La semana pasada se entregó al Congreso la propuesta para reformar la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la cual será discutida y, en caso de conseguir los votos necesarios, aprobada en el pleno. Dichos cambios tienen como objetivo, según los burócratas del banco central, implementar “mecanismos” de prevención acorde a las “recomendaciones internacionales” de supervisión basada en riesgos.
Según las publicaciones en los medios, indican que los principales cambios son: primero, permitir que el Banco de Guatemala –Banguat- pueda rescatar a bancos privados que sean insolventes; segundo, blindar jurídicamente a las autoridades y los funcionarios del banco intervenido; tercero, ampliar el monto de cobertura del Fondo para la Protección del Ahorro –Fopa-; y cuarto, aumentar el monto del patrimonio establecido para la exposición del riesgo.
Una de las reformas que mayor discusión ha generado es la primera, ya que nuevamente se propone darle a Banguat el poder de rescatar bancos con problemas financieros que podrían poner en peligro la “estabilidad financiera”. La discusión central es que dicho “rescate” se haría con dinero público, es decir, con dinero de los tributarios.
Según la propuesta, seríamos los “tributarios al rescate” quienes salvaríamos a estas empresas con el fin de evitar males mayores como la inestabilidad en el sistema financiero. Serían los burócratas de la banca central quienes intervendrían, sacarían de sus escritorios a los funcionarios y rescatarían a los bancos privados.
Los principales argumentos a favor de este nuevo poder del Banguat, se basan en que Guatemala debe modernizar su legislación para cumplir con las recomendaciones internacionales y que se debe proteger la estabilidad del sistema financiero.
Ante la complejidad y el nivel de riesgo que implica el negocio bancario, me resulta difícil creer que los banqueros centrales puedan rescatar a los bancos privados de manera eficiente y con la posibilidad de “ganancias”, en especial si no tienen que rendir cuentas a ninguna junta de directiva o accionistas. Ahora bien, si obviamos lo de eficiente y el rendir cuentas; además de que no importa el costo que paguen los tributarios, entonces el “rescate”, sí es posible.
Pero más allá de las capacidades técnicas, gerenciales y empresariales de los burócratas, el principio que debemos analizar es si deben tener el poder de rescatar empresas. Ya que si se rescatan bancos, entonces ¿por qué no rescatar colegios o universidades, hidroeléctricas o mineras, taxistas o autobuseros, agroindustrias o maquilas? y así por sólo mencionar algunos.
Entiendo que el sistema bancario tiene sus particularidades pero también entiendo que en países como Panamá, donde no hay una banca central como tal, los bancos privados son responsables de sus operaciones y las malas decisiones son cubiertas por los accionistas ya que no existe un banco central rescatista.
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿deberíamos otorgarle mayor poder a los burócratas de Banguat para que puedan usar nuestros recursos en el rescate de bancos? ¿Es función del gobierno rescatar empresas? ¿Cuál es el incentivo detrás de estos rescates? ¿Es moral poner al tributario de rescatista empresarial? ¿Acaso no deberían los mismos empresarios crear formas para minimizar sus riesgos, tal vez usando seguros y reaseguros?
Obligar al tributario, mediante leyes, a rescatar empresas privadas de cualquier índole es incorrecto, se pierde el sentido del porqué de un gobierno. El gobierno más que rescatista debe actuar como protector de los derechos individuales e impartir justicia
@Md30
Facebook.com/Mda30
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
La semana pasada se entregó al Congreso la propuesta para reformar la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la cual será discutida y, en caso de conseguir los votos necesarios, aprobada en el pleno. Dichos cambios tienen como objetivo, según los burócratas del banco central, implementar “mecanismos” de prevención acorde a las “recomendaciones internacionales” de supervisión basada en riesgos.
Según las publicaciones en los medios, indican que los principales cambios son: primero, permitir que el Banco de Guatemala –Banguat- pueda rescatar a bancos privados que sean insolventes; segundo, blindar jurídicamente a las autoridades y los funcionarios del banco intervenido; tercero, ampliar el monto de cobertura del Fondo para la Protección del Ahorro –Fopa-; y cuarto, aumentar el monto del patrimonio establecido para la exposición del riesgo.
Una de las reformas que mayor discusión ha generado es la primera, ya que nuevamente se propone darle a Banguat el poder de rescatar bancos con problemas financieros que podrían poner en peligro la “estabilidad financiera”. La discusión central es que dicho “rescate” se haría con dinero público, es decir, con dinero de los tributarios.
Según la propuesta, seríamos los “tributarios al rescate” quienes salvaríamos a estas empresas con el fin de evitar males mayores como la inestabilidad en el sistema financiero. Serían los burócratas de la banca central quienes intervendrían, sacarían de sus escritorios a los funcionarios y rescatarían a los bancos privados.
Los principales argumentos a favor de este nuevo poder del Banguat, se basan en que Guatemala debe modernizar su legislación para cumplir con las recomendaciones internacionales y que se debe proteger la estabilidad del sistema financiero.
Ante la complejidad y el nivel de riesgo que implica el negocio bancario, me resulta difícil creer que los banqueros centrales puedan rescatar a los bancos privados de manera eficiente y con la posibilidad de “ganancias”, en especial si no tienen que rendir cuentas a ninguna junta de directiva o accionistas. Ahora bien, si obviamos lo de eficiente y el rendir cuentas; además de que no importa el costo que paguen los tributarios, entonces el “rescate”, sí es posible.
Pero más allá de las capacidades técnicas, gerenciales y empresariales de los burócratas, el principio que debemos analizar es si deben tener el poder de rescatar empresas. Ya que si se rescatan bancos, entonces ¿por qué no rescatar colegios o universidades, hidroeléctricas o mineras, taxistas o autobuseros, agroindustrias o maquilas? y así por sólo mencionar algunos.
Entiendo que el sistema bancario tiene sus particularidades pero también entiendo que en países como Panamá, donde no hay una banca central como tal, los bancos privados son responsables de sus operaciones y las malas decisiones son cubiertas por los accionistas ya que no existe un banco central rescatista.
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿deberíamos otorgarle mayor poder a los burócratas de Banguat para que puedan usar nuestros recursos en el rescate de bancos? ¿Es función del gobierno rescatar empresas? ¿Cuál es el incentivo detrás de estos rescates? ¿Es moral poner al tributario de rescatista empresarial? ¿Acaso no deberían los mismos empresarios crear formas para minimizar sus riesgos, tal vez usando seguros y reaseguros?
Obligar al tributario, mediante leyes, a rescatar empresas privadas de cualquier índole es incorrecto, se pierde el sentido del porqué de un gobierno. El gobierno más que rescatista debe actuar como protector de los derechos individuales e impartir justicia
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