provocado miles da accidentes, costando la vida de guatemaltecos. El cuestionamiento del incremento se hace a partir de la paupérrima ejecución presupuestal de este año de alrededor del 25%, la que merece una explicación sensata (tal vez este año se decidió ahorrar o revisar contratos…), sobre todo por el mayor incremento para el próximo año.
Claro que el MSPAS y el MINEDUC necesitan más recursos… pero que no vayan a caer en manos de sindicalistas que atentan contra los guatemaltecos, a través de pactos colectivos onerosos y lesivos, o de contratos en Salud de medicinas sobrepreciadas, contratos lesivos, plazas fantasmas, o plazas que no debieran estar. Conocemos de muchísimos puestos de salud que no tienen enfermeras, pero sí tres secretarias y varios conserjes… No podríamos tolerar que detrás de asignaciones para alimentación de los niños se escondan contratos de supervisión administrados por los mismos sindicalistas, que minarán la misma refacción escolar. (No se necesita ninguna supervisión allí.)
Hay asuntos de Estado que deben ponerse en evidencia y buscar su verdadera necesidad, relevancia y el objetivo de su existencia. Cuestionarnos la necesidad de un censo poblacional de más de 250 millones de quetzales cuando ya no existe la obligación para conocer la demografía que derive en el número de diputados, pero que en demografía se conoce de mejores y más precisos métodos para establecer números poblacionales más exactos. Antes del incremento en el MIDES, debemos conocer el destino de la nueva propuesta del Ejecutivo para dicha cartera.
Preocupa sobre manera el cómo de los incrementos. Un estudio sobre el costo de la deuda se hace absolutamente necesario, que contenga los efectos perjudiciales de mantener al sistema financiero nacional en la pasividad y discapacidad moral de seguir consiguiendo dinero fácil a través de préstamos al Estado, envés de la búsqueda de la producción nacional. Pero también resulta importante el dato del 2.2% de déficit presupuestal del presupuesto, que rebasa los indicadores “permitidos” por los organismos internacionales y las recomendaciones del pacto fiscal.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo